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Agua pública: un laboratorio de ideas y alternativas al neoliberalismo

En los últimos años, en paralelo a otras «mareas ciudadanas», se ha desarrollado un importante movimiento social en defensa del derecho al agua, enraizado en las reacciones contra la privatización de los servicios urbanos de este recurso imprescindible. Esta experiencia de resistencia, ya importante en sí misma, se distingue por tres características que la hacen especialmente interesante. En primer lugar, a la oposición (reactiva, defensiva) frente la privatización, el movimiento del Pacto Social Gestión Pública del Agua, apoyándose en experiencias muy significativas —como explica Luis Babiano en el nº 2 de El Topo—, añade la propuesta de remunicipalización, es decir, de rescate ciudadano de los sistemas de abastecimiento de agua ya privatizados. Este proceso tiene una gran importancia, en la medida en que cuestiona el carácter inexorable e irreversible de la lógica privatizadora neoliberal. En segundo lugar, el modelo de gestión alternativa al que se aspira no se equipara a la gestión pública existente, sino que se basa en una crítica, cada vez más compartida, al modelo tecnocrático y corporativo dominante. Y en tercer lugar, el movimiento, basado en la coordinación a escala estatal de movilizaciones locales, tiene una clara perspectiva política: pretende poner en la agenda del próximo ciclo electoral el tema del derecho humano al agua con todas sus implicaciones sociales, económicas, políticas y éticas. Este es el objetivo explícito de la Iniciativa Ciudadana Elecciones Municipales 2015 por el Agua Pública. Veamos cada punto con más detalle.

En contraste con el actual modelo privatizador español, la privatización del agua está experimentando un rechazo generalizado a escala mundial. Los motivos que están impulsando a un número significativo de municipalidades a retomar el control de este servicio esencial son: la deficiente calidad de servicio y la escasa inversión de las compañías privadas, las disputas sobre costos operacionales, las alzas de precios, las dificultades para fiscalizar a los operadores, la falta de transparencia financiera, las reducciones de personal, los impactos ambientales y los escandalosos márgenes de beneficios. Grandes ciudades europeas y norteamericanas como Berlín, Budapest, París, Atlanta e Indianápolis, y también de la periferia, como Buenos Aires, La Paz, Johannesburgo, Dar-es-Salaam (Tanzania), Accra (Ghana), Almaty (Kazajistán) o Kuala Lumpur (Malasia) son ejemplo de este cambio de tendencia. En el Estado español han protagonizado procesos de remunicipalización las siguientes poblaciones: Torrelavega (Cantabria), Ermua (Vizcaya), Arteixo (La Coruña), Cazorla (Jaén), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba), los 18 municipios asociados en el Consorcio Aguas del Huesna (Sevilla) y, más recientemente (octubre de 2014), tres entidades locales autónomas de Jerez de la Frontera.

La titularidad de la gestión es un factor importante, más aún en las condiciones actuales de empobrecimiento colectivo. La Asociación de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) estima que actualmente se tramitan más de 500 000 avisos de corte del suministro hídrico en España, cifra superior en un 30% a la de hace cuatro años. Aproximadamente el 60% de los cortes los realizan empresas de gestión privada. Asimismo, el precio del agua ha aumentado un 25,5% en los últimos cinco años, en parte, por efecto de la privatización.

Sin embargo, no basta con garantizar la gestión pública, es preciso promover nuevas formas de control social —y de democracia participativa— que garanticen la participación ciudadana efectiva y proactiva. La remunicipalización permite y exige fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia. El Movimiento del Agua Pública apuesta por un modelo de gestión en el que el ente público gestor rinda cuentas de sus actividades y decisiones, tanto a los poderes públicos de los que dependa como a los ciudadanos. Es imprescindible establecer una batería de indicadores significativos para los distintos ámbitos de la gestión (técnicos, financieros, sociales, ecológicos y patrimoniales) accesibles por vía telemática y que sean comprensibles para los ciudadanos. Es imprescindible poner los medios necesarios que permitan a los ciudadanos realizar consultas públicas, solicitar información y presentar reclamaciones. En París y Grenoble, por ejemplo, se han introducido formas de participación pública avanzadas, como la incorporación de representantes de la sociedad civil en los órganos de dirección, con igual derecho a voto que los representantes del gobierno local. Además, se han establecido observatorios ciudadanos para permitir la implicación social en decisiones estratégicas sobre inversiones, opciones tecnológicas y definición de tarifas.

Tras las elecciones municipales, muchas administraciones locales tendrán que hacer frente a una decisión importante: la remunicipalización de algunos de los servicios básicos —el servicio de aguas, entre ellos— o la renovación de unos contratos con empresas, cuyo resultado económico ha sido negativo para las arcas municipales y para la calidad del servicio. Además, en aplicación del derecho humano al agua, el Movimiento por el Agua Pública está exigiendo incorporar con claridad en los programas electorales la gestión del suministro con criterios de equidad social: garantizar una dotación básica —cuyo valor deberá concretarse, pero que en el contexto mundial se sitúa entre 60 y 100 litros por persona y día— y hacer público el compromiso de no cortar el suministro en casos de impagos justificados socialmente.

por [Leandro del Moral]

Fundación Nueva Cultura del Agua, Universidad de Sevilla

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