nº43 | sostenibili-qué

El mal futuro de los parques metropolitanos

A finales del siglo pasado la Junta de Andalucía puso en marcha un ambicioso proyecto para dotar de grandes parques a todas las áreas metropolitanas de Andalucía. El plan se quedó en dos parques metropolitanos, El Alamillo, en Sevilla, y el Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida en la Bahía de Cádiz. Y el éxito ha sido rotundo. Espacios degradados, como las marismas de la bahía de Cádiz, o restaurados y reforestados, como el parque del Alamillo, se convirtieron en zonas de ocio para cientos de miles de personas que viven en entornos muy urbanizados. Y no se quedaron en simples parques para pasear: en estos parques se han desarrollado una enorme cantidad de actividades deportivas, culturales, medioambientales, educativas, científicas, etc… Sirviendo, además, de marco para el desarrollo de experiencias como los huertos urbanos de autoabastecimiento.

El Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida ocupa una extensión de algo más de 1000 hectáreas en pleno corazón de la Bahía de Cádiz, superficie que pertenece a los términos municipales de Puerto Real y El Puerto de Santa María, y que se encuentra integrado en el Parque Natural Bahía de Cádiz, siendo zona RAMSAR, ZEC y ZEPA, figuras internacionales de conservación. El Parque Metropolitano del Alamillo, que forma parte del área metropolitana de Sevilla, está ubicado en los términos municipales de Sevilla y Santiponce, configurado en torno al cortijo que le da nombre y en la ribera oeste del Guadalquivir. Se construye en el marco de la reforma urbana acometida para la Expo 92, dispone de 120 hectáreas, tras su ampliación en 2014, y destaca por su diseño en el que la vegetación implantada es de tipo autóctono recreando ecosistemas mediterráneos que van desde los sotos de ribera a zonas adehesadas, pasando por zonas densas de matorral de buen porte.

Pero, con total opacidad, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha decidido privatizar estos parques metropolitanos. El pasado mes de septiembre nos sorprendía la convocatoria de una licitación para empresas de la gestión integral de estos dos parques metropolitanos y, para más inri, con carácter de urgencia. El de Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida por una cuantía de 2.4 millones de euros; el del Alamillo por 3 570 373.10 euros. Con esta licitación se encargaría a una empresa privada los servicios forestales, mantenimiento del parque, vigilancia,
eventos, limpiezas de edificios y entretenimiento; lo que demuestra que se trata de una apuesta clara y decidida por la privatización de estos espacios públicos.

Hasta la fecha, la gestión realizada por el personal de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), que ha tenido una encomienda de gestión de estos parques, ha sido una labor de dedicación absoluta donde se ha trabajado por dinamizar y proteger unos espacios que han sido, y son, referencia en esas dos áreas metropolitanas. Las actividades y programas, los talleres de diversa índole, campamentos y las relaciones en general con todos los colectivos sociales, culturales y medioambientales han sido impecables y participativas. Estos parques metropolitanos han estado bien gestionados: se ha sabido compatibilizar su importante uso público con la conservación de sus valores naturales. Por tanto, es injustificable e inadmisible esta privatización encubierta. Asegurar que no se privatiza nada cuando se pretende contratar a unas empresas privadas para que se hagan cargo de la gestión de unos parques públicos, es no saber distinguir entre lo público y lo privado.

Las responsables de la Consejería de Fomento vienen argumentando que la Junta «carece de jardineros, seguridad y monitores de actividades en su plantilla, y por eso se hacen concesiones administrativas». Estas responsables olvidan que la Junta tiene empresas instrumentales precisamente para gestionar directamente asuntos de su competencia. Por ejemplo, la Empresa de Medio Ambiente y Aguas (Amaya), que gestiona el Infoca con personal propio, y que tiene una amplia experiencia en encomiendas de gestión en espacios naturales.

La reacción social e institucional contra la privatización de estos parques metropolitanos ha sido muy potente en la Bahía de Cádiz. El 20 de septiembre unas 1 000 personas participaron en una cadena humana frente al Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida para manifestar su rechazo a su privatización. La Diputación provincial de Cádiz y los Ayuntamientos de El Puerto y Puerto Real ya han aprobado sendas mociones contra esta privatización. La movilización estuvo convocada por una treintena de entidades sociales de muy variado signo: ecologistas, derechos humanos, vecinales, deportivas, feministas sindicales, consumidores de productos ecológicos, culturales, de huertos urbanos, juveniles, etc.

A la licitación del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida han acudido once empresas, entre ellas cuatro conocidas multinacionales: UTE. FCC Medio Ambiente, SAU / FCC EQUAL CEE Andalucía, SL (Carlos Slim); Talher, SA (Florentino Pérez); Acciona Medio Ambiente, SAU (familia Entrecanales y Eulen, SA (familia Álvarez).

A la licitación del Parque Metropolitano del Alamillo: Eulen SA (familia Álvarez) y Clece SA (Florentino Pérez).

Casi todas vienen del mundo de la construcción, la obra civil, la limpieza, la seguridad y la externalización de todo tipo de servicios de las administraciones públicas. Los temores de las consecuencias que pueda tener la privatización de estos parques públicos aumentan ante la posibilidad de que terminen siendo gestionados por empresas multinacionales que nada tienen que ver con la conservación de la naturaleza, ni con la gestión de parques públicos. Era lo esperado. Aparecen al olor del dinero, en este caso de 5 millones de euros.

Es sorprendente la falta de respuesta de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a la demanda ciudadana e institucional para que se paralicen estos procedimientos de privatización. A la Junta no le queda otra que suspender el concurso y garantizar la gestión de estos parques metropolitanos por empresas públicas, como se ha hecho hasta ahora con notable éxito, opción completamente viable, para lo cual solo hay que garantizar que la empresa pública a la que se le haga la encomienda de gestión realice con medios propios más del 50 % de los servicios a prestar, de forma que apostar por la gestión pública no suponga, en la práctica, la subcontratación de la mayoría de las actuaciones que se han de realizar, como venía ocurriendo ya en estos parques y que ha servido de coartada para presentar como irrelevante la privatización de estos espacios.

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