A finales de año, una veintena de asociaciones y cooperativas de diversos colectivos manifestaban por escrito su oposición a la ronda urbana SE-35 en Sevilla, mientras en una campaña de recogida de firmas en internet se recibía el apoyo de más de dos mil personas. Concluía así, con casi treinta alegaciones y a raíz del impulso de la Plataforma en defensa del Parque Tamarguillo, el trámite de exposición pública previo a la ejecución de la obra para la que tanto el alcalde, Juan Ignacio Zoido, como la ministra de Fomento, Ana Pastor, habían acordado destinar 52 millones de euros en materia presupuestaria.
En este escenario de austeridad impuesto, asistimos al recorte de la inversión en ciencia, nuevas tecnologías o cultura y a la merma dramática, hasta su práctica desaparición, de las partidas destinadas a los barrios. Pese a que, siguiendo el plan de ajuste del Ayuntamiento, se ahorra calefacción en los colegios y no hay dinero para abrir las bibliotecas por las tardes, el alcalde declaraba disponer de una reserva de crédito de 29 millones para abordar la construcción del primer tramo (de tan solo 2,5 kilómetros de longitud) de la nueva autovía.
Sin embargo, como señala Ecologistas en Acción, la SE-35 no figura ni en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla, ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla. De hecho, solo está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el Ayuntamiento tiene la obligación de revisar —como la propia Junta de Andalucía reconoce— para ajustarse al principio de sostenibilidad de dichos planes. Otros municipios, como Mairena del Aljarafe y Salteras, ya han eliminado esta infraestructura de sus planeamientos por ser innecesaria para la movilidad metropolitana.
A pesar del interés del alcalde, con mayoría absoluta en Sevilla, los Presupuestos Generales del Estado solo recogían un millón de euros para su ejecución. Por tanto, como ya viene siendo tónica habitual, las obras comenzarían sin contar con el presupuesto total de ejecución y sin que conozcamos cómo se financiará su coste final. Esto plantea otras preguntas: ¿por qué genera debate?, ¿a qué se debe tanta urgencia? (paradoja que no caracteriza a nuestra administración). Y, sobre todo, ¿por qué esta polémica obra se presenta como una prioridad absoluta para el gobierno municipal?
Para responder a la primera cuestión es necesario remontarse a la peculiar génesis del espacio donde comienza el trazado de la ronda urbana: el parque fluvial de la cabecera del arroyo Tamarguillo. Su cuenca estuvo ocupada por un vertedero incontrolado hasta que, en 1996, a instancias de una asociación juvenil, se aprobó en el pleno municipal el Plan Especial de Parque y, posteriormente, se llevó a cabo con fondos europeos. En total, el presupuesto invertido superó los 30 millones de euros.
El origen reivindicativo del parque — gracias al trabajo de las asociaciones locales implicadas decididamente en su recuperación— adecuando las obras públicas a las necesidades del entorno, poniendo en marcha proyectos y dinamizando el parque para un sector de la periferia con más del 50% de paro, ha extendido entre la población la necesidad de disponer de espacios libres. Las actividades llevadas a cabo a lo largo de casi dos décadas para salvaguardar el Parque Tamarguillo han hecho posible su existencia y ello forma parte de la raíz misma y de su valor más importante: la cultura de disfrute y respeto por la naturaleza, la actividad saludable al aire libre, así como un ambiente de convivencia alegre y humano, que contrasta con las prioridades de la sociedad de consumo, el beneficio privado y el egoísmo personal.
Recientemente, han sido publicadas noticias sobre la apertura inmediata de un expediente de infracción por parte de la Unión Europea a la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento al considerar que no cumple con la Directiva de Impacto Ambiental. De confirmarse la cancelación definitiva de la SE-35, se habría puesto fin al último intento de continuar con el modelo económico que nos ha traído hasta la actual crisis. Pero hasta entonces, la situación levanta suspicacias. Quizás responda más al temor que despierta la posibilidad de llegar de nuevo a un punto G (de Gamonal) que a cuestiones plenamente administrativas.
A pesar de la cercanía de la A4 —auténtica arteria que irriga instalaciones aeronáuticas, industriales y comerciales—, las autoridades plantean la SE-35 como irrenunciable argumentando la conectividad urbana del entorno. Según figura en el proyecto, cercenará por la mitad el parque sobre un talud de tierra, sin viaducto alguno, canalizando los arroyos Tamarguillo y Ranillas a su paso. Los barrios colindantes, el parque y la actividad agrícola de los terrenos adyacentes se verán afectados de forma radical por su trazado, lo que va en contra de las políticas europeas de sostenibilidad. Según el alcalde, la operación está estrechamente ligada a la implantación de la segunda tienda IKEA y se convierte de este modo en un ariete político con el aliciente de la creación de empleo. Para instalarse en el municipio, la multinacional sueca exigió a la Gerencia Municipal de Urbanismo una recalificación en el PGOU, que se llevó a cabo, triplicando la superficie edificable de los terrenos de San Nicolás Oeste.
Sin embargo, a pesar de la existencia de alternativas, la modificación para desviar la SE-35 es presentada por el delegado de Urbanismo como un reto casi imposible. No deja de ser otro caso de especulación urbanística que beneficiaría claramente ciertos intereses privados en detrimento de la economía local. Se pretenden destruir puestos de trabajo consolidados en el sector agrícola y mercantil por otros de carácter precario o restringidos al tiempo de duración de la
obra. Y, más frustrante aún, con el erario público repitiendo el patrón que ha llevado a la situación de crisis de la que somos herederos ilegítimos. Resulta cuanto menos paradójico que la rehabilitación preferente de Parque Alcosa no encuentre financiación para con tratar mano de obra o que en el interior del parque haya un Centro de Formación Profesional cerrado por falta de recursos. Si lo que realmente prima es acabar con el desempleo, ¿por qué no se desarrolla el tejido productivo existente con el mismo interés que se tramitan las grandes áreas comerciales?
Como apunta Esteban de Manuel en su artículo Aprendiendo de la operación IKEA, este caso ilustra muy bien cómo se ha hecho el urbanismo en los últimos años y hasta qué punto este modo de proceder, basado en una ilusión de crecimiento y sustentado por mecanismos especulativos, ha demostrado ser manifiestamente insostenible. Los ayuntamientos se han financiado fundamentalmente a base de convenios y licencias de obras. En el caso que nos ocupa, los propietarios pagaron al Ayuntamiento 20 millones de euros al suscribir el convenio, en virtud del cual este suelo rústico, de alto interés agrícola, pasaría a ser urbanizable y haría posible la infraestructura urbana, considerada necesaria para la viabilidad de la operación. Pero esos ingresos, como ha sido norma en muchos ayuntamientos, se destinaron a financiar otras operaciones, confiando que en el futuro nuevos convenios e ingresos por licencias financiarían a su vez la SE-35. Este proceso, que alimentó la burbuja inmobiliaria, fracasó estrepitosamente dejando un nivel de endeudamiento municipal que nos va a lastrar en las próximas décadas.
