Mediterráneo, de Mare Nostrum a Tritón El pasado mes de abril, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentaba su informe de 2015 Derechos humanos en la Frontera Sur. En este informe se advertía que en menos de un año, más de tres mil personas murieron en el mar Mediterráneo y en la Unión Europea (UE) y se incrementaron en un 24% las solicitudes de asilo entre los primeros semestres de 2013 y 2014. Este artículo reflexiona sobre la situación de la inmigración en nuestras fronteras y sobre cómo el lenguaje político en los medios de comunicación utiliza atajos que finalmente suprimen esta realidad.
El foco está en el Este
Y con justicia. La dimensión del drama que se está viviendo en estos momentos en la frontera oriental de la Unión Europea es tremenda. Las causas que originan tal éxodo masivo de personas también lo son. Y la actitud y el comportamiento de la Unión Europea hacia la acogida de personas refugiadas y hacia la gestión de las migraciones supone todo un desprecio a los tratados internacionales y a los derechos humanos.
Una de las consecuencias más negativas de esta política de la UE y sus gobiernos es el endurecimiento acordado para la inmigración, diferenciando un tanto artificialmente la huida por motivos políticos o de conflicto de la huida por la falta de futuro y el hambre. Realmente, los flujos actuales en el Mediterráneo son mixtos, tanto de inmigrantes como de personas refugiadas, y en ocasiones son difícilmente separables. E injustamente separados.
Informe 2015 Derechos humanos en la Frontera Sur1
Durante el año 2014 se ha producido un notable incremento de inmigrantes interceptados en la Frontera Sur de España. Según el seguimiento de la APDHA, un total de 11 146 inmigrantes fueron interceptados por las fuerzas españolas en el conjunto de la Frontera Sur (Ceuta, Melilla, los peñones, las costas peninsulares, Baleares y Canarias), frente a las 7550 del año 2013, lo que supone un incremento de casi un 50%. Pese a ello, si los ponemos en relación con las 170 000 llegadas a Italia o las 50 000 a Grecia, estos datos nos muestran que España ya no es la primera ruta de entrada en Europa. De ellas, el 23,3% eran sirias y el 56,9% subsaharianas, muchas de ellas huyendo también de países en conflicto como Malí, Congo o Nigeria. Esta es una de las conclusiones que podemos extraer del informe Derechos humanos en la Frontera Suri que anualmente elabora la APDHA.
En una cifra provisional que a nuestro juicio se queda corta. El ACNURii ha estimado en 2400 el número de personas que han llegado a España a través del Estrecho. Por ejemplo, solo en el CETI de Melilla —con una capacidad de 480 plazas— hay casi 1800 personas —entre ellas, 500 niños—, el 90% de ellas sirias.
Como ha denunciado la senadora Maribel Mora tras una reciente visita, hay un enorme hacinamiento, se respira desesperación en un lugar en el que no se respetan ninguna de las legislaciones internacionales sobre acogida de solicitantes de asilo. Un solo médico —señala— y un solo psicólogo para atenderlos (cuando es obligatoria la atención a menores que provienen de zonas de conflicto y a personas que hayan sufrido torturas) y una sola abogada de una ONG para asistirlos a todos en el centro.
La documentación no se realiza sino justo antes de embarcarlos hacia la Península, varios meses después de llegar a Melilla, impidiéndoles la libertad de circulación, que es uno de los derechos de las personas refugiadas. Ellas no saben por qué no les dejan salir de Ceuta o de Melilla.
De hecho, durante 2014 se produjeron acampadas en céntricas plazas de ambas ciudades. Preferían estar en la calle en tiendas de campaña protestando, denunciando que no habían huido de una guerra para terminar en una cárcel, antes que seguir en un centro sin perspectivas y hacinados.
Otra consecuencia, de menor calado pero que no deja de ser injusta, es que al poner en exclusiva el foco de atención en el Este, se desdibuja el sufrimiento, la pérdida de vidas y las graves violaciones de derechos humanos que se están produciendo en nuestra Frontera Sur.
Según datos de la APDHA, 131 personas murieron en el intento de llegar a España durante 2014. Y de forma callada, lejos de los focos mediáticos, unas 50 personas habrán perdido la vida en lo que va de este año 2015. No es ni de lejos la cifra insoportable de muertos en el resto del Mediterráneo, que supera las 3200 personas este año según la Organización Internacional para la Inmigración, pero es también nuestro drama. El drama de la falta de respeto a las convenciones internacionales y a los derechos humanos por parte de nuestro país.
No se puede hablar de asilo como hace el Gobierno cuando rechaza con botes de humos y pelotas de goma a inmigrantes que intentan entrar en Ceuta, con el resultado de 15 muertos en el Tarajal el año pasado. A ninguna de esas personas le dieron la oportunidad de expresar si solicitaban protección internacional. Como tampoco se la dan a quienes expulsan manu militari mediante las llamadas «devoluciones en caliente», rechazadas por la ONU pero que nuestro país sigue practicando ampliamente en la Valla de Melilla con el respaldo público explícito de los responsables políticos directos de la misma (Delegación del Gobierno y Ministerio del Interior).
El Gobierno español versus las personas solicitantes de asilo
El Gobierno español no está respetando la Convención de Ginebra que protege a las personas que solicitan asilo. No la está respetando porque no las acoge en condiciones dignas, porque apenas acepta las solicitudes, porque el 75% de ellas fueron denegadas, porque solo admite el 1% del total de solicitudes de la UE… ¿Cómo es posible que no haya llegado ni un solo solicitante de asilo africano a las oficinas habilitadas este año cerca de las fronteras de Ceuta y Melilla? ¿Por qué el Gobierno no actúa respecto a las fundadas denuncias respecto a la extorsión que están sufriendo refugiados sirios para acceder a las oficinas de asilo en frontera por parte de fuerzas de seguridad marroquíes?
Para la prueba del algodón de la actitud del Gobierno de España respecto a los refugiados, basta con señalar que el Gobierno no ha elaborado el reglamento que la Ley de Asilo 12/2009 señalaba que había que aprobar obligatoriamente en seis meses. Nunca más se supo.
En suma, no hace falta ir a Hungría, por más salvaje que sea la política contra los inmigrantes de Orbán con la indiferencia del resto de la UE. Las personas refugiadas están en nuestra tierra tras pasar verdaderas barbaridades superando mafias y corrupción en los países de tránsito. Es nuestra responsabilidad y es nuestra obligación resolver esto. Los derechos humanos deben ser los que inspiren las políticas migratorias y de asilo y deben ser respetados sin excusas en las fronteras de nuestro país.
1 Entendemos por Frontera Sur de España el arco que abarca Baleares, las costas del sur y levante de la Península, Ceuta, Melilla y las Islas Canarias.
i www.apdha.org/media/informe-fs2015-web.pdf
ii Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
