La historia de María Salmerón, su sufrimiento por el maltrato padecido por parte de su expareja y la posterior violencia institucional, se remonta a 2001. María, con una hija de pocos meses, se separó de su pareja por las vejaciones y humillaciones que venía sufriendo. El maltratador, su exmarido y padre de su hija, fue condenado con sentencia firme en 2008, ratificada por el Tribunal Supremo. La condena contemplaba una pena de prisión de ventiún meses, pero al no ser reincidente y ser esta inferior a dos años, el maltratador nunca pisó la cárcel. Ello no excluyó que siguiera ejerciendo violencia, a través de su hija, pues, a pesar de la sentencia, el padre seguía manteniendo visitas con ella, pese a solicitar reiteradamente no querer ver al padre. La niña no fue escuchada por lxs togadxs hasta cumplidos los quince años. El delito que se le ha acusado a María Salmerón no es otro que el de proteger a su hija, respetar su voluntad de no querer ver a su padre. María fue condenada por el poder judicial por incumplimiento del régimen de visitas ante las denuncias presentadas por el exmarido que se prolongaron durante décadas; a lo largo de todo este calvario judicial, Salmerón obtuvo tres indultos. Es en 2019 que se dictó una nueva sentencia por la Audiencia Provincial de Sevilla, confirmada en 2020, en la que se le impone una pena de nueve meses de prisión por desobediencia, agravada de reincidencia por hechos que se remontan a una década atrás.
Su caso es de una relevancia particular porque aglutina temas que tenemos en agenda quienes luchamos desde los feminismos de base: la justicia patriarcal, los diferentes niveles de violencia, vicaria e institucional, y las contradicciones en materia de la mujer y las disidencias sexuales del actual gobierno español.
En primera instancia la Justicia. En el caso de Salmerón, la Justicia ha olvidado los deseos manifiestos de la menor y el daño que pudieran reportarle los encuentros con su padre; estos se produjeron obviando los acuerdos internacionales existentes en esta materia sobre el interés superior de lxs menorxs (Convención de los Derechos de la Infancia, ratificada por España en 1990 y leyes de protección al menor) que establecen que, a partir de los doce años, lxs menorxs deben ser escuchadxs por lxs juecxs de familia en este tipo de litigios. La Justicia, entonces, podemos decir que actúa de forma sorda y patriarcal, y aporta inseguridad y desconfianza jurídica a las víctimas: la menor y su madre.
En segundo lugar, los niveles de violencia que se trasladan de un contexto privado a uno público. El nivel privado, según la definición de Sonia Vaccaro, es el de la violencia vicaria que es «aquella violencia que se ejerce sobre lxs hijxs para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de tercerxs, por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a lxs hijxs, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el daño extremo». El nivel público, por otro lado, es el de la violencia institucional, que juega con la ambigüedad o el descargo de responsabilidades entre los órganos de gobierno. «Es una competencia del Ministerio de Justicia», declara Irene Montero, ministra de Igualdad, a la vez que sostiene que la condena por violencia en contra del exmarido de Salmerón aplicaría para la suspensión del régimen de visitas. Pero la violencia institucional también es lavarse las manos por parte del Gobierno ante el aparato de justicia. «El Gobierno no ha tenido margen […] el Gobierno tiene que cumplir la ley», Pilar Llop, ministra de Justicia. Lo que es evidente con estas justificaciones es la falta de empatía, la ceguera y la incapacidad de respuesta del Gobierno.
Finalmente, queremos señalar el alto componente de hipocresía por parte del Gobierno actual «el más feminista y progresista» que ha denegado el indulto alegando que Salmerón fue reincidente y que obtuvo informes desfavorables por parte de la fiscalía y el tribunal sentenciador, basándose
en antecedentes prescritos, pese a la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 y en base a la Ley de Indultos de 1870, «Ley nada garantista, inapropiada en un Estado de Derecho, olvidada por la complicidad de sucesivos gobiernos y nuestros representantes en el Parlamento» (R. Soriano). Evidentemente, es una ley obsoleta, inútil en la sociedad y realidad actual: en el siglo XXI cuesta comprender estas sentencias. La orden de entrar en prisión, que tiene una función de reinserción (aunque en realidad diste mucho de ello), es hacia una mujer cuyo delito ha sido proteger a su hija y a sí misma durante veinte años y que está plenamente insertada e integrada en su contexto social, familiar y laboral.
Una vez más, nos encontramos con un aparato judicial que pone de manifiesto discursos que están lejos de la realidad, con leyes por las que se condenan o excluyen a las mujeres y a otros colectivos vulnerables en el campo social y laboral, negándoles sus derechos humanos, a pesar de las promesas electorales. El de María no es un caso aislado, muchas mujeres están en esa misma situación y lo vivido por ellas, además de que arrastra la violencia contra la mujer, incorpora tortura y violencia por parte de las instituciones. Estos casos persisten también porque en España la violencia vicaria no está claramente tipificada como delito, a pesar del debate que sobre ella hay desde 2015.
El recurso presentado ante el Ministerio de Justicia para el indulto denegado fue inadmitido el 1 de junio de 2022, y el 9 de junio de 2022 María Salmerón ingresó voluntariamente en el Centro de Inserción Social (CIS) de Sevilla, con un régimen con el que podrá salir diariamente para acudir a su trabajo. La lucha continúa con más de cien mil firmas, huelgas de hambre, vigilias y manifestaciones. La sociedad civil ha manifestado su respaldo incondicional, estamos seguras de que las mujeres que María conocerá en el CIS le darán calor humano, estrategias de resistencia y también momentos de felicidad. Este artículo está dedicado a ellas también y a todxs quienes viven en el encierro. El mundo al revés, eso sí, y lo es con el Gobierno que se jacta de ser «el más progresista y feminista de la historia».
Las autoras de este artículo denuncian y se solidarizan con toda vulneración de los derechos, no solo de María Salmerón y las mujeres víctimas de violencia, sino también de todxs los colectivos e individuos, incluyendo a las personas trans y todas las disidencias sexuales, lxs trabajadorxs sexuales, lxs trabajadorxs jornalerxs, entre muches otres.
