Los nuevos presupuestos de PP y Ciudadanos son posibles gracias al apoyo de la extrema derecha. El pago por sus votos ha sido claro: más caza, más toros, más perseguir a los menores no acompañados y menos de La Nuestra.
El Gobierno de Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos, necesita a la ultraderecha desde su investidura. Los 12 diputados con los que Vox se plantó por primera vez en un Parlamento son, sin duda, los más valiosos en Andalucía. Aunque no han dejado de sufrir escándalos —incluyendo la pérdida de un sillón por el abandono de Luz Belinda o la baja del candidato el juez Serrano—, son los que, en la práctica, más condicionan al Gobierno. Cada ley del dúo Bonilla-Marín tiene que contar con su aprobación, lo que sitúa al partido de Abascal como la pieza clave en todas las iniciativas. Bonilla lo sabe y no duda en relajar sus intervenciones hacia sus socios preferentes, incluso cuando estos lanzan duras críticas desde el estrado. Los nuevos presupuestos andaluces para 2021 no iban a ser menos. Vox lanzó su farol con una enmienda a la totalidad que le permitió sentarse en la mesa con una posición adelantada. El Gobierno no iba a permitir que sus presupuestos quedaran bloqueados y ha hecho lo que tenía que hacer para velar por los intereses de su proyecto neoliberal: sentarse, negociar y ceder ante quienes en la práctica están marcando la política andaluza.
Vox tiene claro que viene a cambiar las cosas. Desde su denuncia a los chiringuitos socialistas, que sirvió para desinflar los presupuestos a asociaciones feministas, a su apuesta estratégica por aquellas batallas clave que permiten recomponer el campo de las derechas. Así, la tauromaquia y la caza, el antifeminismo —con especial dedicación a luchar contra el derecho al aborto— y la lucha contra la televisión pública son sus tres pilares desde donde avanzan sus ideas y logran apoyos en los sectores más conservadores. Una estrategia muy medida para ganar terreno en la batalla cultural contra los nuevos movimientos sociales y políticos de izquierdas. Desde fuera del Gobierno se sienten más libres para aparecer como críticos cuando Bonilla titubea con posiciones más centristas y, a la vez, se otorgan para sí como victoria cada céntimo de euro que el Gobierno otorga a los espacios comunes de la derecha. Un auténtico win-win con el que dejan más que claro que sus discursos estrafalarios y sus salidas del tiesto están más que medidas, en contra de lo que puede parecer a simple vista.
OBJETIVO CANAL SUR
Una de las batallas que con más ahínco ha peleado Vox ha sido la de Canal Sur. Al tiempo que el Gobierno de Bonilla la convierte en su televisión particular, los de Alejandro Hernando (actual portavoz de Vox) siguen presionando para menguar su financiación. Si hace unos meses saltaba la noticia de que el consejero Juan Bravo inyectaba 11 millones de los fondos covid para la recuperación económica a la televisión autonómica, los nuevos presupuestos retroceden en su inversión recortando en 14 millones su partida para el próximo año. La situación financiera de Canal Sur depende casi exclusivamente del dinero que el Gobierno de turno le otorgue con lo que ahora su crisis se agudiza. Vox ha conseguido también que se elimine una de sus tres cadenas y evita que se cubran los puestos del personal que se jubile, lo que merma así una plantilla envejecida.
Los ultraderechistas ocuparon los titulares con el órdago de cambiar el nombre a la mítica cadena andaluza por, precisamente, el nombre de la cadena que ahora van a suprimir: Andalucía TV. Consiguieron sacar un debate en el que toda la derecha es interesada, tratando de eliminar el legado del PSOE. Canal Sur es una cadena asociada a su régimen de casi 40 años, como lo era el logo de la Junta, y la extrema derecha está por romper con todo lo que huela al socialismo de Díaz, Griñán, Chaves y los suyos. Bonilla no iba a tragar con una polémica a raíz del nombre de la cadena, tan integrada en los usos y costumbres andaluces, pero ese globo sonda fue la distracción perfecta para imponer los recortes en la cadena que ocupan menos titulares. De nuevo, la política performativa de la extrema derecha marca agenda y permite aplicar políticas neoliberales.
