«Telemarketing» es una palabra que no está registrada en el diccionario de la Real Academia Española. «Teleoperador» o «teleoperadora» tampoco. Lo acabamos de buscar, no te molestes en hacerlo. Y no es casual. El diccionario respalda al sistema: no refleja una realidad que el capitalismo ha creado para que funcione siempre bajo la alfombra; ya sabes, donde van las migas de pan y las pelusas cuando vienen las visitas.

Sin embargo, tú nos conoces bien aunque el nombre te suene raro. Pasas con nosotros y nosotras mucho tiempo a lo largo de tu vida; si haces cuentas, te asustarías: cuando llamas a tu compañía telefónica, o a la de electricidad, o a la línea de atención de un banco; también para comprar un billete de tren, incluso cuando llamas para que te asesoren sobre la declaración de la renta y cuando pides cita para el médico, o cuando tienes una emergencia. Todas esas personas a las que confías la solución de tus peticiones y problemas, somos teleoperadoras.

Respondemos en nombre de las mayores empresas y organismos públicos, pero no estamos contratados por ellas, y tanto las empresas matrices como las subcontratas se cuidan de que esa información no trascienda, haciendo creer al usuario que se trata de plantillas propias. Tenemos un convenio que en CGT nos negamos a firmar porque perpetúa la precariedad para los más de 60 000 de trabajadores y trabajadoras del sector. Y otra gente que ni siquiera pueden acogerse a él pues trabajan en «empresas piratas». O más piratas todavía, habría que decir.

La subcontratación es un cáncer que se ha apoyado en la privatización de lo público para hacer su metástasis (Telefónica, Iberia, la antigua Renfe, etc.). De hecho, muchas de las empresas para los que damos nuestra voz son o han sido públicas recientemente. El argumento de que la subcontratación significa más eficiencia nos daría risa si no fuese porque nos lo tomamos muy en serio. El capitalismo usa nuestro trabajo para atacar a la clase obrera por todos los flancos posibles. Y eso te incluye a ti aunque nunca te hayas puesto unos cascos, el símbolo de nuestro día a día. Mucha gente se extraña porque las empresas pisotean sus derechos, roban con descaro y no solucionan sus problemas. Pues bien, la próxima vez que hables con nosotras recuerda que eso no es casualidad. No se trata de incompetencia, ni de fallos evitables: se trata de una estrategia perfectamente diseñada.

En primer lugar, se desarma a las plantillas subcontratadas de las condiciones laborales de la empresa matriz. De las económicas, puesto que podemos llegar a cobrar una tercera parte menos. Pero también del resto de condiciones de trabajo y salud laboral. Se divide a la clase trabajadora estimulando una competencia artificial entre trabajadores y trabajadoras, pues las grandes empresas siguen ganando lo mismo. El trabajo que antes era estable pasa a ser precario y temporal fraudulento; hay contratos que duran más de 10 años y siguen siendo «temporales».

En segundo lugar, las plantillas somos víctimas de dos objetivos contradictorios e irreconciliables: el de las ventas del producto que ofrece la empresa matriz y la hipócrita pretensión de que el servicio que ofrece sea de calidad, frente a las exigencias diarias de la empresa de telemarketing para que la llamada dure lo menos posible, puesto que estas empresas obtienen su beneficio en función de las llamadas que reciben.

Para estas empresas no sois usuarios, sois clientes. Se nos da la menor formación posible, por lo que a veces nos es imposible solucionar vuestras peticiones. Hacer bien nuestro trabajo para nuestros jefes significa justo lo contrario de lo que esperáis al llamar: si es un servicio de información de una empresa, el objetivo será vender todo lo que se pueda en el menor tiempo posible, independientemente de la razón de la llamada. Si es un servicio público, será informar en menos que canta un gallo. Se nos exige que la llamada, sea de lo que sea, no dure más de 5 minutos. La presión está servida, nuestros centros de trabajo reciben constantes visitas de ambulancias e inspecciones de trabajo por ataques de ansiedad y problemas de salud graves. Para que os hagáis una idea, es habitual que las llamadas nos entren automáticamente y no haya ni un segundo de pausa entre una y otra. A cambio, recibimos un salario que ronda los 800 euros, si llega, pues la norma son los contratos a tiempo parcial. Nuestro puesto de trabajo está siempre en el alambre.

