El pasado diciembre, la Fundación Nueva Cultura del Agua organizó en Lisboa la VIII edición del Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua. En este tipo de foros se suelen tratar distintos problemas asociados a la gestión de los recursos hídricos, desde la dificultad para acceder a una fuente de agua limpia en ciertas regiones del mundo hasta el impacto ambiental que generan cierto tipo de actividades sobre los recursos hídricos como ríos o acuíferos. Nos ha llamado la atención que, con el paso del tiempo, los problemas que se discuten han adquirido un nivel mayor de sofisticación. La llegada (¡y la instalación casi permanente!) de la crisis económica ha traído consigo nuevos problemas asociados a la gestión de los recursos naturales y de los servicios sociales. Y, claro está, también ha salpicado (nunca mejor dicho) a la gestión del agua. ¿A qué nos referimos con eso de privatización y financiarización? Vamos a verlo.
La privatización de las empresas del agua
Comencemos por el principio. Privatizar una empresa pública significa que su propiedad pasa de manos públicas (generalmente, de un ayuntamiento o gobierno regional) a manos privadas (de una sociedad anónima o limitada, por ejemplo). Este proceso se justifica de varias maneras, generalmente, por la gestión más eficiente que hace de una empresa una entidad privada que una pública. ¿Por qué? Los motivos que se esgrimen son varios. Pero, principalmente, se argumenta que las empresas privadas tienen ánimo de lucro mientras que las empresas públicas no, y por eso responden mejor a la lógica de mercado y se adaptan mejor a las exigencias de los consumidores. Es decir, que cuando se dice que una empresa privada es más eficiente en la gestión de un servicio, en realidad se hace referencia a la eficiencia económica, dando por sentado que el mecanismo de mercado lleva a la prosperidad social.
Una justificación que casi nunca se hace pública, pero que tiene mucho peso en este tipo de decisiones, es que las empresas públicas son un bien que tienen los gobiernos y que pueden vender para hacer dinero en un momento difícil. Con la crisis económica, muchos gobiernos tienen menos ingresos y encuentran una buena forma de ganar un dinero extra vendiendo empresas públicas.
Los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua los provee a la ciudadanía el ayuntamiento o la mancomunidad correspondiente a través de empresas que hace unos años solían ser públicas, como Emasesa. A cambio, las ciudadanas y ciudadanos pagamos una tarifa. Las tarifas pueden regularse para que la población tenga garantizado el acceso a un mínimo de agua o no, pero esa es otra historia… La parte de los gastos que no queda cubierta por lo que las personas usuarias pagan en sus facturas de agua es lo que crea el déficit de las empresas y, en el caso de las públicas, debe ser asumido por parte de los ayuntamientos o las mancomunidades o, en general, por la administración que sea la «dueña» de la empresa.
En los últimos años, con la disminución de ingresos fiscales que ha traído la crisis económica, muchos ayuntamientos han decidido vender estas empresas que gestionan el agua. ¿Qué beneficios consiguen vendiendo? Por un lado, el año que la venden, los gobiernos aumentan sus ingresos y tienen que declarar menos déficit. Por el otro, se aseguran que se siga dando el servicio de abastecimiento y tratamiento de agua. Para las empresas es muy rentable por dos motivos. El primero es que a las empresas privadas solo se les pide que se encarguen de gestionar el suministro del agua, mientras que la infraestructura (presas, canales de transvase y tuberías) se financia con dinero público y se les da ya construidas para garantizar el acceso de la población al agua. El segundo motivo es que las empresas pueden ejercer su actividad sin competencia. Esto es así porque las concesiones para explotar las infraestructuras y ejecutar el servicio de abastecimiento o tratamiento se dan en exclusividad. Y porque ninguna empresa podría costear la infraestructura necesaria para competir con otra que ya opera en la misma zona. De hecho, las inversiones iniciales que se requieren son tan elevadas, que ninguna empresa privada se hace cargo de ellas y, generalmente, es realizada por la administración pública. El acceso al mercado del agua queda por tanto muy limitado, asimilable a un estado de monopolio, y aunque esté regulado, deja cierta libertad a las empresas para poner sus precios al agua y no les obliga a suministrar un mínimo social. Esto va en contra del principio de acceso universal al agua, reconocido desde hace dos años por la ONU como derecho humano.
