Si nos mantuviéramos en una posición doctrinaria, el debate monarquía/república sería una falsa discusión desde una perspectiva anarquista ya que ambas son formas de Estado, principio inútil y nocivo tanto en origen como para cualquier función práctica según esta ideología. Considerado como instrumento de dominación de clase, que propiciaba el mantenimiento de la explotación y la desigualdad social, sería igualmente descartado. El anarquismo criticó la delegación de poder que suponía un sistema representativo como el liberal (y el democrático) que se constituía en monarquía o república como forma de Estado.
Así como no hay duda de que la monarquía no tuvo, ni tiene, afinidades con el anarquismo, que rechaza de plano la idea misma de que la jefatura del Estado resida en una persona —un rey o una reina, siendo un cargo vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria—, han existido afinidades históricas en España con la república.
La cultura democrática cobró forma en España, en el siglo XIX, como una doble impugnación a las exclusiones políticas y sociales que implicaban la construcción del Estado liberal y las contradicciones del capitalismo. Así fue como el republicanismo federal asimiló el socialismo premarxista y, desde 1869, apoyó la construcción de organizaciones obreras.
El Estado liberal consideró pronto al republicanismo federal como un movimiento peligroso para su existencia puesto que rechazaban, a la vez, dos aspectos sobre los que se sustentaba dicho Estado: la autoridad y la propiedad. Este planteamiento revolucionario produjo, sin duda, afinidades con el anarquismo que se incrementaron por la huella de Proudhon en el pensamiento de Pi i Margall. Este margen de contacto pudo (puede) provocar equívocos sobre su afinidad pese a que las dos corrientes estaban bien delimitadas desde el punto de vista ideológico y no podemos considerar el republicanismo federal como precursor del anarquismo.
El republicanismo arraigó en las clases populares y no perdió apoyos cuando fracasó la experiencia republicana de 1873, manteniéndolos hasta bien entrado el siglo XX cuando la competencia con el anarquismo se hizo patente. Esto no fue óbice para que se mantuviera la doble militancia republicana y anarquista en las últimas décadas del siglo XIX. La tradición democrático-social del republicanismo federal fue una aportación importante a la cultura radical del obrerismo presente en anarquistas que procedían del republicanismo.
Además de esta afinidad con el republicanismo federal, hay un segundo elemento a considerar: la mitificación de la II República (1931-1936). La historia puede convertirse en moneda de cambio para justificar posturas políticas actuales; para ello, lo más fácil es construir mitos que repetidos hasta la saciedad acaban pareciendo verdades. El mito de la bondad o maldad intrínseca de la II República, según qué posiciones políticas lo necesiten, es uno de ellos tal y como observamos hoy en España.
El mito que está construyendo la nueva izquierda en España, con someras referencias a la II República, oculta sistemáticamente la política represiva de los Gobiernos de centro-izquierda republicanos. Un aspecto relevante, que no por repetido en la historia reciente resulta menos engañoso, fue la clara diferencia entre el discurso y la práctica del republicanismo en la oposición, progresista e incluso radical, y el republicanismo en el poder defensor de un mundo de orden.
En el proyecto republicano, el orden y la reforma eran conceptos inseparables. Para poder reformar las estructuras obsoletas de la monarquía liberal era necesario que las clases populares abandonaran la lucha y confiaran plenamente, delegando el voto en los partidos, en su capacidad para democratizar el viejo sistema liberal. El sueño de una república reformista se centró en la igualdad política, dando menos relevancia a la cuestión económica y social, manteniendo intacta la economía liberal. Frente al paro, muy elevado por los efectos del crac de 1929, se aprobaron leyes draconianas como la de la Defensa de la República, la del Orden Público y, especialmente, la de Vagos y Maleantes.
La ley de Vagos y Maleantes pretendía separar a los parados respetables de los pobres peligrosos. En la práctica, cualquier trabajador o trabajadora que no tuviera empleo fijo podía ser detenido por tener aspecto sospechoso. Desde las páginas de periódicos como Solidaridad Obrera, las diatribas contra esta ley eran constantes, puesto que se aplicaba frecuentemente contra los propios anarquistas y otros rebeldes sociales, como los exiliados antifascistas de Europa o América Latina, que se encontraban en España de manera clandestina.
Después, la II República sufrió un organizado golpe de Estado que desencadenó una guerra civil y una revolución social potenciada mayoritariamente por el movimiento libertario y, de nuevo, las diferencias entre las fuerzas republicanas de izquierdas contrarias a la revolución social y el movimiento libertario provocaron la confrontación abierta (sucesos de mayo de 1937). La colaboración con los Gobiernos de la república durante la guerra se produjo para intentar salvar algo de la revolución social ya fracasada. Tras la guerra: el duro exilio, los intentos de unidad y el inicio del mito…
En conclusión, ante el debate monarquía/república, la respuesta sería: ni chicha ni limoná. Descartada la monarquía y reconociendo que hubo importantes afinidades con el republicanismo federal en la oposición, la experiencia de la II República y la guerra civil demostraron que la república es una forma de organizar un Estado, mejor que la monarquía porque la jefatura del Estado es electiva; pero que el interés del anarquismo en esta fórmula solo podría despertar cierto interés en el caso improbable de que cuestionara la autoridad, la propiedad privada y otros aspectos sociales en los que no hemos entrado —por ejemplo el patriarcado— por la poca extensión de este texto[1]
[1] Para escribir este artículo me he servido de mi propio libro: Laura Vicente (2013): Historia del anarquismo en España. Catarata, Madrid. Y de dos artículos, el de Chris Ealham «Los mitos de la II República: la reforma, la represión y el anarcosindicalismo español». Libre Pensamiento, nº 89, invierno 2016/2017, pp. 85-91; y el de Eduardo Higueras Castañeda «La cuestión del siglo: el federalismo español y las respuestas a la cuestión social en el siglo XIX». Libre Pensamiento, nº 94, primavera 2018, pp. 9-15.