A esto hay que sumarle que el telemarketing es un sector en el que las empresas vuelcan todos los ataques que les permiten las leyes laborales: ERES, ERTES, modificaciones sustanciales y demás calaña. El último en Atento, empresa fundada por Telefónica, y en la que más de 600 personas que trabajaban para los servicios de Movistar han perdido su empleo en agosto.

La tercera pata del telemarketing son las consecuencias que sufrís, que sufrimos todas. Las empresas han encontrado su castillo inexpugnable desde el que pisotear los derechos de sus clientes con impunidad. Eso sí, si se presenta una queja, la empresa cargará de responsabilidad al teleoperador.

Este año, una mayoría de trabajadores de las dos principales subcontratas de Telefónica-Movistar, Atento y Extel, hemos hecho un calendario de huelgas conjuntas promovido por CGT para mejorar nuestras condiciones, que también repercuten en las de la gente que nos llamáis.

A comienzos de año empezará la negociación del nuevo convenio colectivo y lucharemos contra la patronal y la casta sindical en la que se apoyan. Cuando nos llames, estaremos luchando. Únete a nuestra lucha. Es la de tod@s.

Los y las profesoras e investigadoras sustitutas interinas (PDI-SI) de la Universidad de Sevilla (US) formamos parte del grupo con la situación más precaria de la Universidad. Una figura creada para hacer sustituciones por necesidades sobrevenidas que está muy mal pagada y peor considerada. Aunque mucha gente piensa que el profesorado universitario tiene muy buenas condiciones laborales, sufrimos nóminas que no llegan en muchos casos a los 300 euros (al ser trabajos a tiempo parcial). En caso de estar contratados a jornada completa, somos a duras penas mileuristas. Además de impartir clases, realizamos actividades como tutorías, gestión académica, trabajos fin de grado, máster, etc. Es decir, al final asumimos funciones que van más allá de sustituir simplemente la actividad docente. Dicha labor docente es reconocida documentalmente por la propia Universidad, aunque luego no se valora en los méritos acreditados para poder participar en igualdad de condiciones —por mérito y capacidad— en los concursos de las distintas figuras docentes.

Gran parte del PDI-SI también realiza una actividad investigadora, con publicaciones y participación en proyectos de investigación. Las acreditaciones que tenemos lo demuestran. El reconocimiento de esta actividad es clave para nuestra carrera profesional. Sin embargo, ni el rector de la US ni el convenio colectivo nos reconocen nuestros méritos investigadores (ni económica ni profesionalmente), negándonos la posibilidad de continuar una carrera profesional decente.

Nuestro colectivo debe realizar un esfuerzo continuado para la actualización de la formación didáctica y la adquisición y el incremento de las competencias necesarias para la actividad docente. También participamos en experiencias investigadoras y formadoras: cursos, congresos, jornadas y estancias en instituciones de reconocido prestigio internacional. Por toda esta actividad, el PDI-SI merece poder optar a una carrera profesional mediante la elaboración de un plan de estabilidad que posibilite el acceso a figuras más estables dentro de la US, teniendo en cuenta el reconocimiento de la actividad investigadora y docente, las acreditaciones y la vinculación contractual.

Un agravante de la situación que sufrimos es que el rector de la US se niega, incluso, a valorar plenamente nuestra docencia en los concursos de acceso a plazas. Además, carecemos con frecuencia de espacios adecuados para el desarrollo de nuestro trabajo. Necesitamos disponer de un lugar decente para atender al alumnado en las tutorías; además, obviamente, necesitamos contar con los materiales necesarios para la preparación de las clases. En otros ámbitos, sería impensable tener despachos vacíos y cerrados mientras el personal interino no tiene condiciones mínimamente adecuadas. ¿No sería más lógico poder utilizar el espacio y los dispositivos asignados a la persona que está siendo sustituida? Esto ya ocurre en cualquier otra administración pública.