A la vez que recortan los ingresos, sus líderes no dejan de copar espacios en la misma. Denuncian falta de pluralidad pero lo cierto es que la presencia de Vox en Canal Sur es cada vez mayor. Si antes atacaban a la cadena, ahora se fijan en los periodistas, a los que apunta y dispara vía redes. Hace un mes ya se encargó Zancajo, el entonces jefe de Canal Sur traído desde Madrid, de cargarse a uno de sus trabajadores por su vinculación con la lucha social y política en Sevilla. Nuestro vecino Ricardo Martín lo denunció así, aclarando que sus supervisores inmediatos no sabían nada del supuesto informe negativo que la dirección ha esgrimido como motivo del cese. A esta persecución laboral y política se suman los escándalos desatados con el regreso de la derechista Mariló Montero, con baja audiencia pero alto salario, a su expareja el polémico Carlos Herrera e, incluso, al hijo de ambos: Alberto Montero Herrera, que, junto con su desconocida empresa, formaron parte de un debate de opinión sobre redes sociales. Todo queda en casa. Poco presupuesto y, el que hay, para fomento de las ideas más neoliberales y conservadoras. Lo contrario a un servicio público y plural. Su propio chiringuito.
JARA Y SEDAL
Los valores clásicos de la identidad más derechista vuelven a recibir su pico en estos presupuestos. La caza toma un primer plano en las reivindicaciones de Vox, contentando así a su electorado y poniendo de los nervios a la izquierda que cada vez toma más distancia de estas prácticas violentas contra los animales. La Federación Andaluza de Caza se colará en nuestros colegios para enseñar a los y las más pequeñas de los beneficios de esta actividad. Si las escuelas debían convertirse en espacios de respeto, convivencia, cuidado del medio y de los animales, con este último giro de tuerca vuelve el gris y la violencia a los pupitres. Esta federación ya ha logrado cosas como saltarse el cierre perimetral para que los cazadores pudieran salir del municipio y acudir a los cotos de caza a ejercer su particular divertimento. ¿Cómo rompemos con la idea de que la caza o la tauromaquia son valores culturales y motores económicos en Andalucía? Son muchas las ecologistas y biólogas que plantean que la mano humana no hace más que alterar el ecosistema. La defensa de la caza como valor de «conservación» solo puede ser defendida por quien entiende que hay que poner tiritas, una detrás de otra, a un medio cada vez más exhausto. Dejar a los animales en paz, que recuperen su equilibrio y restablezcan sus poblaciones solo traería beneficios a la naturaleza, pero no a todos esos negocios cada vez más menguados de los cotos de caza privados o las monterías. Por no hablar de las 6 000 toneladas de plomo que se sueltan a nuestros bosques cada año en la península. Plomo que contamina e intoxica aguas, suelos y animales libres. Cada vez menos personas practican esta actividad dedicada a la muerte y la propuesta de llevarla a las escuelas, es la última ocurrencia de una derecha rancia que quiere conservar sus desfasadas aficiones a toda costa.
BILLETES PARA LOS CAPOTES
Nuestras escasas leyes de protección animal no pueden hacer nada contra la fiesta magna española. Miles de euros son dedicados cada año a una actividad que, además de promover valores un tanto cuestionables, no hace otra cosa que perder seguidores. Con datos de 2016 en la mano, observamos el descenso de esta práctica en los números: solo 386 corridas de toros en toda España para los algo más de 800 toreros registrados. La realidad es que muy pocos de ellos obtienen beneficio económico del asunto. Igual pasa con las ganaderías de lidia, apenas más de 1 000 en España, donde solo el 20% vendió a algún animal para este tipo de festejos. ¿Qué sector hay que rescatar realmente? Parece que poco, más si tenemos en cuenta que el 90% de personas en el Estado español no ha pisado nunca una plaza de toros a no ser que sea para ir a conciertos. En apenas el 20% de las plazas hay algún tipo de actividad relacionada con el maltrato animal.
No hay nada que justifique los 400 000 euros a esta partida: ni un gran número de personas que vivan de ello, ni interés para la sociedad ni tampoco interés cultural. Y es que la Unesco le ha dado un nuevo varapalo al sector de la tortura de toros en este 2020 negándose a reconocer tal aberración como acto cultural. Tal protección solo queda vigente en Andalucía y España.
