En comicios del 20 de octubre de 2019, el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó por tercera vez las elecciones a la presidencia, con las figuras de Evo Morales y Álvaro García Linera. La diferencia de 10 puntos por encima de los demás candidatos no fue aceptada por la oposición, que convocó de inmediato a una segunda vuelta. En paralelo, la Organización de los Estados Americanos (OEA) también desconoció el resultado y deslizó la posible existencia de fraude mucho antes de presentar informe final de su auditoría de los comicios (donde tampoco presenta pruebas fehacientes del presumido fraude). Los comités cívicos —dirigidos por empresarios de ultraderecha, como Camacho— desataron la violencia en las calles. La Policía Nacional se replegó a los cuarteles exigiendo un alza salarial. Grupos civiles armados y uniformados amedrentaron a dirigentes del MAS, ministros y cargos públicos para obligarlos a renunciar; prendieron fuego a sus casas y violentaron a sus familias. Finalmente, el Ejército se volteó y pidió la renuncia de Evo Morales. Para evitar el derramamiento de sangre, él y el vicepresidente, Álvaro García Linera, presentaron su renuncia.
En Bolivia hubo un golpe de Estado. ¿Por qué? ¿Qué se disputa en Bolivia en términos políticos y geopolíticos? ¿Qué actores e intereses estaban especialmente interesados en evitar —incluso vía golpe— otro gobierno del MAS?
Trasfondo geopolítico
Desde la llegada del MAS y su política soberana en torno a los recursos naturales, la disputa por el acceso y apropiación del litio y gas estuvo de fondo en las tensiones entre Bolivia y Estados Unidos, como se expresa en los cables de Wikileaks e informes de think tanks (laboratorios de ideas) estadounidenses. Un año antes de las elecciones, la consultora de seguridad y «estrategia Stratfor» planteaba en una serie de informes, un escenario «posible» de disturbio, inestabilidad y potenciales sanciones de EE UU en caso de una victoria de Evo Morales.
Antecedentes
El MAS llegó al Gobierno como resultado de luchas y resistencias sociales y políticas históricas en Bolivia que culminaron en las guerras del gas y del agua a principios de los años 2000. El MAS inaugura su Gobierno con una asamblea constituyente que refunda al país con el apoyo de esos movimientos y sectores políticos para, por primera vez, incluir económica, política y culturalmente a las mayorías de las diversas etnias indígenas.
Esta nueva Bolivia, refundada como Estado plurinacional, contó desde el inicio con la oposición de una porción importante de la elite local, en particular la que habita los departamentos de la llamada «medialuna». Estos grupos, en contacto permanente con la embajada estadounidense en Bolivia (como lo prueban los cables Wikileaks), organizaron y auspiciaron una violenta desestabilización en el año 2008 con miras a separarse del resto del país. El objetivo no fue logrado.
Años más tarde, en el referéndum de febrero de 2016 sobre la reformulación de la Constitución para la repostulación de Morales y García Linera, parte de esa oposición enarboló las banderas del procedimiento democrático para posicionarse en contra de la repostulación. Pero no se quedaron allí: organizaron un montaje judicial-mediático reproducido también en redes sociales (el caso Zapata) para acusar a Evo Morales y sus principales colaboradores de tráfico de influencia y corrupción. Dos meses después de las elecciones, se supo que los documentos acusatorios eran falsos. También se supo que el triunfo del NO en ese referéndum estuvo condicionado por el impacto del caso Zapata en la opinión pública. En esa ocasión adquirieron protagonismo varios personajes y organismos del tercer sector de la derecha anti MAS, del ámbito político, empresarial y periodístico: Óscar Ortíz Antelo, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Raúl Peñaranda, Samuel Doria Medina, la fundación Milenio, la Agencia Nacional de Prensa, la fundación Nueva Democracia. Son precisamente estos actores, sumados a algunas nuevas caras e instituciones (Waldo Albarracín, Vaca Daza, etc.), los que impulsaron y legitimaron el golpe en Bolivia en octubre de 2019.
El hilo que urde la trama de una red de derechas que involucra entre muchos otros a estos actores, es el vínculo con el sector privado y el gobierno de EE UU, en particular a través de organismos de asistencia para el desarrollo (USAID, NED, etc.) que financian a organismos del tercer sector locales. Tienen acceso privilegiado a la prensa hegemónica y amplia presencia en las redes, dan conferencias en universidades de Europa o EE UU, reciben premios, son portadores de «opiniones válidas». Esta red involucra organismos regionales, como la OEA, laboratorios de ideas expertos en América Latina, como el Inter American Dialogue o fundaciones como la FAES de Aznar. Alcanza también al ámbito militar pues, desde los 60, la asistencia económica proveniente de EE UU es acompañada por programas contrainsurgentes: varios de los altos mandos militares y funcionarios del Gobierno involucrados en el proceso golpista pasaron por academias e instituciones castrenses estadounidenses.
Imperialismo de siglo xxi (o de siempre)
El golpe al MAS concatena varias experiencias golpistas de finales de siglo xx y lo que va del siglo xxi, todas con fuerte presencia y responsabilidad de una red internacional liderada por derechas locales asociadas al sector privado y al Gobierno estadounidense, pero que también involucra a la derecha española, entre otras. Pone en evidencia que el imperialismo sigue siendo constitutivo del capitalismo, guardián de democracias neoliberales y siempre listo para arremeter con todas sus fuerzas y recursos contra cualquier proyecto político que en los hechos dispute realmente —con las limitaciones y contradicciones propias de cualquier proceso humano, político y colectivo— al neoliberalismo.
Este artículo forma parte de un trabajo más amplio, titulado EE UU y la construcción del golpe en Bolivia publicado en el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG)