Otro tema en el que insistimos es la importancia de una mayor transparencia en los concursos de acceso a las plazas de sustitutos para evitar situaciones injustas creadas por la falta de información.

La ausencia de convocatorias a plazas de profesorado laboral —debido al bloqueo del Gobierno andaluz— está provocando la utilización abusiva de esta figura contractual. Esto genera situaciones de injusticia, precariedad, inestabilidad profesional y laboral, siempre bajo la coartada de la crisis como justificación de todas las administraciones implicadas.

Somos un grupo vulnerable que está siendo marginado por los dirigentes de nuestra Universidad y por muchos compañeros. Sin embargo, hemos convertido el factor de mayor debilidad del grupo —su heterogeneidad— en nuestra mayor virtud, al unir intereses, organizarnos en una asamblea de base, formar comisiones de trabajo y elaborar unas reivindicaciones comunes que aúnan al grupo y luchan por la dignificación del colectivo.

Vamos a seguir denunciando nuestras pésimas condiciones laborales y salariales a todos los agentes responsables de nuestra situación. Exigimos que se reconozcan nuestros derechos. Como en tantos otros ámbitos, reivindicamos unas condiciones salariales y laborales justas. Nuestra lucha es también la del alumnado que tiene que abandonar sus estudios debido a unas tasas de matrícula excesivas y al recorte de becas. También es la de los compañeros y compañeras de la limpieza de la US, un servicio subcontratado en condiciones precarias. Luchamos junto a otros y otras compañeras del profesorado de la Universidad que tienen bloqueada la promoción. Estamos luchando junto a los más de 5000 profesores y profesoras interinas despedidas en educación secundaria. Esta lucha no es solo por la dignidad del PDI-SI de la Universidad, sino también por la defensa de una educación pública de calidad para todos y todas, por el despertar de las conciencias dormidas y para que la crisis la paguen quienes la han provocado.

En el año 2005, el gobierno del PSOE aprueba la Ley del Sector Ferroviario, una ley que había preparado el anterior gobierno del PP y a la que no se le cambia ni una coma. La primera consecuencia fue la división de Renfe en dos empresas: Adif (empresa responsable de la infraestructura) y Renfe Operadora (gestora de los trenes de viajeros y mercancías). Ambas empresas partían con una deuda de 0 €.

En 2013, ocho años más tarde, la deuda de las dos empresas públicas es: en el caso de Adif, de 14 000 millones de euros; en el de Renfe, de 5000 millones de euros. En ese mismo periodo, las empresas constructoras y fabricantes de material ferroviario obtienen grandes beneficios.

Los sindicatos que componen el comité general de Renfe (CC. OO., UGT, SEMAF, SF y SCF) firman la división de la empresa en dos. Todos salvo CGT, que convoca movilizaciones en defensa de un ferrocarril único, público y social, alertando a la ciudadanía de las intenciones privatizadoras (liberalización) del Gobierno y la pérdida de puestos de trabajo que supone la firma de los ERE entre la empresa y los sindicatos del sistema.

La destrucción de empleo en el ferrocarril facilita la entrada de empresas privadas (contratas) que de nuevo obtienen grandes beneficios, introduciendo la precariedad en el empleo y convenios colectivos a la baja.

En septiembre de 2013, el gobierno del PP aprueba la división de Renfe Operadora en cuatro sociedades anónimas: Renfe Viajeros SA, Renfe Mercancías SA, Renfe Fabricación y Mantenimiento SA, y una cuarta (ROSCO) que se dedica al alquiler del material ferroviario.

