Pensábamos que no volverían esos tiempos grises en los que la voluntad de la mujer era una suerte de azar sujeto a la casualidad, al infortunio, a los buenos y malos contactos… Pensábamos…, pero el anteproyecto de ley de aborto que prepara el Ejecutivo nos ha recordado que el pretérito no es un tiempo lejano. Quisiera hacerles mirar atrás para que retengan en sus pupilas el camino que hemos construido, para que reconozcan lo que estamos a punto de perder.
La Unión Soviética fue el primer país del mundo que legalizó el aborto. Se reconoció el derecho de la mujer por distintas razones, entre ellas por salud de la gestante. Posteriormente, los países escandinavos liberalizaron el aborto en el decenio de 1930. Iniciativas legales que tendrían su traslación a Europa en la década de los 60; primero en Inglaterra y luego en la Europa Occidental.
Tal y como ocurre en estos momentos, el derecho al aborto en nuestro país ha estado siempre vinculado a las fluctuaciones ideológicas de los gobiernos y no a los avances científicos o al reconocimiento de los derechos de las mujeres, como ocurre en nuestro entorno. Así las cosas, el primer avance «ideológico» que se produjo en nuestro país data del 9 de enero de 1937, cuando en Cataluña se aprueba una de las normas más avanzadas de Europa al permitir el aborto libre hasta las doce semanas. En paralelo, la ministra de Sanidad —Federica Montseny, del gobierno republicano de Francisco Largo Caballero— idea un proyecto para regular la interrupción voluntaria del embarazo (IVE); sin embargo, su iniciativa quedó en suspenso por la oposición de la mayoría del Ejecutivo. Aun así, Montseny buscó la forma de aplicar el decreto catalán en las zonas republicanas, lo que demuestra la fuerte carga ideológica que siempre ha estado vinculada al aborto. El advenimiento de la dictadura franquista supone el fin de este derecho para las españolas, pasando a estar prohibido en toda circunstancia.
Durante la primera etapa de la dictadura, los abortos se practicaron en domicilios por personal no médico, en malas condiciones y sin medios. Estas penosas circunstancias trajeron consigo problemas de salud para las mujeres y muertes evitables. Situaciones que nunca enfrentaron las mujeres con recursos, ya que siempre pudieron viajar al extranjero o conseguir que algunos médicos las ingresaran con otro diagnóstico para realizarles unos abortos que negaban a mujeres menos pudientes.
Caminando hacia la democracia
A principios de los 70, la iniciativa de algunos sanitarios consigue relajar las costumbres morales de la dictadura. Los anticonceptivos, ilegales en España, atraviesan la frontera de la mano de profesionales que además empiezan a recetar la píldora por «supuestos» problemas hormonales. En esta línea, algunos médicos y sanitarios comenzaron a practicar abortos en sus consultas con la técnica que se venía usando en todo el mundo, el método Karman o aspiración. Una técnica que practicada por manos expertas y en condiciones higiénicas presentaba pocas complicaciones. Como contrapartida, estos «aventureros» tuvieron que soportar la inseguridad jurídica que ha perseguido a mujeres y profesionales; tal y como ocurrió en el caso de Los Naranjos en Sevilla en 1980[1].
En 1985, de la mano del PSOE, se aprobó la ley de despenalización parcial del aborto. Esta ley suscitó una enorme controversia porque era la apuesta ideológica de un partido presionado por una parte relevante de la sociedad española, pero no de toda ella. Y es que el peso ideológico del conservadurismo moral ha ralentizado cualquier avance en los derechos de las mujeres. Algunas de las mentes de nuestro país aún no habían transitado democráticamente en valores y en derechos, algunas siguen sin transitar, y esta realidad se hizo palpable no solo en las dificultades del trámite parlamentario, sino en el recurso de inconstitucionalidad del PP contra una norma que se aprobó disminuida en sus pretensiones.
El aborto quedó despenalizado en tres supuestos: violación, patología fetal y salud física y psíquica. Una despenalización insuficiente, pero que pudo ser un instrumento «útil» gracias a la generosa interpretación que los/as profesionales hicieron del concepto de «salud», entendida por la OMS no solo como la ausencia de enfermedades, sino como el bienestar físico, psíquico y social.
No obstante, el hecho de tener que delegar en un tercero la pertinencia del aborto, implicaba una gran inseguridad jurídica para el/la profesional y para la mujer. De hecho, se mantuvieron las persecuciones jurídicas, las inspecciones políticas… Hasta el punto de que fueron esas persecuciones las que precipitaron el cambio de la norma en el año 2010.
La situación actual
La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo reconoce por primera vez en nuestro país el aborto como un derecho de la mujer, sujeto a su voluntariedad, en las 14 primeras semanas. De manera clara, se establece la dimensión sanitaria de este derecho y por vez primera se aporta seguridad jurídica. La mujer accede a este recurso de manera gratuita y no se olvida la norma de facilitar una salida a la patología fetal y materna, así como a la incompatibilidad vital o enfermedad muy grave e incurable más allá de la semana 22.
Cuando la mayoría de la sociedad española ha transitado por valores democráticos con respecto al aborto —el 80% de la población rechaza la ley Gallardón y el 68% de los votantes del PP cree que la mujer debe decidir—, el Ejecutivo se aferra a los valores más reaccionarios.
El anteproyecto despenaliza el aborto tan solo en dos supuestos: patología materna y violación, marginando incluso la patología fetal. Al tiempo, establece un periplo médico y legal de tal magnitud que en la práctica hace inviable el aborto ni tan siquiera por esas causas legales, quedando en ese periplo la intimidad de la mujer al descubierto, estigmatizándola frente a los otros.
Ese Gobierno construye esta norma al margen de una sociedad que, por el contrario, si consideran sus homólogos conservadores europeos quienes no cambian sus leyes de aborto por principios ideológicos.
Esta realidad con la que convivimos y que se esconde desde el Ejecutivo evidencia que el número de abortos ha descendido durante el año 2012 en un 5,1%, situando nuestra tasa en la media de la Europa Occidental (12 por mil) muy alejada de la tasa internacional (28 por mil).
La evidencia que niegan los populares muestra que la tasa de mortalidad por cada 100 000 abortos es del 0,6% cuando este se realiza de forma segura, si bien se eleva al 13% cuando el aborto es inseguro. Algo que podría ocurrir si el proyecto Gallardón es aprobado ya que las leyes restrictivas no disminuyen los abortos sino que aumentan las interrupciones inseguras y el éxodo abortivo.
También silencia el Ejecutivo que 3 de cada 4 menores de 16 y 17 años acuden al centro acompañadas de sus progenitores. La cuarta, la que acude sola, o está emancipada de hecho… o no puede contar con ellos por razones ideológicas, morales o por su integridad física.
Además de situarse de espaldas a todas esas «realidades», el PP apuesta con este proyecto de ley por la derogación de una normativa relativa a la contracepción y a la educación afectivo-sexual: únicas políticas eficaces para disminuir los embarazos no deseados.
A la vista de esta contraposición entre la realidad y la ideología, entre la historia y los valores políticos, nos resulta difícil creer que el PP quiera defender la libertad y la intimidad de la mujer. Difícil porque desde los presupuestos ideológicos que sustentan el proyecto nunca fue tan arriesgado defender a una mujer libre. Nunca tan fácil volver de la mano de una ley a los tiempos grises del principio.
[1] http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/clinica-los-naranjos-heroicidad-abortada-nueve-meses/
