Este verano en Andalucía han resonado ecos de una violencia extrema que viene sufriendo el pueblo gitano por el mero hecho de serlo; los pogromos son una máxima expresión del antigitanismo que habita en las entrañas de la sociedad —todavía—.
Y es que hacer que toda una comunidad gitana pague por lo que ha hecho uno de sus miembros no es una novedad en Andalucía; fue en Jaén, en Martos en 1986, donde ocurrió el primer pogromo antigitano que conocemos desde la muerte del dictador de cuyo nombre no queremos acordarnos. Alrededor de un centenar de marteños, jaleados por centenares de manifestantes que exigían a las autoridades la expulsión de toda la comunidad gitana del pueblo, incendiaron una treintena de casas de familias gitanas. El origen de esta barbarie tuvo lugar en la agresión de un joven gitano a otro joven que no lo era. Esto supuso la huida de alrededor de un centenar de personas gitanas hacia otros lugares de la geografía española. Tras el juicio, en el que solo hubo dos procesados, los lugareños repetían de forma conjunta que quien había quemado las casas había sido «el pueblo», en respuesta a la búsqueda de culpables por parte de la justicia.
Cinco años después, en el también jienense Mancha Real, el asesinato de un vecino a manos de un joven gitano desató un tumulto que exigía la expulsión de la comunidad gitana de la zona. Las viviendas de las familias gitanas de la localidad quedaron destrozadas por unos cuantos, con el apoyo de todo el pueblo. Estas familias tampoco pudieron rehacer su vida en su pueblo. Los intentos de algunas de ellas por regresar quedaron frustrados cuando alrededor de doscientas madres boicotearon cuatro meses después, a gritos de «asesinos, asesinos», la vuelta al colegio de los niños y niñas gitanas de entre seis y diez años, quienes tuvieron que ser escoltados por la Guardia Civil. Al día siguiente, la escuela amaneció vacía porque los padres y madres de los cerca de 1.400 alumnos/as del colegio se negaron a que sus hijes compartieran aula con alumnado gitano.
Este verano, hemos podido comprobar como el fuego del antigitanismo en Andalucía sigue quemando. Continuos ataques hacia familias gitanas de la localidad jienense de Peal de Becerro han sido objeto de debate nacional después del asesinato de un vecino a manos de unos jóvenes gitanos tras una pelea (que no reyerta, que vende más). Una multitud saqueó y quemó las casas de familias gitanas que no tenían siquiera parentesco ni relación con los homicidas, los cuales se encuentran hoy en prisión. También marcaron sus fachadas con «gitanos fuera». Las familias no han podido volver a su pueblo.
Un mes después, ocurrió en Íllora, Granada. Tras el asesinato de un joven de 19 por un joven gitano de 23, centenares de vecines asaltaron seis casas de familiares del homicida y tapiaron sus puertas, además de quemar sus coches e incluso las bicicletas de los pequeños de las familias. El homicida está en la cárcel desde agosto, aunque el pueblo sigue manifestándose dos meses después pidiendo justicia (supongo que, para ellos, una condena a prisión no es suficiente castigo si se trata de un gitano).
La convivencia interétnica que ha sido destrozada en todos estos casos que acabo de exponer sigue un patrón con siglos a sus espaldas: castigar a un grupo por lo que hace uno de sus miembros en un claro intento de tomarse la justicia por su mano cuando el presunto culpable es una persona de etnia gitana, algo que en ningún caso ocurre cuando en casos similares no lo son. Todas estas familias han tenido que huir de sus pueblos en busca de su derecho a vivir.
Los discursos de odio, especialmente los antigitanos en torno a estos hechos, vienen a reforzar que el móvil de las agresiones en estos casos es la indeseable generalización, la estigmatización y la deshumanización de una etnia, alimentado por una discriminación, persecución e intento de exterminio histórico desde las propias instituciones en todo el país (y en todo el continente Europeo).
En un documento del 12 de enero de 1425, figura la llegada a Zaragoza de un grupo de nómadas gitanos procedentes de Francia. Esto se consagra en la primera prueba documental de la presencia de gitanos en la península.