Entre todas ellas se reparten la deuda de 5000 millones de euros. Se les pone un precio de venta y un número de acciones que posibilita, en un futuro, su compra por parte de las empresas privadas.

Antes de finalizar el año 2013, el Consejo de Ministros aprueba la división de Adif en dos empresas: Adif Alta Velocidad (Adif rico) y Adif convencional (Adif pobre). Adif Alta Velocidad hereda la deuda de 14 000 millones, mientras que prácticamente la totalidad de la plantilla queda en Adif convencional. Este artificio contable permite que no compute la deuda de la empresa (14 000 millones) en el déficit público, ya que Adif pertenece al Ministerio de Fomento. Además, dos de las actividades que generan beneficios —aparcamientos en las estaciones y alquiler de la fibra óptica— salen en licitación para su explotación por la empresa privada.

La segregación de Renfe Operadora en cuatro sociedades anónimas y de Adif en dos empresas abre la veda de la privatización en el servicio ferroviario español: prima el beneficio económico y deja a un lado el carácter social del ferrocarril. El gobierno del PP apuesta así por el sistema de privatización del ferrocarril en Inglaterra, cuyo fracaso no cuestionan hoy en día ni los más conservadores en Europa y cuya recuperación está costando más cara a los ciudadanos ingleses que si hubiera permanecido como empresa pública, con un gran coste social y de puestos de trabajo¹.

La apertura a la competencia que propicia el Ministerio de Fomento para este año 2014 pone en clara desventaja al ferrocarril español, permitiendo la entrada a la competencia del ferrocarril alemán (DB), del ferrocarril francés (SNCF) y de empresas privadas europeas y nacionales.

Otras empresas ferroviarias, como la francesa y la alemana, aplazan la apertura a la competencia exterior al 2019, y apuestan por un ferrocarril unificado y no dividido. Sin embargo, como hemos manifestado, Renfe inició la segregación en el año 2005.

Las empresas privadas no vienen con la intención de invertir en el ferrocarril, su infraestructura y su seguridad. Tampoco de mantener todos los trenes, ya que lo que buscan es la obtención de un beneficio económico rápido. El beneficio social no se puede medir con parámetros exclusivamente económicos. El carácter vertebrador y de cohesión territorial —verdadero fin del ferrocarril— no tiene ningún sentido para la empresa privada: si no obtienen un beneficio inmediato de los trenes que explote, sencillamente desaparecerán. Entendemos que la privatización del ferrocarril va a suponer menos trenes, menos seguridad y precios más altos. Primará la alta velocidad que une grandes ciudades y se suprimirán muchos trenes de media distancia que son los que verdaderamente cohesionan y vertebran el territorio, ya que unen los núcleos de población medianos con las grandes ciudades.

Además, el proceso de segregación de las empresas ferroviarias y la licitación a la baja de las diferentes contratas supone para este año 2014 la pérdida de más de 1300 empleos en el ferrocarril.

Desde CGT proponemos el apoyo al ferrocarril público y social a toda la ciudadanía para:

1. Impedir el robo del patrimonio de la ciudadanía, el cierre de líneas, la supresión de trenes y servicios, las privatizaciones, impulsando la participación de la sociedad en el debate y la defensa del servicio público.
2. Imponer criterios de rentabilidad social, medioambiental, de gasto energético y de servicio público del ferrocarril, contrarrestando el único valor que consideran que no es otro que la rentabilidad económica.
3. Tratar de hacer públicos todos los empleos privados, integrando las plantillas de las contratas en las empresas públicas en igualdad de condiciones laborales y sociales.

Todos juntos podemos evitar la estafa social que supone la destrucción de lo público, de la sanidad, de la enseñanza, del ferrocarril.

1 Para más información sobre la privatización del ferrocarril inglés, ver la película de Ken Loach La cuadrilla. El guión de esta película fue escrito por un ferroviario inglés.