Cada euro que el Gobierno le roba a la sanidad, la educación, los servicios en dependencia o la lucha contra el cambio climático para destinarlo a la tauromaquia es una cuestión puramente ideológica. Un espectro del voto conservador se siente vinculado a la idea del español como hombre bravo y fornido capaz de enfrentarse a un semental de 300 kilos aunque apenas acudan a las plazas a verlo. Para Vox estas victorias son balas cargadas de motivos para justificar su existencia en el campo de la derecha. ¿Quién si no sería capaz de aumentar inversiones en algo que cada vez se practica menos? ¿Hay otro motivo que no sea el de relanzar esa idea de país tan medieval, basada en el Cid, la sangre taurina y en el macho alfa para liderarlo? Una contraofensiva cultural frente a las ideas de feminismo, cuidados, diversidad y defensa de los derechos de los animales que tanto habían avanzado estos últimos años.
A POR LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS
El presupuesto andaluz para 2021 contempla un aumento en la partida para los centros de menores no acompañados —dados a conocer por la derecha como «menas» para que olvidemos durante un segundo que son menores sin familia—, pero las prestaciones que otorgan no son para mejorar los centros, organizar talleres o ayudarles a formarse y buscar empleo. No, qué va. Vox ha arrancado al Gobierno de Moreno Bonilla un aumento en seguridad. Pero ¿qué implica esto?; ¿de quién hay que defenderse exactamente? La estadística oficial desmiente todos y cada uno de los bulos que hablan de violencia. Por mucho que Vox —y ahora Bonilla— hablen de la necesidad de «barrios seguros», lo cierto es que estos barrios lo son. O son tan poco seguros como el resto donde no se ubican estos centros, según cómo o con qué gafas se mire. No hay menores extranjeros cometiendo delitos por ahí de forma masiva. A nuestros móviles llegan a veces capturas de pantalla de medios de dudosa credibilidad que aluden a estos menores como responsables de los peores delitos, pero la realidad choca de frente contra el bulo. Invertir en seguridad significa criminalizar estos espacios seguros. Hasta ahora, poca gente conoce que estos centros existen en sus ciudades o cuál es su ubicación exacta. Precisamente por seguridad (de las menores) la ubicación no es pública y apenas es conocida por las vecinas de la zona. Sin embargo, si colocan a un segurata en la puerta, solo van a conseguir señalar el punto rojo del conflicto para quienes precisamente quieren provocarlo, y a colocar a estos menores la lucecita de «peligrosos» al tiempo que tratan de encajar en un país que cada día les pone más barreras.
También se esfuerzan estos presupuestos en señalar que será la iniciativa pública la que se favorezca. Algo que en abstracto no está nada mal: luchar contra el servicio concertado. Pero viniendo de donde viene nos hace sospechar. Y es que el discurso de Vox, muy pegado a la denuncia de «chiringuitos» nos habla de que esta prioridad por lo público es más bien una declaración de intenciones para cerrar el grifo a ONGs e iniciativas particulares que son las que salvan la situación cuando la administración desaparece.
A POR UN FINAL FELIZ
La lucha contra el presupuesto no va a llegar desde el arco parlamentario. La aritmética le da a las derechas al menos dos años más de martillo pilón contra todo lo que suene a derechos sociales, servicios públicos y diversidad. Vox vuelve a colocar su teléfono intrafamiliar en la agenda con los presupuestos del 2021. El teléfono intrafamiliar que no discrimina entre el género opresor y el oprimido a la hora de pedir ayuda y en la práctica inutiliza un servicio para proteger a las mujeres como era el 016 que, con mucho espacio de mejora, era una vía segura para alertar sobre violencias machistas. En general, cientos de partidas que de forma directa o indirecta establecen una estrategia clara: ahogar todo lo que favorezca a las mayorías que, a su vez, representan a las minorías más oprimidas. Frente a esto: tejido barrial, cuidados, pelear cada discurso y cada bulo en nuestros centros de trabajo y estudio, y mucha, mucha organización. A pelear.
