Estamos rodeadxs de tantos bloques, tantos pisos, tantas urbanizaciones, tantos chalés y tantas ventanas que parece imposible que habitar una vivienda sea un privilegio. ¿Una casa vacía es una casa o es otra cosa? Javier Gil, investigador y portavoz del Sindicato de Inquilinxs de Madrid, nos trae las claves para desmontar el sistema inmobiliario-especulativo que maneja los metros cuadrados de nuestra precariedad.
¿A qué te dedicas?
Actualmente estoy trabajando para un Instituto de Urbanismo y Vivienda, el Institute for Housing and Urban Research de la Universidad sueca de Uppsala, donde investigamos los procesos de financiarización de la vivienda en España en relación a las políticas y a los movimientos de protesta que este tema ha generado. También estoy en otros proyectos colectivos donde estudiamos los impactos de Airbnb en distintas ciudades en España, y le dedico mucho tiempo al sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid, que es una organización que fundamos en 2017 junto a compañerxs de otras ciudades. Desde ahí, las personas que vivimos de alquiler presionamos para que no haya abuso por parte de los caseros, para que haya cambios legislativos, para visibilizar lo que ocurre en torno a la vivienda, etc.
Parece que toda presión es poca
Hay que presionar todo lo posible porque nos enfrentamos a un contexto muy desfavorable para las personas que vivimos de alquiler. En el Estado español el modelo inmobiliario que se ha desarrollado desde el Franquismo hasta la actualidad ha sido impulsar el mercado en propiedad como la única forma digna de vivir. Ese modelo surge a costa de desproteger el mercado del alquiler, atacarlo y convertirlo en precario e indigno, ya que vivir de alquiler en España se asociaba con gente joven o gente que había fracasado socialmente; incluso el concepto de clase media pasaba obligatoriamente por tener una casa en propiedad o incluso, a partir de los 2000, tener una segunda casa en la playa. Eso era ser clase media, en lugar de tener un capital económico o cultural. En 2008 el modelo se rompe, pero en ese momento no solo nos enfrentamos a la crisis del modelo hipotecario, sino que también nos encontramos con un contexto de ausencia de políticas de vivienda reales y con un mercado del alquiler muy desprotegido. Cuando fundamos el sindicato de inquilinxs pensábamos que la ley de ordenamientos urbanos era muy chunga, y luego nos dimos cuenta de que los propietarios intentan vulnerarla, saltársela y ser aun más duros con lxs inquilinxs. Los inquilinxs desprotegidxs, no organizadxs, son inquilinxs a lxs que se les puede hacer de todo en este país, por eso es muy importante organizarse para luchar contra los grandes grupos de presión financieros inmobiliarios, pero también para no permitir que en la cotidianidad de nuestros barrios y de nuestras ciudades se permitan abusos que van desde firmar contratos con cláusulas abusivas, que no te quieran arreglar la caldera o no te quieran devolver la fianza; y, sobre todo, que no te suban el alquiler de forma abusiva, que es algo que lleva pasando en España desde 2014. La PAH ha parado miles de desahucios, por medio de la desobediencia civil se han solucionado los casos de miles y miles de personas y aun así no ha habido cambios legislativos (precisamente por el poder de los bancos), es un ejemplo muy claro de que o te organizas y luchas o estás perdida.
¿Alguna vez las políticas sociales le han hecho caso a la falacia constitucional de que la vivienda es un derecho fundamental?
