El Estado español es un gran exportador de armas, con una cuota en el mercado mundial que nos sitúa, según el año, entre el sexto y el séptimo puesto, detrás de los cinco grandes con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tal vez la paz no se abre camino por esta curiosa coincidencia: los encargados permanentes de mantenerla son los principales interesados en vender armas con que negarla
Dos de las grandes características de nuestra venta de armas son que:
- Gozan de una especial y privilegiada promoción efectuada por las altas magistraturas de nuestro poder político (léase del rey para abajo) y de todo el estímulo de siniestros y complejos intereses militares-políticos-industriales caracterizados por el puertagiratorismo entre los cargos políticos y las empresas de armamento.
- La falta de escrúpulos para vender armas a cualquier tipo de país y bajo cualquier circunstancia, eludiendo incluso las exigencias de la ley al respecto.
Uno de los casos más nefastos lo tenemos en la venta de armas a diversos países del Golfo y del entorno árabe, a los que vendemos armas a sabiendas de su uso más que previsible en las guerras que generan. Conflictos que, además, muchas veces se juegan en un tablero geoestratégico mundial donde actúan en defensa de nuestros intereses occidentales, y «luchan por nosotros», cuando no bajo el consejo de nuestros asesores militares y entrenadores. España ha ido un paso más allá y no solo vende armas a países en guerra, sino que fomenta y promueve la guerra y alimenta los conflictos, pasando de ser un mercader a ser uno de los países agresores de primer orden, con una peligrosidad que no puede, a largo plazo, sino volverse como un búmeran contra nosotrxs mismxs.
El caso de Yemen es paradigmático. Lanzagranadas y lanzadores españoles, de la marca Instalaza, fueron encontradas allí. Instalaza, según la trazabilidad de dichas armas, se las vendió a Arabia Saudí, en guerra con Yemen. Instalaza fue la empresa de Morenés, desde que abandonó la Secretaría de Estado de Defensa del gobierno Aznar, hasta que asumió el Ministerio de Defensa con Rajoy. ¿Coincidencia?
En agosto de 2017 iba a salir de Bilbao, como de costumbre, el buque Bahari Jaddah. No era su primer viaje y su cargamento debía ser vox populi en el puerto, pero saltó a los titulares mundiales gracias a la hazaña de un bombero, Ina Robles, que se negó a colaborar con la tropelía de vigilar el embarque de armas para Arabia Saudí, previsiblemente para su guerra en Yemen, con la ignorancia (¿falta de vigilancia, relajo, complicidad tal vez?) de las autoridades españolas y vascas. ¿Otra coincidencia?
El carguero Bahri Jeddah, según información de la Cadena Ser, ha transportado con destino saudí 352 contenedores de armas, 9975 toneladas de bombas, granadas y misiles. Una barbaridad que no puede, o no debería, haber pasado inadvertida.
También conocemos la presencia de blindados BMR-600 Pegaso, URO Vamtac S273; pues se han encontrado en mano de los rebeldes houtíes, aliados de los saudíes, en Yemen. ¿Cómo llegaron hasta allí?
Yemen en la actualidad no solo cuenta con la asolación propia de la guerra, sino que ahora, además, y a causa de esta, padece la más extensa pandemia de cólera del planeta. ¿Dónde deberán apuntar Instalaza y el Gobierno español esta proeza, de la que nuestro armamento es partícipe y que engorda los dividendos de nuestra industria militar?
También ahora se está cerrando un acuerdo, con apoyo de las propias casas reales saudí y española, para que Navantia, empresa pública en números rojos, venda fragatas (que se fabricarán en Cádiz y Ferrol) previsiblemente destinadas a participar en el bloqueo marítimo al que los saudíes quieren someter a alguno de sus enemigos. Esto provocó que en el Parlamento se tratara un posible veto a la venta de armas a este país y a Irán; con el resultado de que tanto Ciudadanos, como el PP y el PSOE vetaron la propuesta con argumentos peregrinos. Ciudadanos llegó a afirmar incluso la prioridad del empleo en Cádiz por encima del sufrimiento en Oriente Próximo, o a negar la vigencia de los Derechos Humanos cuando los humanos carecen de DNI español. ¿Otra coincidencia de intereses entre los partidos dispuestos a apuntalar el régimen?
Según la campaña Armas Bajo Control, el Estado español ha vendido material militar a Arabia Saudí desde marzo de 2015 (fecha del conflicto de Yemen) por más de 650 millones de euros. ¿Nada que decir?
Nuestra colaboración con el militarismo saudí no se reduce a la venta de armas, sino que además entrenamos a sus pilotos militares. Así ha ocurrido en la época de Zapatero como presidente de Gobierno. Les entrenamos en el uso de cazas de combate Eurofighter. Este aparato se fabrica por un consorcio del que España forma parte y en el que es el único país que ha perdido aviones con víctimas mortales: cuatro, el último, el pasado 12 de octubre. Mismo entrenamiento que se intentó con los omaníes y fracasó porque alguien puso el grito en el cielo.
Está demostrado que Arabia Saudí bombardea posiciones en Yemen con 40 Eurofighter, de los 72 con que cuenta gracias a la venta que les hizo el Reino Unido.
De modo que la estrecha relación del Estado español con los saudíes es, cuanto menos, cómplice de las guerras que desencadena por la irresponsabilidad de mirar para otro lado y no preguntarse qué hace tal cliente con las armas españolas. Pasaríamos de cómplice a culpable si ese desvío de mirada fuese consecuencia de saber de antemano el futuro uso de tales armas y del interés en ganar dinero, dejando a un lado la ética con el objetivo de que otros hagan el trabajo sucio de fragmentar aún más a los pueblos árabes.
En suma, demasiados datos para hacer inexcusable la revisión de la política de venta y de fabricación de armas. Y no solo porque atenta contra los Derechos Humanos en todo el planeta y contra nuestra ética y solidaridad, sino también porque el prometido trabajo para las zonas deprimidas en España es una falsedad más. Una solución mágica que sirve como señuelo para perpetuar la dependencia de Cádiz o Ferrol del monocultivo militar; atados a los caprichos del militarismo y a los intereses económicos de los propietarios de estas industrias y sin posibilidad de emprender un desarrollo alternativo, solidario y con futuro al que tienen derecho.
Si todo lo que invierte el Estado en mantener subvencionada la industria asesina se destinara al desarrollo ético de Cádiz, Ferrol o Cartagena, sus posibilidades de futuro y de justicia serían evidentemente más halagüeñas. Y si no se invierte en ello es porque se defienden otros intereses. No nos engañemos.
