A veces hay decisiones imposibles como aquel «qué dedo de la mano prefieres que te corte?»; pero, en la mayoría de los casos, lo que encontramos es el capitalismo poniéndonos por delante con total naturalidad opciones inmorales como «¿qué prefieres: trabajo o salud?» La respuesta es inevitablemente otra pregunta: ¿es qué hay que elegir? Un nuevo episodio de este dilema se vivió el pasado junio en el Campo de Gibraltar, cuando un incendio en una nave de almacenamiento de la fábrica de productos plásticos de Indorama, en San Roque, provocaba el pánico en la población local. No solo por la gigante columna de humo negro con ocasionales llamas que surgía del polígono de Guadarranque, sino porque en los primeros momentos se desconocía si el humo era tóxico o no, pese a la activación del plan de emergencias en la zona. Este nuevo accidente ha puesto el foco en un debate que se sucede cada cierto tiempo: hasta cuándo tenemos que aceptar que nos den a elegir entre generar puestos de trabajo o una industria que no ponga en riesgo nuestra salud y la de nuestro entorno. Desde el Campo de Gibraltar denuncian que el alto índice de cáncer en la zona, muy superior a la media nacional, está directamente relacionado con la industria petroquímica. Según el mapa de mortalidad elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, San Roque aparece teñida de rojo, lo que significa que tiene uno de los mayores porcentajes de casos de cáncer, especialmente de pulmón o de vejiga en la población masculina y de mama en la femenina. Las localidades que le rodean también están en índices elevados. Chipiona, Puerto Real o San Fernando, no se salvan de aparecer teñidas en este mapa. No solo eso, otros estudios alertan de cómo la contaminación provocada por la industria petroquímica afecta a ecosistemas locales y a la propia bahía. Nos encontramos con zonas históricamente deprimidas que se ven sometidas a un chantaje tramposo: aceptar las industrias que nadie quiere instalar en su patio trasero a cambio de la promesa de empleos. La desigual relación centro-periferia fuerza a municipios o comarcas afectadas por altos niveles de paro y una precariedad agudizada por la crisis a tolerar en sus territorios las industrias contaminantes que los centros económicos no quieren en sus ciudades, aunque dependan de su energía y sus productos. La población de la zona, sin embargo, no se resigna a tener que negociar entre la salud o precariedad y pocas semanas después del incendio más de treinta organizaciones y colectivos convocaban una manifestación en San Roque para reclamar «Salud, clima y dignidad». Los convocantes reclamaban una diversificación de la industria de la zona que acabe con la concentración de industrias contaminantes y empiece a caminar hacia un nuevo modelo productivo con visión ecológica, partiendo de la economía social y que sea capaz de tener en cuenta las reivindicaciones ecofeministas que apuestan por poner la vida en el centro. La respuesta del Gobierno andaluz, en cambio, apunta a más de lo mismo y así, apenas un mes después del incendio, aprobó una ampliación de fondo de barril de la refinería Cepsa de San Roque. La comisión delegada para Asuntos Económicos ha declarado dicho proyecto de interés estratégico para Andalucía, lo que permitirá una tramitación preferente a pesar de que el proyecto había estado en suspenso ante la falta de la declaración de impacto ambiental. No parece, por tanto, que el actual Gobierno andaluz esté tomando medidas por el camino que le indica la sociedad civil, que reclama, en primer lugar, una moratoria para la industria petroquímica y una apuesta por las energías renovables. Las organizaciones convocantes, entre las que se encuentran la asamblea Ecofeminista, Marea Violeta, Extinction Rebellion, Ecologistas en Acción y muchas otras, han resumido sus reivindicaciones en una petición: «un cambio de modelo energético que mejore la calidad de vida de la ciudadanía, que respete nuestro medio ambiente y que no ponga en peligro nuestro futuro».