Las calles no se limpian solas, las limpiamos currantes y currantas todos los días. Y cuando dejamos de hacerlo todo se llena de basura, como estamos comprobando últimamente en las huelgas del servicio de recogida de muchas ciudades. Pues en Sevilla, en la empresa pública de limpieza y protección ambiental, LIPASAM, hay un colectivo en la plantilla desconocido por la ciudadanía: el colectivo de eventuales.

Más de 400 personas, de las que dependen otras tantas familias, configuramos la bolsa de eventuales. Personas que en algunos casos tienen una vinculación de 12 años con la empresa. Se nos contrata mediante contratos regulares y cíclicos que se suelen dar en verano, semana santa, feria y navidades, además de cualquier otra situación especial que requiera nuestro servicio. Nuestro trabajo no está debidamente respetado ni protegido, ni por la dirección del comité de empresa ni por la empresa, si bien gozamos de los mismos derechos por convenio que el resto de la plantilla. Sufrimos una enorme incertidumbre en cuanto al mantenimiento de nuestros empleos y poca carga de trabajo anual, lo que nos empuja a la precariedad, especialmente dura en la situación actual de crisis.

El origen de nuestra situación comenzó hace unos dos años, cuando desde la empresa empezaron a aplicarnos un año en el desempleo, de manera injustificada, con la promesa de volver a contratarnos. Este hecho conllevaba, legalmente, nuestra desvinculación de la empresa, lo que entendimos como despidos encubiertos. La respuesta del comité de empresa, controlado por CC. OO., fue nula, reflejando una actitud de conformismo.

Así que un grupo de trabajadores y trabajadoras decidimos autoorganizarnos en pro de nuestros derechos y lo hicimos utilizando como herramienta sindical al SAT, Sindicato Andaluz de Trabajadores/as, por ser un sindicato de base, asambleario, solidario y combativo. Desde que nos organizamos no hemos parado de movernos, involucrando a la plantilla, explicándole nuestra situación y la importancia del apoyo mutuo entre currantes fijos y eventuales. Y todo esto soportando calumnias, injurias e incluso amenazas. Los primeros pasos fueron asambleas de plantilla y reuniones con la empresa, siempre con el apoyo de la Unión Local de Sevilla del SAT y sus secciones sindicales. Puesto que la empresa no mostró intención en resolver el conflicto, decidimos interponer una demanda judicial en favor de nuestro paso a plantilla fija discontinua, y organizamos una marcha por el mantenimiento del empleo. Estas medidas dieron resultado pues no se nos ha vuelto a aplicar el año de parón. No obstante, la empresa no admite nuestra calidad de fijos discontinuos.

Con respecto a la última huelga en LIPASAM de inicios de 2013, dos fueron los motivos principales que la provocaron y los dos tenían consecuencias en el personal eventual. Por un lado, una rebaja salarial y, por otro, el aumento de jornada laboral en forma de días completos de la plantilla fija, lo que influiría muy negativamente en la contratación de eventuales. La huelga finalizó con la firma de un acuerdo que se nos vendió como ventajoso por el comité de empresa, en especial a los eventuales, vendiendo una regularización de la bolsa que aseguraría nuestros puestos de trabajo. Más tarde, ya desconvocada la huelga, cuando leímos el acuerdo, vimos que nos habían mentido sobre nuestra bolsa, y que el acuerdo nos expone a un proceso selectivo discriminatorio y que muchos podríamos no superar debido al nivel de estudios y a la avanzada edad de muchos componentes de la plantilla eventual. Para contrarrestar estas medidas, pedimos que nos invitaran en la negociación y creamos unas propuestas alternativas para la regularización de la bolsa de eventuales. Desde entonces, hemos repartido entre la plantilla numerosos panfletos informativos y de concienciación y más de 1000 copias de los acuerdos de huelga, ya que mucha gente, aunque parezca mentira, no lo había podido leerlo.