Sirva como ejemplo la privatización de la compañía Aguas del Ter y Llobregat (ATLL), abastecedora en alta de la mayor parte de la población de la región metropolitana de Barcelona (RMB). Con una deuda de 700 millones de euros, ATLL fue vendida en el 2012 a un consorcio que tiene como accionista mayoritario a Acciona Agua. ¿Qué ha pasado con la deuda? Se la ha quedado el gobierno catalán (es decir, los catalanes) a cambio de unos 260 millones de euros que pagó el consorcio y que sirvieron para relajar el déficit de la Generalitat en el ejercicio fiscal de 2012. Además de eso, el consorcio debe pagar unos 1000 millones de euros como canon durante la duración de la concesión: 50 años. El caso no deja de ser otro ejemplo de visión cortoplacista, que ha resultado en subidas de la tarifa de agua previstas a partir del 1 de enero de 2014 de hasta un 15% en algunos municipios de la RMB.
La financiarización de las empresas del agua.
La financiarización es el proceso de transformación de cualquier tipo de capital actual (como pagos por sueldos) o futuro (como la promesa del pago de las deudas de las tarjetas de crédito o las hipotecas) en valores financieros (capitales usados para aumentar los títulos o el valor financiero de una empresa). Este proceso lleva a un aumento inmediato del capital disponible. Es decir, las empresas consideran los valores financieros como si fuera capital que ya han cobrado (los sueldos que han ingresado) o los que tienen que cobrar (tarjetas de crédito). La compraventa de valores financieros y las ganancias que se generan con ellas es lo que llamamos especulación. Como la financiarización se basa en los ingresos esperados en el futuro, cuanto más predecible sea el pago, tanto mejor. De esta forma, las empresas pueden aumentar su volumen de negocios rápidamente.
Desde los años 70, en España se ha producido un proceso de financiarización de algunos sectores económicos, incluidas las empresas de la construcción o del agua. Estas últimas son especialmente interesantes porque el recibo del agua es perfecto para la especulación: los consumos de agua son muy predecibles y los precios muy estables. La privatización de las empresas que gestionan el suministro del agua es necesaria para que puedan salir a bolsa. En este sentido, la privatización es una herramienta de mercado muy utilizada y cada vez más controlada por el sector financiero. En España, Agbar (aguas de Barcelona) es líder de las empresas de agua en la bolsa[1].
El proceso de financiarización está muy relacionado con el desarrollo de la economía real. Cuando el crecimiento económico se estanca, la forma de mantener el valor de la economía constante es aumentar la emisión de valores financieros en forma de deuda. Así, las empresas mantienen su valor y, por tanto, la economía también. En este contexto, la privatización y financiarización de las empresas de abastecimiento y tratamiento de agua son dos caras de la burbuja financiera que mantiene artificialmente el poder adquisitivo de la economía. El problema es que las burbujas especulativas crean un aumento del valor de las actividades económicas que no se corresponde con la capacidad productiva real. En otras palabras, la única finalidad de la financiarización de las empresas es la acumulación monetaria por parte de sus gestores.
En una situación de crisis en la que muchas familias no pueden hacer frente al recibo del agua o, simplemente, reducen su uso doméstico disminuyendo los pagos a la empresa gestora, la burbuja puede explotar en cualquier momento. En definitiva: las empresas del agua se privatizan para mantener el nivel de ingresos a escalas regionales y se financiarizan para mantener el volumen de beneficios empresariales. La estrecha relación que existe entre los agentes financieros, las empresas y los gobiernos facilita ambos procesos.
(http://labolsa.com/mercado/AGS/; http://www.eleconomista.es/indice/MAD-AGUA-Y-OTROS/resumen/Mejores).
