La agenda activista urbana no ha estado suficientemente comprometida con la justicia racial. Tras participar durante más de una década en distintos colectivos cuya agenda política es la ciudad, quisiera destacar algunas ausencias sobre cómo opera la raza en la ciudad capitalista. Estos vacíos los he notado tanto en las investigaciones junto a movimientos sociales como en mi propia militancia. No soy, ni mucho menos, la primera en enunciarlo, por eso, para este artículo me valgo de referentes teóricos y políticos de los movimientos por la ciudad como los de los antirracistas. Además, trataré de conectarlos con experiencias concretas que he habitado junto a ambos movimientos y que han llenado de sentido las ideas que propongo.
En las luchas por el derecho a la ciudad —contra la gentrificación, turistificación y desahucios o por las rentas asequibles del alquiler y producción de espacios colectivos— no podemos dejar de lado las reivindicaciones antirracistas que denuncian el urbanismo racial en el acceso a la vivienda, en la distribución espacial, en la movilidad y calidad de espacios públicos y en la memoria colectiva del patrimonio y el callejero de la ciudad. Además, la clase social por sí sola no puede justificar dónde, cuándo y cómo se produce la gentrificación y la turistificación; no puede explicar por qué en un mismo distrito de barrios devaluados, unos son sometidos a procesos de renovación urbana y otros al abandono del espacio y al control social; y no puede dejar de preguntarse sobre las formas en que el capitalismo racial (Robinson, 1983) segrega nuestras ciudades y despoja e invisibiliza las experiencias no-blancas en el espacio público, tal y como las experiencias políticas colectivas antirracistas están denunciando.
Primera: El antirracismo es una batalla por la ciudad
Memoria Negra (Granada) y Sevilla Negra son dos experiencias que nos enseñan las memorias colectivas racializadas negativamente a lo largo de la historia de nuestras ciudades. Para Elena Benito, una de las editoras de Memoria Negra, retratos de figuras afro de la historia de España (EUG, 2023), se trata de «honrar la memoria de quienes han sido invisibilizados y negados, y crear referentes para la población actual afrodescendiente, pero también para todo el mundo, porque son referentes y muestran las conexiones históricas, es la historia de todos».
Esas negaciones históricas en la episteme urbana (Garcés, Jiménez y Motos, 2015) están siendo contestadas «al reivindicar nuestro lugar como parte de la historia de la ciudad, donde ahora no hay nada que lo señale y explique —señala Hassan Sall, de Sevilla Negra—, y conecta con nuestra experiencia de no tener papeles, no tener nada. El racismo es histórico, es sistémico. Al hacer nuestra asociación, nuestras rutas, podemos enseñar cómo ellos vivieron, podemos recordar, recuperar, remover, revolver y reemprender… Lo podemos hacer nosotros, también».
Estas experiencias, que visibilizan nuestro pasado esclavista o los desplazamientos y realojamientos forzosos y nos informan de personajes históricos no-blancos, es fundamental para el derecho a la ciudad porque producen espacio; la ciudad se nutre de lo que la altera (Delgado, 2015). Las rutas urbanas, la reivindicación de incorporación de nombres al callejero y monumentos en el espacio público impulsan otro modo de (re)conocer nuestras ciudades, lo que a su vez aviva el conflicto consustancial de la vida urbana.
Segunda: Los pueblos que sufren el racismo inspiraron el derecho a la ciudad
Que la Internacional Situacionista se inspiró en las Kumpània Rroma para imaginar ciudades itinerantes con comunidades autogestionadas es algo reciente que he aprendido de Cristina Botana (2022). Ella explica las conexiones entre el pueblo gitano y la IS, incluido el deseo nómada de la deriva urbana y al mismo tiempo denuncia el extractivismo y la hipocresía de una IS despreocupada por el racismo de las políticas de desplazamientos y realojamientos forzosos, que sobre el pueblo gitano se lleva(ba)n a cabo.
La segregación espacial queda, a menudo, al margen de las luchas por el derecho a la ciudad, descuidando dónde va la gente que está siendo desplazada por los procesos de gentrificación; como si el centro pudiera ser reivindicado al margen de las dinámicas socioespaciales de la ciudad, de las que forma parte y que lo determinan. Sin embargo, como dice Sall: «Del mismo modo que a las personas negras que dejaban de ser esclavas se les ubicaba fuera de la ciudad, hoy sucede con la población migrante; solo puedes vivir en algunos barrios que están fuera». La segregación espacial en nuestras ciudades funciona como unidades administrativas para control y gestión de poblaciones racializadas no blancas, antes que como conjuntos de barrios que produzcan espacio e identidad colectiva. Despojar de viviendas, forzar el desplazamiento, cercar, realojar, aislar a la población migrante y gitana está bien documentado para los casos de Triana hacia Las tres mil viviendas o desde el Sacromonte a Almanjáyar. En un puñado de encuentros en donde he participado con los colectivos de la zona norte de Granada, se reivindicaron viviendas dignas y con suministros, espacios para la venta ambulante en el barrio y mejorar las conexiones con el resto de la ciudad a través de los transportes públicos y de equipamientos compartidos.
Tercera: El antirracismo siempre ha sido un movimiento por el derecho a la vivienda
Aunque Martin Luther King es conocido por luchar por los derechos civiles del pueblo afroestadounidense, Cornell West (2015) recoge su radical lucha por el derecho a la vivienda. Impulsó en 1966 una campaña por los alquileres sostenibles y en cualquier distrito de Chicago, con huelga de alquileres y acciones contra los desalojos. Lograron que se ampliara el parque de vivienda pública y se adoptaran medidas antidiscriminatorias. La ley de vivienda justa, que prohibía y sancionaba la discriminación racial, fue aprobada en 1968, una semana después de que King fuera asesinado.
El racismo inmobiliario es un tema primordial por el derecho a la ciudad. El rentismo se vale del racismo estructural para negarse a ofrecer alquileres a familias no blancas, abusar en las fianzas y mensualidades, alquilar infraviviendas y exigir la aplicación dura de la ley de extranjería cuando los casos se denuncian. Desde Stop Desahucios Granada junto a Nosotras. Por el empleo y los cuidados en el hogar y Sirirí. Mujeres creando, hemos peleado casos en los que el racismo agravaba un problema con la vivienda. Además, las familias no blancas están sobrerrepresentadas en Stop Desahucios y el racismo está siempre presente durante la lucha por sus viviendas: obtención del padrón, relación con los Servicios Sociales o negociar un alquiler con derecho a compra con un banco.
Al principio de la pandemia, el movimiento Black Lives Matter lanzó la campaña Si las vidas negras importan, entonces, stop desahucios. Se replicó en otros muchos lugares e inspiró a muchos movimientos. Que las familias en situación de vulnerabilidad puedan luchar contra su desalojo hasta diciembre de 2024, aquí, es el resultado de esa onda en la que incluyo el Informe racismo y xenofobia durante el estado de alarma (Mamadou et al., 2020).
Para Henri Lefebvre (2017) la lucha de clases no se da en la fábrica, sino en la ciudad y no solo se compone del proletariado o luchas propiamente urbanas, sino potencialmente también, feministas, antirracistas e incluso, prácticas de resistencia cotidiana; porque son saberes y experiencias que se dan en la ciudad y ponen el centro en el cuerpo excluido del espacio. Por tanto, el derecho a la ciudad no solo no se ve debilitado por el estado de disipación de la clase trabajadora, sino que debería verse fortalecido ante la incorporación de los nuevos precarizados urbanos (Harvey 2013).