En cuanto al juicio por el paso a fijos discontinuos, en un primer momento, tuvimos que pedir su suspensión ya que la empresa no entregó la documentación que le requería la jueza. Ahora estamos a la espera de una nueva fecha para su celebración. Mientras tanto, el pasado mes de noviembre organizamos una concentración en apoyo a nuestras reivindicaciones, tanto por nuestro paso a fijos discontinuos como por la calidad y el mantenimiento del empleo.

La empresa ha convocado recientemente plazas para peones en LIPASAM, peones que ocuparían nuestras plazas. Por esto y porque una empresa como LIPASAM es un bien público de gran valor, pensamos que la ciudadanía debe conocer la existencia de un colectivo, el de los eventuales, que defendemos nuestros puestos de trabajo y la calidad del servicio público de recogida de basuras, limpieza viaria, etc. Defendemos la creación de empleo pero no a costa de la destrucción de otros empleos. Sabemos de primera mano la necesidad de creación de empleo para garantizar un servicio digno en una ciudad que aumenta día tras día y con una plantilla fija muy por debajo en número de lo que debería ser incluso por convenio. Vemos en nuestras mismas familias la necesidad de luchar contra el paro, para lo que no confiamos en los políticos de turno, y ofrecemos todo nuestro apoyo a las luchas que desde abajo se den en este sentido.

Como trabajadores y trabajadoras buscamos día tras día poder llegar a hacer del sindicalismo lo que en su día fue, una herramienta útil y efectiva que dé como resultado la mejora de nuestros derechos y garantice nuestra dignidad y calidad de vida frente a un sistema que no deja de agredirnos y nos deja en último lugar. Pero para poder conseguir esto es imprescindible recuperar valores como la solidaridad, el compañerismo, el apoyo mutuo y, sobre todo, la conciencia de pertenecer a una clase trabajadora que solo obtendrá sus derechos mediante la lucha y la ilusión por un mundo nuevo y más justo para la mayoría. Este cambio no solamente es posible sino que es imprescindible.

