Hay dos adverbios de cantidad: casi y suficiente. Cuando los prominería dicen que el agua a verter será casi potable, nosotros les contestamos que con ese casi, es suficiente para contaminar el Guadalquivir de forma irreversible.
Han pasado veintiseis años desde la catástrofe de la balsa minera de la multinacional sueca Boliden, que puso en riesgo la integridad de Doñana, por la negligente gestión de esa balsa. Y han pasado dieciocho años desde la tragedia de la mina mexicana Pasta de Conchos, de la multinacional Grupo México, donde murieron sesenta y cinco mineros mientras trabajaban sin las obligadas medidas de seguridad. Y han pasado diez años del vertido que envenenó el río Sonora, de la mina de Buenavista del Cobre, también del Grupo México.
Esos desastres estuvieron anunciados por la sociedad civil, y demuestran la falta de una mínima responsabilidad social —y de esa cacareada nueva debida diligencia— de las multinacionales, y también de los gobiernos, estados y organismos de control, que demasiadas veces se pliegan a los intereses de esas multinacionales frente al interés general de la protección del medio ambiente y de la protección de la vida y la salud de las personas.
Ahora Grupo México, bajo su marca española de Minera Los Frailes, está siendo autorizada por la Junta de Andalucía, con el beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), para reanudar la actividad extractiva en Aznalcóllar, incluyendo un vertido al estuario del Guadalquivir de 85 250 millones de litros de agua, dicen que depurada, dicen que casi potable, pero con suficientes metales pesados para envenenar el río, mediante su efecto acumulativo, desde Sevilla hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, junto a las costas de Doñana. Este vertido se unirá al que desde 2009 lleva realizando la mina de Las Cruces desde Gerena.
Cuando avanzan las evidencias de los beneficios de la restauración de la naturaleza (empleo, salud, calidad de vida, sostenibilidad —de verdad—, etc.) se acelera la locura de un sistema económico que hace aguas gracias a esa gran confabulación de intereses, acompañadas de un gran apoyo mediático, y bajo el argumento supremo del «reglamento de materias primas fundamentales».
Se está acusando de obstaculizar la creación de ¿riqueza? y empleos a organizaciones y ciudadanos social y medioambientalmente conscientes. No olvidamos a Berta Cáceres. Pedimos un poco de respeto a las más de ochenta organizaciones que han firmado el manifiesto contra los vertidos de la mina de Aznalcóllar, y a los académicos, científicos y universidades que están elaborando informes sobre las nefastas consecuencias de ese vertido.
Se nos acusa de alarmistas porque estamos logrando visibilizar la tubería de treinta kilómetros que llevará esos vertidos tóxicos, desde la mina hasta Sevilla, frente al estadio de la Cartuja, logrando que la población sea consciente del riesgo qué significa para su salud.
La última acusación de alarmismo procede de la CHG, una institución con una credibilidad bajo sospecha por no haber actuado diligentemente ante los continuos robos de agua que han dejado a Doñana al límite de su supervivencia y ante los déficits de funcionamiento de los sistemas de depuración urbana, sancionados por la Unión Europea, cuyas multas millonarias pagamos la ciudadanía.
El proyecto de reapertura de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar anuncia datos de creación de empleo cada vez más inflados, desde los 200 puestos de trabajo en 2015 hasta los 2 000 que pretenden vender ahora, ignorando el coste real de ese posible empleo, sin evaluar los costes contra la salud, los costes de los empleos que se perderán en otros sectores (pesca, alimentación, turismo), ni los costes que tendrá mantener para siempre los nuevos residuos que quedarán cuando Grupo México se vaya.
Se está ocultando a la ciudadanía la visión conjunta de los efectos perjudiciales de los proyectos mineros, los efectos eternos de sus vertederos tóxicos y el brutal maltrato, en cantidad y calidad, a nuestras reservas de agua: humedales, ríos y, sobre todo, acuíferos. En el caso de los vertidos al Guadalquivir de los proyectos de Minera Los Frailes y Cobre Las Cruces, las autorizaciones siguen ignorando la verdadera dinámica del estuario, puesta de manifiesto hace años por el equipo de investigación del recientemente fallecido Miguel Ángel Losada, en sus estudios científicos que sirvieron para frenar otro proyecto que hubiera sido letal, el del dragado de profundidad del estuario. Y ahora están siendo actualizados mediante nuevos estudios científicos de investigadores de las universidades de Sevilla, Huelva, Cádiz y Granada.
De extrema gravedad es el incumplimiento de la ley de Doñana que hace la Autorización Ambiental Unificada para la Mina de Los Frailes, firmada el 11 de julio, omitiendo el informe preceptivo del Consejo de Participación de Doñana para este tipo de proyectos con afecciones al espacio natural. Y el propio Consejo, el 8 de julio, impidió que los vertidos mineros se incluyeran en el orden del día, en contra de la petición de las organizaciones ecologistas.
Tampoco consta informe del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco que actualmente está revisando junto a la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) la inclusión de Doñana en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
Realmente, lo que está ocurriendo es que la taxonomía del lucro ha vencido a la taxonomía de lo que debería ser la sostenibilidad ambiental. Nada bueno puede ocurrir en un mundo en el que el beneficio privado y la avaricia son considerados como motor de desarrollo. Es urgente recuperar la memoria, el sentido racional de lo que significan el interés público superior y el principio de precaución.