El problema con la vivienda es que el modelo español está basado en criterios especulativos. Durante los primeros años del Franquismo y después de la guerra civil había que solucionar los problemas de vivienda y ahí sí que se aprobaron determinadas leyes como contratos de alquiler de duración indefinida o prórroga forzosa. Muy pronto la política de vivienda fue utilizada por el Franquismo en una dirección que no nos gusta, cuando aquel ministro decía: «No queremos un país de proletarios, sino de propietarios». El acceso a la vivienda en propiedad era una forma de pacificar a esos movimientos obreros que empezaban a surgir en torno a las ciudades industriales, movimientos que en otros lugares de Europa tenían mucha fuerza, para que se adhirieran a los principios de las élites y del régimen. Aunque se reconozca en la Constitución como un derecho a cumplir y, además, se menciona que la administración tendrá que intervenir contra la especulación, vemos que ha sucedido todo lo contrario. Da igual lo jurídico y lo legislativo porque se ha incumplido y porque lo que ha pasado en España es reconocido internacionalmente como un modelo fallido, basado en la especulación. Lo más preocupante es que de 2008 en adelante, en vez de reestructurar el sistema ya que está claro que ha fallado, lo que ha pasado es que se ha intentado restaurar en lugar de buscar uno nuevo.
¿Tendremos una ley de vivienda?
De momento parece que el acuerdo es real y que va a salir algo; es un avance muy importante que haya una ley de este tipo en España porque aquí todo lo que sea limitar las posibilidades de especular nunca se ha legislado. En este acuerdo se determina que por ley no puedan subirte el alquiler o que si el casero es un gran propietario, que te lo bajen. Aun así tiene un alcance limitado porque se deja un montón de cosas fuera: que una persona que tenga 15 viviendas y no se considere multipropietario es un error. Es una medida que de por sí es importante pero que se queda a medio camino, y sabemos que es por la presión que está recibiendo. Esta ley debería avanzar, salir y ser más garantista de lo que ya es, pero está habiendo mucha presión para que no salga adelante. En España se ha legislado para que suba el precio de la vivienda y los alquileres, ese ha sido el modelo de desarrollo del país. Ahora aprobar una ley que vaya en la dirección contraria es muy difícil porque hay mucho dinero en juego y sobre todo porque son los bancos y los grandes fondos de inversión que han entrado de 2014 en adelante los que tienen que perder o, mejor dicho, menos que ganar.
El programa de ayudas al alquiler que acaba de sacar el Gobierno para jóvenes, ¿sirve para algo?
Solo ayuda al sector financiero, al sector de los propietarios, porque es una forma de transferir dinero público al sector privado. Cuando tienes problemas con los alquileres abusivos, la solución no es que el Gobierno te pague parte de ese alquiler, la cuestión debería ser que el Gobierno intervenga para que baje ese precio, porque no hablamos de que no haya vivienda para todo el mundo: España es uno de los países de Europa con más viviendas construidas por habitante; el problema es cómo se organiza y cómo se regula ese mercado. Los precios de la vivienda se han disociado de la economía de los hogares y de la economía del país porque hemos vivido un proceso especulativo. En España se ha regulado para que vuelvan a subir los precios precisamente porque los bancos, después de desahuciar a medio millón de personas, se habían convertido en las grandes inmobiliarias del país, entonces no se podía permitir que los bancos vieran cómo el valor de sus activos, todo ese ladrillo tóxico, fueran perdiéndose con el paso del tiempo, por eso había que intervenir en el mercado para que esos precios subieran.
Volviendo a la pregunta, si tu casero te sube el alquiler y tú no tienes dinero para pagarlo, a lo mejor estas dispuesta a abrir un conflicto con él, eso es lo que decimos en el sindicato: frente a un alquiler abusivo, niégate a pagarlo, organízate con nosotras y lucha. Si de repente te dan 200 euros se puede asumir la subida abusiva. Esto es transferir dinero al sector privado, no es política de vivienda. Si los precios son elevados y están disociados se tendrá que intervenir para que bajen, para que sean acordes y la población con sus ingresos pueda pagarlo. No es normal que la población que no es «vulnerable» , que tiene trabajo y salarios medios, de repente no pueda pagar el alquiler o este se lleve un 40% de su sueldo.
