Durante el año 2013, la Junta de Andalucía ha impulsado un proceso de aportaciones ciudadanas para la tramitación de una Ley de Participación Ciudadana. Un primer anteproyecto se presentó en el 9º Congreso del Voluntariado en mayo de 2013.
Una Participación Ciudadana «de ley»
La democracia consiste en repartir el poder. Una sociedad es más democrática cuanto más distribuido está el poder, cuanta más gente «tiene parte» en la construcción de los objetivos y las decisiones, cuanta más gente interviene en los procesos comunitarios, en la gobernanza, cuanta más gente participa. Este principio, cada día más evidente, todavía no ha penetrado a fondo en nuestros marcos mentales dominantes, todavía no ha conseguido derribar las rígidas arquitecturas de una ideología autoritaria, patriarcal… profundamente arraigada en nuestras cabezas y nuestros corazones.
La Participación Ciudadana, la transparencia y, por extensión, las propuestas de procesos participativos que implican las llamadas nuevas formas de gobernanza, están en el centro del debate público. Esto es posible gracias, en gran medida, al estallido social del 15M, que desbordando las tradicionales organizaciones sociales, sitúa la participación como un eje clave en las nuevas formas de respuesta a las necesidades sociales.
En el marco de nuestra comunidad, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, desde la Dirección General de Derechos de Ciudadanía, Participación y Voluntariado, ha impulsado la redacción de una Ley de Participación. Nos parece bien. Valoramos positivamente todos los esfuerzos por mejorar los mecanismos de incidencia de las personas en la gestión pública, pero —como hemos apuntado— existen muchos aspectos que no dependen de la redacción de una ley concreta, que responden más a un modelo cultural, de pensamiento, de valores; íntimamente relacionado con el sistema actual del capitalismo financiero, sus consecuencias sobre la mayoría de la población y los valores que proyectan desde las diversas instituciones.
Entendemos la participación como un medio —lleno de valores y contenido— para conseguir la transformación de la realidad por parte de quienes se sienten afectadas por ella, y por tanto, como un instrumento para la autonomía personal y colectiva.
La participación ciudadana en Andalucía. Cómo vemos la cosa
Asistimos a una realidad paradójica en materia de participación en nuestros contextos más cercanos. Mientras los recursos públicos descienden de manera abrupta, mientras las necesidades de la gente no son una prioridad frente al pago de una deuda ilegítima, mientras asistimos al progresivo desmantelamiento de programas sociales… aparecen respuestas vinculadas a la economía social y solidaria, a la lucha por el derecho a la vivienda, por los derechos sociales, que han recreado, en forma de mareas, el tsunami del 15M.
Y, paralelamente, coexisten organizaciones de voluntariado, de cooperación al desarrollo, etc., que siguen cumpliendo un papel muy importante, no solo por sus actividades de apoyo y acompañamiento a las personas y grupos sociales más vulnerables, sino porque aportan tramas relacionales al tejido social, a la cohesión y la convivencia colectiva.
Ahora, más que nunca, es necesario contar con procedimientos y herramientas para el protagonismo ciudadano. Ahora bien, su impulso ha cambiado de lugar: mientras el protagonismo del Estado empieza a languidecer, el apoyo público a las iniciativas ciudadanas prácticamente desaparece y los tímidos intentos por avanzar hacia una democracia participativa —mediante propuestas como los presupuestos participativos— se convierten en testimoniales (no hay recursos, no hay voluntad política…), los movimientos sociales, las organizaciones solidarias o la economía social descubren el espacio del procomún y juegan un papel principal. Este papel requiere de mayores y mejores capacidades para la movilización ciudadana, para la construcción de convergencias y sinergias, para el diseño de otro mundo posible.
Desde nuestra óptica, las políticas públicas en materia de participación se han utilizado a menudo para legitimar decisiones ya tomadas, o para generar relaciones de dependencia —cuando no de clientelismo—, o para vender —como humo— una blanqueada imagen democrática de las instituciones… pero solo en contadas ocasiones han servido para favorecer la respuesta autónoma de la gente, la creación de espacios de diálogo horizontal entre gobernantes y gobernadas que modifiquen las reglas del juego de la representación política.
