El pasado 4 de abril de 2023, el programa Està passant suscitaba una de esas tormentas perfectas por un sketch en el que la humorista Judit Martín, ataviada como la Virgen del Rocío, charlaba con los presentadores acerca de su ajetreada vida sexual con un impostado acento sureño. Ante la larga lista de agravios mediáticos a lo largo de los últimos años, Teresa Rodríguez hablaba de otro ejemplo más de andaluzofobia ligada a la imitación del habla, mientras que el presidente Moreno Bonilla exigía a los responsables de TV3 una disculpa por ofender los sentimientos y tradiciones religiosas de los andaluces. El equipo de El Mundo Today cruzó ambos cables para intentar despertar conciencia de lo que ocurría de fondo y lanzó el satírico titular: «Acusan de “andaluzofobia” a la Junta de Andalucía por condenar a Doñana a la desaparición». En efecto, y en medio del ruido, el 12 de abril se aprobaba, por vía de urgencia, la tramitación de la proposición de ley «Mejora de ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado». Esta proposición supone la recuperación de unas 800 hectáreas de la Corona Norte para usos agrícolas, así como la regularización y amnistía de los ya consabidos regadíos ilegales (hasta 1 900 hectáreas) que siguen sobreexplotando el acuífero. Todo ello ocurría en el mes de abril menos lluvioso desde que la Aemet tiene registros, y a punto de reunirse la Mesa de la Sequía para atajar la situación del campo en todo el país.
Es interesante ver cómo se ha maniobrado sacando a la Blanca Paloma en procesión al calor de la polémica, en un momento en el que se pretende desviar la atención sobre la notable degradación del humedal en el que se erige la ermita, con la última laguna considerada permanente, la de Santa Olalla, llegándose a secar por completo durante el verano de 2022. La desaparición del 59% de sus lagunas temporales desde 2013 o el reconocimiento tácito del expolio ilegal continuado de los recursos hídricos del parque también debieran formar parte de este paisaje de la depreciación. La Junta ha querido recortar la distancia entre ofensas y amenazas mediante el teatro de la polémica.
Por ejemplo, se llegó a solicitar al Gobierno que el desembalse del Agrio coincidiese en fechas para que los romeros pudieran vadear el Quema y oficiar sus bautizos, plan que fue aplazado a petición de los regantes en otro episodio de tensión entre Estado y Junta del que, esta vez, las propias hermandades quisieron desentenderse. En este contexto, tanto la apelación confusa a las competencias medioambientales como a los sentires son dos caras de la misma moneda, pues Moreno Bonilla sabe que, si no llegan a soplar otros vientos en Moncloa, su propuesta podría quedar encallada en medio del sempiterno embrollo administrativo entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta, los tribunales europeos, los regadíos ilegales y los aún pendientes de legalización.
Estas decisiones dicen tomarse en nombre de las familias ganaderas acogidas al POTAD (2003/2004) y al Plan de la Fresa (2014), pero en claro beneficio de las explotaciones ilegales, así como del entorno urbanizado de Matalascañas, su campo de golf y otros proyectos como el de un «Camino de Santiago del Suroeste español» de la promotora de José Manuel Soto, con connivencia de la Junta. Para el gabinete de Moreno Bonilla, el estado actual de Doñana es el de un cuello de botella para la empleabilidad en el Condado, dependiente del sector agroalimentario y el turismo. Se insiste en que las responsabilidades políticas pasan por los ya manidos «40 años de socialismo» frente a los que quiere anteponerse una gestión pretendidamente eficiente —aunque las competencias sobre los trasvases anunciados pertenezcan a la CHG, es decir, al Estado, desde 2011— en clave de soberanía autonómica y madurez administrativa del pueblo que acaba de despertar de un interminable letargo. Sanz Cabello, en respuesta a las objeciones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, insistió en que «si algunos se leyeran la ley, no se escucharían los ataques, insultos y las amenazas contra Andalucía». El fantasma que se azuza es el del atropello a la soberanía de un pueblo constantemente denostado. Moreno Bonilla lo ha hecho suyo para venderle, «sin tutelas», el mismo envoltorio con el que se pretendió justificar la supresión del impuesto de patrimonio o la externalización de la atención primaria.
Desde el CSIC y la estación biológica no ha cesado de incidirse en la idea de que la colonización de las lagunas temporales por parte de la vegetación terrestre y el descenso del nivel freático, al alterarse los ciclos de recarga del humedal, apuntan a una situación irreversible que la presente proposición de ley no hace más que acelerar, y que requeriría de una intervención radical para la que no cabe esperar otra década. El intento de veto a voces expertas en las sesiones parlamentarias, como Miguel Delibes de Castro o Eloy Revilla, tiene como objeto tratar de desviar el peso hacia un discurso más compatible con el expolio interior, un victimario en clave soberana que pretende ser un potente mecanismo de atracción del voto de la zona, pues la competencia en la producción de fruto rojo, mora y arándano con Marruecos y Portugal, en medio de un contexto inflacionario (con amenazas de hasta un 52,63% en la caída del PIB para la agricultura, caza y ganadería), presiona fuertemente hacia la sostenibilidad de lo insostenible. La realidad es que la inminente desaparición de las lagunas llevará a una situación que, junto a los cambios porcentuales en la precipitación proyectados en el quinto y sexto informe del IPCC, acabará terminando no solo con la riquísima biodiversidad de la zona, sino también con toda actividad económica —legal o ilegal— ligada al acuífero.
El triángulo entre la explotación, la adopción del gesto aristocratizante asimilado a la ritualidad soberana popular de la romería —con la frecuente participación de miembros de las grandes explotaciones del campo y la clase política— y la inminente desaparición del entorno natural, queda mejor retratado a la lumbre del pulso político y el reciente vuelco en las elecciones municipales. En su centro, el lejano insulto de la televisión catalana sirvió también para que se vertiera mucha tinta en cualquier otra dirección. Como bien sabemos, el caso TV3 ha desembocado en otra querella interpuesta por la Fundación Española de Abogados Cristianos que, de nuevo, redimensiona el atropello a las competencias en otro bien distinto, un pisoteo a la libertad de expresión, con ofensa o sin ella. Una revisión del ya frecuentemente citado documental Rocío (1980) de Ruiz Vergara bastaría para empezar a tambalear esta fuerte asociación entre símbolos de identidad y soberanía, blindados ante toda crítica que provenga del exterior. En el documental, el fallecido catedrático y exalcalde de Sevilla, José Hernández Díaz, señalaba que la imagen mariana original había sido bestialmente mutilada a lo largo de los siglos para poder sostener sus pesados ornamentos (irónica y premonitoria reflexión de quien aprobó durante su mandato la orden de derribo del palacio de los Sánchez-Dalp para la construcción de El Corte Inglés); he aquí un símbolo más acorde a la identidad que abandera Moreno Bonilla, la Reina de unas marismas desecadas, que no admite intrusión en sus sagradas competencias —mutilar el medio para presentar los recursos explotables de nuestra tierra en sus mejores galas, ante filas de inversores que ya han saltado la reja—. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia.
