La celebración de la Cumbre sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas Madrid-Chile (COP25) ha disparado las informaciones sobre esta cuestión en los medios. Uno de los asuntos que podría ser controvertido es señalar quiénes son los principales responsables de ese cambio climático. Hemos visto estas últimas semanas cómo grandes empresas, muchas de ellas energéticas y con importante responsabilidad, se convierten en patrocinadoras de contenidos con los que lavar su imagen. Patrocinadoras de noticias en los medios, pero también patrocinadoras de la propia Cumbre. Estas grandes multinacionales de la energía tienen enorme capacidad de influencia sobre sector energético, entre ellos el gasístico, y sobre la política energética europea, con el riesgo que esto tiene de dinamitar las políticas climáticas. También arroja luz sobre el proceso de revisión de la UE de sus planes energéticos transfronterizos, también conocidos como Proyectos de Interés Común (PIC).
En su afán por vestirse de verde, el sector del gas muestra de forma creciente la tarjeta de visita del llamado «gas renovable», un totum revolutum donde se incluye desde el biogás hasta el gas procedente de electricidad renovable. Bajo este perfil aparentemente ecológico, el lobby del gas pretende reclamar el apoyo público a las infraestructuras y extracción gasistas futuras (redes de transporte, almacenes, extracción, etc.), hoy muy cuestionadas socialmente.
El gas natural es un combustible fósil no renovable y contaminante. Al quemarse produce dióxido de carbono (aunque aproximadamente la mitad que la quema de carbón) y algo de óxido de nitrógeno. El primero es el gas de efecto invernadero más abundante y el mayor responsable del calentamiento del clima. El segundo es un gas tóxico al respirarlo. Pero además, y esto es un punto decisivo, la extracción y transporte de gas natural produce importantísimas fugas de metano que tiene un poder de calentamiento climático (efecto invernadero) 86 veces mayor que el del CO2. Es decir, el gas natural es un combustible peligroso, caro, contaminante e innecesario, que además está bloqueando la implantación de las energías renovables.
Existe un consenso científico que afirma que para evitar un cambio climático desastroso para la humanidad debemos dejar en el subsuelo la mayor parte de los combustibles fósiles, entre ellos el gas natural, y que, de manera urgente, debemos cambiar a un nuevo modelo energético más democrático, descentralizado y basado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia.
Además, según recoge la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en los últimos 10 años se ha reducido el consumo del gas cerca de un 25% en todo el Estado español gracias a la energía renovable. Además, los precios del gas natural han subido más de un 15% en los últimos años. Bajo este análisis, vemos que los resultados económicos son pura especulación. Esto nos indica que se trata de un espacio candidato a la inflación económica del mercado gasístico, para poder introducir gas barato a la espera de que la escasez haga rentable su extracción.
Ante este panorama, nos encontramos los proyectos de sondeo de gas en el valle del Guadalquivir que se están llevando a cabo en busca de hidrocarburos por parte de la empresa Gas & Oil Capital, donde ya se han iniciado los trabajos de perforación en los proyectos Penélope 1 (junto a la barriada El Gordillo), Penélope 2 (apenas a 2 km de la barriada de San Jerónimo) y, en breve, Penélope 3 (a una distancia de 3 km de la barriada de Pino Montano), entre los municipios de La Rinconada y Sevilla. Según el proyecto, el uso de sustancias tóxicas necesarias para la extracción de este gas está garantizado y, por tanto, todo nos hace sospechar que la extracción de este gas puede ser por métodos no convencionales (fracking).
La desconfianza es manifiesta, pese a que desde las instituciones y la propia empresa se repite una y otra vez que las pruebas están orientadas a la extracción de gas convencional. Pero no existen garantías de que sus resultados no vayan a ser empleados para la técnica del fracking o fractura hidráulica.
Entendemos que esta clase de proyecto plantea en la actualidad importantes interrogantes sobre la salud de las personas y sobre las afecciones al medio ambiente, tanto en los usos agrícolas del suelo como en lo relacionado con el medio natural. Fundamentalmente, por la posibilidad real de contaminación de aguas subterráneas y, a partir de ahí, del agua superficial, dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes. Estos proyectos suponen también una alta ocupación del territorio por la necesidad de crear balsas para acumular el agua contaminada y el elevado tránsito de vehículos. Este modelo de desarrollo tendría graves impactos en las actividades que mantienen el medio rural, como la agricultura y ganadería, además de las afecciones al medioambiente.
Por tanto, hasta que la base de estas evidencias se analice en profundidad y sea fehacientemente refutada y se determinen que sus causas y consecuencias no están correlacionadas, una paralización preventiva de dicha práctica es la única opción responsable.
Además, este proyecto no tiene razón de ser en un escenario declarado de emergencia climática. Por esto, la única respuesta razonable desde la ciudadanía y los ayuntamientos afectados es la oposición frontal a los proyectos de extracción de hidrocarburos. Además, se debe apostar de manera firme por las energías renovables y reconocer que el único gas bueno es el que se queda en el subsuelo.
Desde Ecologistas en Acción consideramos la explotación de gas como un paso atrás hacia el cambio de modelo energético que debe abandonar la utilización de combustibles fósiles. Las inversiones y esfuerzos deben ir encaminados hacia un modelo energético sostenible basado en la reducción del consumo, la eficiencia energética y las energías renovables. Entendemos cualquier inversión en energías contaminantes como un paso atrás que vulnera los compromisos asumidos en materia de sostenibilidad.