Algunas consideraciones sobre la Ley de Participación
El sujeto de la ley es la Administración y, el objeto, la participación. Debemos huir de la tentación de legislar la libre asociación de la gente y, por tanto, la Ley de Participación se centra en las obligaciones de las administraciones. Se realiza un esfuerzo por incluir aportaciones diversas mediante espacios de recogida de aportaciones[1], tanto de forma presencial como virtual, pero es un proceso al revés, pues parte de que primero es la ley y después la realidad.
Desde una estructura administrativa enormemente burocratizada, donde prevalece la compartimentación de competencias, es ilusorio pensar que una ley pueda cambiar una lógica de funcionamiento tan contraria a los principios de autogestión ciudadana y de reparto de poder. Bajo nuestro punto de vista, la ley es el final del proceso, pues solo cobra sentido si cuenta con una movilización suficiente de personas que la reclame.
¿Es necesario hacer «leyes de participación»? ¿Es lo primero que debiéramos hacer? ¿O acaso es un síntoma — el que se hagan leyes de participación — de que la democracia está poco «interiorizada» en nuestra sociedad, incluyendo a la clase política y a los poderes fácticos? ¿Una ley de participación «garantiza» que la participación es de ley, de calidad, que se aplica en la práctica? ¿Tal vez deberíamos empezar por la educación para la participación?
Hay muchas leyes que no se cumplen (la lista no cabría en este artículo). Aunque, ¿quién va a negarlo?, las leyes son expresión —al menos— de derechos, de pautas para la convivencia colectiva. Pero lo cierto es que, de acuerdo con el borrador de la Ley de Participación, no pasa nada si no se cumple, no se contemplan mecanismos de compromiso público. Es, al fin, una ley de buenas intenciones. Por ello, el mayor de los problemas es, más allá de su propio contenido, el riesgo de convertirse en papel mojado, o de que no responda a las cambiantes condiciones de las dinámicas sociales.
Como ejemplo de ello, merece una mención especial lo concerniente a la transparencia en la gestión pública, que queda relegada a una ley específica que, como hemos comprobado en estos días, se ha quedado a medias en sus pretensiones y hace cojear los anhelos puestos en la Ley de Participación.
Porque la participación no es solo una cuestión de mecanismos; recordemos el escaño 110 en el Parlamento como un buen ejemplo de ello. Una propuesta que posibilita la intervención directa de la ciudadanía que nadie usa. ¿Nadie se ha preguntado por qué? ¿Cuestión de información, de motivación, de falta de legitimidad de las propias instituciones? No es suficiente con crear la estructura, hay que dinamizarla. Foto de Payoner
Herencia recibida de la transición
Ante la amenaza de desalojo de la Corrala Utopía, el defensor del pueblo andaluz convoca una mesa de negociación con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento e Ibercaja —titular del edificio—, pero sin la presencia de las propias familias ¿Habría permitido la Ley de Participación que las vecinas de la Corrala Utopía hubieran formado parte de la negociación final ante su desahucio? Creemos que esta es una pregunta pertinente, pues alrededor de casos concretos podemos calibrar el aporte de esta ley. La respuesta es «no». En una situación donde las personas directamente afectadas se ven fuera del diálogo sobre su futuro, se vuelven a poner en funcionamiento los mecanismos paternalistas, por un lado, y discriminatorios, por otro, desterrando posibilidades de respuestas a las problemáticas sociales, donde sean las personas que las sufren en primera persona quienes se conviertan en sujeto colectivo con capacidad de interlocución.
Y es que la realidad es muy tozuda. Vivimos en un contexto donde al final siempre gana la banca. Es una realidad con truco: puedes movilizarte, puedes generar discursos, puedes enfrentarte a corporaciones, construir una amplia red de apoyo alrededor de una causa justa, pero no puedes tener voz propia, a no ser que la amoldes, la pases por el filtro de una entidad o partido político. Esto significa la negación por parte de las administraciones —todas— de la condición ciudadana de las personas. A eso se le llama «legalidad». Si estás en situación de exclusión social, ello te inhabilita como ciudadana con plenos derechos, pasas a ser una usuaria de los servicios sociales, entras a formar parte de los expedientes pero no de los espacios en donde se deciden tus condiciones de vida.