Con niveles de paro del 34 %, en general, y del 60 % entre la juventud, son muchos los empresarios que se aprovechan de las circunstancias: «Si tú no trabajas en estas condiciones, habrá otro que lo haga y más barato». Estos abusos están muy extendidos, por ejemplo, en el sector de la hostelería en Sevilla. En muchos bares y restaurantes no se cumple el Convenio Colectivo de Hostelería de la Provincia de Sevilla. No se cobra lo que se tendría que cobrar, no se pagan las horas extras ni la nocturnidad, no se respetan los descansos legales (mínimo de 12 horas entre turnos), se acosa a la gente para que dejen el empleo sin cobrar el finiquito, etc. Y para colmo, muchos currantes desconocen sus derechos y lo que dice el convenio colectivo. Además, en muchos bares, un o una camarera lleva ahora muchas más mesas que antes cobrando lo mismo o menos. Con las «vacas gordas» se llevaban los beneficios los empresarios; ahora, con las «vacas flacas», las plantillas sufren las pérdidas. Esta situación es especialmente grave en plena crisis, cuando muchas familias dependen de un solo sueldo, y muchas veces ese único sueldo viene de la hostelería. De hecho, el papel de zona subdesarrollada otorgado a Andalucía desde los inicios del siglo XX por los terratenientes andaluces y las burguesías vasca, madrileña y catalana, vació nuestra tierra de fábricas, condenando a gran parte de la población a la precariedad del sector servicios y del campo. Esta tendencia se está agravando ahora en plena crisis económica. Una crisis que está sirviendo de excusa para los recortes sociales de la austeridad. Recortes para los y las de abajo que significan más dinero para los de arriba a la vez que se asienta nuestro papel de patio trasero de Europa y se incrementa la precariedad a todos los niveles, también en el laboral. En este sentido, es especialmente grave la nueva reforma laboral que nos deja a los pies de los caballos de los empresarios, facilitando y abaratando el despido. En estas condiciones, mucha gente se calla porque desconocen sus derechos o porque tiene miedo a perder el empleo si los reclaman. Sin embargo, cada vez son más los y las camareras, cocineras, pinches, repartidores, etc., que alzan la voz, como ha sucedido en los últimos meses en las Pizzerías Orsini, en Telepizza, en la heladería La Ibense-Bornay, en el bar Levies, en el restaurante de la Torre de los Perdigones, en La Sureña… Todos estos negocios no cumplen o no cumplían el convenio de hostelería y en todos ellos alguien dijo hasta aquí hemos llegado. Y las plantillas han conseguido victorias… Por ejemplo, el restaurante de la Torre de los Perdigones no pagaba a tiempo a sus trabajadores y trabajadoras, a las que debía mucho dinero. Con esta estrategia se pretendía que gente que llevaba muchos años en la empresa no tolerara más la situación de impago y pidiera el despido renunciando al finiquito. Y cuando abandonaran estas trabajadoras, se contrataría a gente nueva en condiciones mucho más precarias. Esta situación intolerable, utilizada por muchos empresarios, se prolongó hasta que una trabajadora montó una sección sindical, en este caso del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT). La sección sindical informó a la empresa de que si no cumplía con el convenio colectivo y no pagaba a tiempo, el sindicato actuaría con todas sus consecuencias. Desde ese momento, la situación cambió radicalmente y se abonaron los atrasos. No muy lejos de este restaurante, en el nuevo bar de La Sureña en la Alameda de Hércules, el mismo sindicato consiguió la readmisión de una trabajadora despida por exigir sus derechos. Estas victorias, por pequeñas que sean, muestran que es posible luchar contra la precariedad laboral en el sector de la hostelería, y ganar. Tradicionalmente, los sindicatos mayoritarios burocratizados no se han centrado en defender los intereses de las plantillas más precarias, especialmente en centros de trabajo con pocos currantes. Son tajos que requieren mucho esfuerzo sindical para organizar a pocos trabajadores en condiciones muy frágiles… Así, las denuncias en el sector de la hostelería en Sevilla están siendo apoyadas ahora, especialmente, por sindicatos alternativos como la CNT y el SAT. Este último cuenta con una campaña específica por el cumplimiento del Convenio Colectivo de Hostelería. No es fácil luchar en una empresa donde hay apenas unas pocas personas en plantilla. Sin embargo, la cosa cambia cuando se recibe apoyo exterior de un sindicato asambleario y combativo, pues se cuenta con gente para movilizaciones y para impulsar campañas de boicot a los negocios explotadores, además de con un gabinete jurídico para denunciar en los tribunales todos los incumplimientos patronales. Además, también es especialmente importante la solidaridad del tejido asociativo y los vecinos y vecinas del barrio, ya que pueden colaborar en la denuncia de la precariedad e impulsar el boicot. En sectores donde los y las trabajadoras estamos tan divididas en pequeños centros de trabajo, tenemos que aprender de luchas pasadas en las que la gente se organizó desde el tajo, pero territorialmente, para sumar fuerzas. Contamos con muchos de estos ejemplos: desde la Comuna de París en los inicios del movimiento obrero (1871) hasta hoy en día en El Alto (Bolivia). La lucha en la hostelería sevillana avanza. Esperemos que se establezcan asambleas de barrio de currantes de hostelería que agrupen a las diferentes plantillas de una zona para coordinarse en la mejora de sus condiciones laborales y contra el abuso patronal. De estas asambleas territoriales de hostelería podrían surgir también iniciativas de autoempleo, por ejemplo, mediante el impulso de cooperativas de hostelería que aseguren condiciones laborales dignas, gestión democrática de la empresa y consumo de productos ecológicos locales. Se abre así un horizonte lleno de posibilidades, y frente a la precariedad actual en la hostelería en Sevilla surge la posibilidad de barrios más sanos, ecológicos, dignos, democráticos y combativos en los que colaboren los movimientos sociales y vecinales con el movimiento de los y las trabajadoras.