En países como Francia y Alemania, hace años que ha comenzado un debate sobre la remunicipalización de servicios urbanos de agua, especialmente en aquellas áreas más sensibles. En nuestro país, el Tribunal de Cuentas español, en su informe de fiscalización del sector público local de 2011 a los municipios de menos de 20.000 habitantes (el 95% del total) concluye que la gestión pública directa de los servicios básicos como el agua, la recogida de basura y la limpieza viaria, cuesta mucho menos que su externalización.

El modelo de gestión privada se caracteriza en España por resultar costoso para el ciudadano (que ve incrementada su tarifa: en Huelva, un 65% en los últimos tres años), oscuro (no existen órganos reguladores, indicadores de calidad de gestión o datos y estadísticas fiables) y medioambientalmente insostenible (a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio y cuanto menos se depure, menores son los costes, como ha denunciado Ecologistas en Acción en Sanlúcar de Barrameda). Además de todo esto, la privatización supone una auténtica pérdida del control de las administraciones públicas sobre el servicio.

Estas cuestiones han hecho que el proceso de remunicipalización esté vivo en Andalucía desde inicios del año 2000. Los primeros casos conocidos fueron Medina Sidonia y los 22 municipios dependientes de agua del Huesna. Casos motivados por los numerosos incumplimientos de los pliegos de explotación y que se hicieron por la vía de la negociación, permitiendo acceder a fondos y cerrar acuerdos con entidades financieras para invertir en aquellas áreas que el sector privado había desatendido. En ambos casos, el control de lo público y el compromiso de lo político estaban en la base de la remunicipalización.

Ahora vivimos un resurgir de la calle del que la remunicipalización también se impregna. Ya no es solo una élite técnico-política la que está al frente del fenómeno; ahora es la sociedad civil organizada la que está forzando a los grupos políticos a posicionarse ante esta cuestión. El caso más ilustrativo lo tenemos en las pedanías de Jerez de la Frontera.

Recientemente, el Pleno de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz ha dado luz verde al proyecto de agua pública de tres entidades locales autónomas de Jerez, Guadalcacín, Torrecera y Estella. Las tres pedanías cierran así un convenio a diez años de gestión pública de su agua urbana, a espaldas de la privatización realizada para el resto del municipio de Jerez, que mantiene dicha gestión concesionada a Aqualia. Lo interesante ha sido que el catalizador del proceso ha sido fundamentalmente la sociedad civil agrupada a través de una Coordinadora de más de veinte colectivos. La Coordinadora ha sido capaz de mediar y dar soporte técnico —sin duda, con el apoyo de instancias como Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento) — a una operación donde cuatro mil familias jerezanas se puedan acoger a un servicio público que —además de partir con una factura mucho más barata— supone un referente de lucha para demostrar que desde lo público se puede, a la vez que representa un muro de contención para que en adelante la empresa privada no pueda hacer —como mayoritariamente sucede en España— subidas descomunales de los recibos, ni bajar el listón de alta eficacia que ya poseía el sistema público de Jerez, dejando de conservar su calidad.