Las personas que tienen una hipoteca también están desprotegidas
Claro, el modelo hipotecario ha fallado y ahora solo puede ser una solución para aquellas personas a las que sus familias pueden adelantarle 30 000 o 40 000 euros. Sin ayuda familiar no hay hipoteca, es un modelo al que solo las personas más privilegiadas pueden acceder o determinados sectores de las clases medias, pero no es un modelo por el que se pueda apostar ni que reconozca la vivienda como derecho: no garantiza que todo el mundo al margen de su renta o patrimonio familiar pueda acceder a una casa.
La Sareb, Idealista… ¿qué hay detrás de esos personajes y cómo nos afectan a la gente que buscamos un hogar?
La Sareb forma parte de la gran estafa que ha sido el ladrillo en España. Es una entidad que se crea supervisada por la Unión Europea, es un intento de que los bancos españoles no quiebren porque eso supondría una amenaza para el euro y para el sistema financiero europeo, ya que, si España cae, puede llevarse a Europa por delante. Es una forma de garantizar que todos los bancos pueden encasquetar todos sus activos tóxicos, ya que la Sareb se los compra a muy buen precio. Es otra forma de socializar las pérdidas del sector privado. En cuanto a Idealista, está comprado por un fondo de inversión muy importante y se ha convertido durante los últimos años en el Ok diario del sector inmobiliario, porque genera un ataque constante a todo lo que vaya en contra del sistema especulativo.
¿Qué modelos de vivienda pueden ser referentes a seguir?
Los modelos que nos sirven deberían pasar por desmercantilizar la vivienda. Durante años el modelo ha girado en torno a que cada vez más la vivienda sea un recurso intercambiable de los mercados globales de capital y ahora el objetivo sería todo lo contrario, que no haya fondos de inversión jugando con el dinero de la clase trabajadora estadounidense, comprando viviendas en la periferia de Madrid porque esas viviendas solo les sirven par obtener una rentabilidad y que las viviendas sean para las personas; y que tras el fracaso del modelo propietario de hipoteca que ha sido la causa de a donde hemos llegado, apostar por la propiedad colectiva o municipal sería una desmercantilizacion hacia la remunicipalización del suelo y de la vivienda. Eso de dar suelo público a lo privado es una locura: en el suelo público se debería construir vivienda pública para la población, no vivienda privada para especular. Hay que apostar por parques de viviendas públicas donde toda la población pueda vivir en vivienda pública, no que sea algo de pobres, que sea un derecho igual que garantizar la sanidad universal al margen de su renta, debería suceder lo mismo con la vivienda, y apostar también, ya que el modelo de la hipoteca está asociado a un tipo de familia, por otros modelos de convivencia, más comunitarios, donde se fomente las relaciones de cuidados y ocio entre las personas que habitan los bloques. Estos son proyectos que ya se están dando.
¿Está funcionando la ley catalana de control del alquiler?
Lleva vigente trece meses, es pronto para evaluar políticas, pero de momento lo que vemos es que los municipios donde el precio de los alquileres se ha regulado, han bajado mucho más que en el resto. Además siempre dicen que cuando se regularizan los precios baja la oferta, pero en este caso la oferta ha crecido, tanto que ha batido récords de contratos de alquiler firmados.
Si no podemos alquilar, comprar ni okupar: ¿dónde vamos a vivir?
Cada vez tenemos menos posibilidades de habitar las ciudades, ya no solo los centros urbanos, sino las ciudades en sí mismas. Se van generando procesos de especulación, turistización, se facilitan los desahucios legislativamente, se permiten los desokupas, que son grupos parapoliciales que se encargan de desahuciar a familias vulnerables que han tenido que recuperar una vivienda vacía a un banco para echarles al margen de un procedimiento judicial, entonces te das cuenta de que la ciudad no facilita que pueda ser habitada por la población y es más habitable por turistas, por gente que está de paso y la población local se ve cada vez más expulsada, más lejos, con las consecuencias negativas que eso tiene sobre las vidas de las personas. Por eso nos toca no permitirlo, resistir contra ellos, visibilizarlo, obligar a los políticos a posicionarse y a apostar por modelos de desarrollo económico para las ciudades que, de alguna manera, no se basen en este tipo de procesos.