Es la intermediación que impone el modelo representativo. No se supera fácilmente si no es con un compromiso claro de transformación de las estructuras actuales. Porque al final, lo que está en juego es la calidad democrática de las instituciones, que si bien son enormemente flexibles para introducir cambios en contra de la mayoría de la población —como en el caso de la reforma de la Constitución para el pago de la deuda—, se convierten en una roca a la hora de ser permeables a la incidencia de las personas en las políticas públicas.
Encontramos un ejemplo en las resistencias a implantar modelos donde exista un control e incidencia permanente de la ciudadanía en la acción parlamentaria y de gobierno, tal como se defiende desde iniciativas como Demo4.0 (http://demo4punto0.net/es) o las que contiene el Informe del Grupo Democracia Digital de Andalucía (http://openkratio.org/index.php/portfolio/ley-andaluza-de-participacion-ciudadana/): tecnológicamente viables, políticamente pertinentes, rompen con la falta de diálogo entre representantes y representados. Se sigue sin dar cabida, al menos, a espacios deliberativos que posibiliten el debate social sobre aspectos clave para nuestras vidas como la salud, la educación, la vivienda o los recursos necesarios para vivir con dignidad. El voto se convierte en una verdadera carta blanca para los representantes políticos, que en ningún caso se ven ante la posibilidad de ser revocados por sus electores, como en el caso de incumplimiento de programas electorales.
De nuevo, la realidad es muy tozuda; puede más el miedo a la participación que el impulso a su desarrollo, herencia de la cultura de la transición hoy en crisis.
Retos a enfrentar colectivamente
La tarea es ingente. No nos faltan los retos. En esto de la Participación Ciudadana, tampoco. Entre otros muchos, mencionamos algunos:
Desde la Administración:
- Superación de una vez por todas de las formas de gobierno de autoritarismo blando y paternalismo populista.
- Mecanismos y hábitos de diálogo horizontal y transparente con la ciudadanía.
- Asumir la crítica como parte de la democracia, como un valor a preservar. Es bueno que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el control social de las políticas.
- Ejercicio de la participación y transparencia por parte de los propios partidos políticos. Predicar con el ejemplo. Hacer lo que se dice, no lo que se hace.
- Entender a la población como aliada, no como amenaza o comparsa de intereses propios.
Desde las organizaciones solidarias:
- Una mayor apuesta por extender la base social, no vale con hacer solo cosas bien, es preciso hacerlas con la gente.
- El reto de la autonomía a tope. Construir relaciones de independencia e interdependencia, no de dependencia.
- Desarrollar el vínculo con los sectores de la economía social y solidaria. La sostenibilidad y la independencia de las OO. SS. está directamente ligada a esta conexión o mestizaje.
- Pasar de representar a personas, grupos y sectores para darles voz. No ser portavoces, sino altavoces. Reforzar el empoderamiento y el protagonismo de las personas y los colectivos sociales.
- Incluir nuevas formas de participación no formales. En la acción, en los proyectos y actividades, pero también en la organización, en las formas de trabajo y en la comunicación y el trabajo en red, en la interconexión con otros actores de los procesos de cambio social.
Desde los movimientos sociales:
- Tomar decisiones sobre qué tipo de relaciones se quieren tener con el poder. Reelaborar los significados del poder.
- Huir de sectarismos, afrontar el reto de la diversidad. Apostar por movimientos sociales incluyentes, capaces de sumar, de incorporar a más y más sectores y actores.
- Servir de escuelas de participación. Aprende a participar. Aprender a hacerlo colectiva y cooperativamente. Desarrollar y practicar nuevas formas de participación, de diálogo, de construcción colectiva…
- Analogizar lo virtual, viralizar lo cotidiano. Aprender a conectar las tecnologías de la información y la comunicación a los procesos de cambio social, aprender a desarrollar todas sus potencialidades participativas.
[1] Ver Documento de Aportaciones del Colectivo de Educación para la Participación – CRAC en http://redasociativa.org/crac/2013/02/18/aportaciones-a-la-ley-andaluza-de-participacion/ El conjunto de aportaciones se pueden consultar en http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/ocms/ocms/leyparticipacionciudadana/portada.html