Los Reyes Católicos tardaron muy poco en buscar la «homogeneidad cultural» en sus dominios. Así fue como en 1499 nace la primera de cientas de pragmáticas antigitanas en la península que firmaron Isabel y Fernando, como dice el Lebrijano, sin temblarles las manos, cuya finalidad era el exterminio y destierro de nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra rromipen (gitanidad) y de nosotras mismas: «Mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros reinos y señoríos con sus mujeres e hijos, que del día que esta ley fuera notificada y pregonada en nuestra corte […] salgan de nuestros reinos y no vuelvan a ellos en manera alguna, so pena de que si en ellos fueren hallados o tomados sin oficios o sin señores juntos, pasados los dichos días, que den a cada uno cien azotes por la primera vez, y los destierren perpetuamente destos reinos; y por la segunda vez, que les corten las orejas, y estén sesenta días en las cadenas, y los tornen a desterrar, como dicho es, y por la tercera vez, que sean cautivos de los que los tomasen por toda la vida».
En 1749, durante el reinado de Fernando VI, tuvo lugar lo que payamente se conoce como La Gran Redada, a la que yo prefiero llamar prisión general de gitanos, donde se mandó capturar a toda la comunidad gitana: «Por los graves motivos, que ha hecho muy notorios el atrevimiento de los que se llaman Gitanos, pues con la insolencia de sus perversas inclinaciones, […] resolvió la piadosa justificación de Su Majestad así por el alivio de sus Pueblos, como por contener, y enmendar de una vez a esta multitud de gente infame y nociva, el que se recogiesen cuantos habitaban en estos Dominios con el nombre y opinión común de Gitanos…».
La estela de la persecución en Europa es tan antigua como la de nuestra propia presencia. En 1439 fueron expulsados de París. En 1944 tuvo lugar la matanza de alrededor de 4.300 gitanos y gitanas la noche del 1 al 2 de agosto en Auschwitz. Se calcula que en los territorios bajo el dominio de la Alemania nazi, desde 1938, fueron asesinados alrededor de 500.000 personas gitanas en los campos de concentración, lo que conocemos en el pueblo gitano como Porrajmos o Samudaripen (el Holocausto Gitano). De toda Suiza, en 1471. De Alemania en 1500 y en Inglaterra en 1514 —con pena de muerte a los que se quedaron—. La venta de esclavos rroma perduró en Rumanía hasta 1864. Incluso en la Rumanía postcomunista quemaron, entre 1991 y 1993, es decir, antes de ayer, veinticuatro poblados gitanos.
Estos son solo algunos ejemplos puntuales del control, deportación, esclavización y exterminio de las rroma en Europa, que daría para otro artículo si mis compañeras de El Topo Tabernario me lo piden.
Pero volvamos a Andalucía. Uno de los hechos recientes más traumáticos es la expulsión de las familias gitanas de Triana en los 50 para condenarlas a la periferia hasta la construcción de las 3.000 viviendas. Entre esas familias estaba la mía. Pero mi abuelo Paco Carbón no fue «reubicado» como dicen los que pretenden blanquear esta barbarie antigitana. Fue fusilado. Sus hijes fueron enviados a internados cristianos para despojarles de toda su rromipen. Cuando pudieron salir, mi padre y mis siete tíos y tías pudieron volver a los últimos corralones de Pelay Correa, a donde pertenecían y a donde les llamaba la sangre. Pero su historia, como la de otras tantas familias gitanas de esta tierra, quedó marcada para siempre; mi padre tuvo que meterse a monaguillo para poder comer. Mis tías a limpiar las casas de los señoritos. Me pregunto cómo sería la vida de mi padre ahora si hubiera tenido la oportunidad de desarrollar y expresar el arte plástico y de la escritura que le corre por las venas.
Las gitanas de España tuvimos que esperar a la Constitución de 1978, en cuya redacción se encuentra la firma del tío Juan de Dios Ramírez Heredia, aunque en los libros de historia no aparezca, para ver la eliminación de las últimas normas discriminatorias con el pueblo gitano, y hasta 2022 no se ha incluido en el Código Penal el antigitanismo como delito de odio.
Nuestra mera existencia es pura resistencia.
