¿Saben ustedes que, en cifras redondas, el precio de la electricidad de su vivienda (impuestos excluidos) aumentó un 70 % entre 2006 y 2011, mientras que en el área euro el aumento fue solo de un 13 %? (1) Compárenlo con la inflación acumulada en el mismo periodo: un 12 %. A esa subida hay que incrementar otro 10 % en los últimos 2 años, por lo que vamos camino de duplicar los precios en una década.
El pasado agosto se reestructuraron otra vez las tarifas de acceso. La parte fija o término de potencia de su factura subió un 77 %, mientras la variable o término de energía de acceso bajó un 23 %. A modo de ejemplo, he hecho un pequeño cálculo con la factura de mi hijo: con una potencia contratada de 4,6 kW y 2600 kWh de consumo anual, a mi hijo le supone un 5,6 % de incremento en su factura.
Tenemos una de las tarifas domésticas más caras de Europa (1) y, sin embargo, el gobierno tiene en las Cortes un proyecto de ley de reforma del sector eléctrico cuyo objetivo principal es eliminar el déficit de tarifa (la diferencia entre los costes «reconocidos» a las empresas del sector y los realmente ingresados por la facturación de las tarifas de acceso), esto es, unos 4500 millones de euros anuales, que acumulados a los de años anteriores, amenazan con acercarse al importe del rescate bancario (30 000 millones de euros).
Este déficit tarifario no está incluido actualmente en las cifras oficiales del déficit público y la UE amenaza con obligar a introducirlo si no se toman medidas radicales. Y, a estas alturas, ya saben ustedes a lo que los tecnócratas europeos llaman medidas radicales.
En cifras del gobierno, de estos 4500 millones, 2700 los asumirá el sector, la mitad las empresas tradicionales y la otra mitad las renovables. Otros 900 millones correrán a cargo del presupuesto público y, el resto (900 millones), los pagaremos los consumidores a través de la subida de las tarifas de acceso de agosto (¡ellos estiman en un 3,2 % lo que para mi hijo ha sido un 5,6 %!), además de otros recortes.
Como siempre ocurre en estas ocasiones, esta reforma del sector eléctrico no es más que otra chapucera y oscura negociación entre la administración y los lobbys implicados, donde siempre gana el lobby que más recursos «técnicos» puede colocar para convencer a todos los niveles de la administración de la bondad de sus posiciones. Aquí, las eléctricas clásicas son unas verdaderas maestras. Y, claro, siempre pierde la ciudadanía. No pierden, sin embargo, los consumidores grandes organizados en otros grupos de presión, que ya están obteniendo mejoras a base de, por ejemplo, eximirlos del pago del impuesto eléctrico.
Así, buena parte de los recortes a las eléctricas tradicionales (1350 millones de euros anuales) serán contrarrestados por la subida de los precios de la energía que estas colocarán en el mercado. Subida que pagaremos los consumidores, tanto vía los presupuestos del Estado (900 millones de euros anuales) como con la subida de las tarifas de acceso (otros 900 millones de euros anuales).
El resto (1350 millones de euros anuales) le corresponde al otro agente —el sector de las renovables— que lo tiene más crudo ya que le eliminan las primas que le habían garantizado, tiene que vender a precios de mercado y le retribuyen adicionalmente un beneficio estándar sobre la inversión realizada que, sumado a los nuevos impuestos a la generación, le puede suponer la quiebra en muchas instalaciones.
Y se preguntarán, ¿cómo se ha podido llegar aquí? Esta situación no es más que la lógica consecuencia de la privatización de las empresas eléctricas iniciada por Felipe González y culminada por José María Aznar, unida a la posterior desregularización del mercado eléctrico, la llamada liberalización del sector.
Y es que, al pasar de un sistema regulado basado en costes estándares y retribuciones bajas al capital (el Marco Legal Estable de los años 80 y 90) a este gran invento del neoliberalismo llamado liberalización, llegó al sector otra forma de hacer las cosas. En vez de centrarse en mejorar e innovar para bajar los costes (con precios de venta regulados), se asumen gran parte de estos y se suben los precios (ahora en libre mercado), una política mucho más rápida y eficaz para generar el lucro que exigen los nuevos dueños: fondos de pensiones americanos, hedge funds, etc.
A la vez, cambiaron los gestores, ya no valían tecnócratas internos, hacían falta tiburones financieros, tal Wall Street. Y había que crecer, comprando y concentrando empresas en unas pocas, convirtiéndolas en verdaderas transnacionales con capacidad de montar cárteles y lobbys bien dotados y profesionalizados, a semejanza de los que ya existían tiempo atrás en otros muchos sectores de la economía.
Y en esas estamos hoy. La única diferencia actual es que ya se ha hecho evidente que los recursos energéticos básicos están en declive (el 80 % de la energía que utilizamos son combustibles fósiles) y que no hay futuro en este sistema de crecimiento continuo del consumo energético (este y el PIB son proporcionales), ya que las energías renovables no dan ni para un tercio del consumo de energía primaria actual.
A esto habría que añadir que este modelo basado en quemar combustibles fósiles es responsable del 80 % del cambio climático, el cual se acerca a un punto de no retorno según el último informe del IPCC (2). Salvo que los gobiernos tomen medidas drásticas, si se continúa como hasta ahora, se producirá una subida del nivel del mar de 82 centímetros y de la temperatura media de 4,8 ºC en este siglo. Eso de media mundial, porque en Sevilla, por ejemplo, la subida de la temperatura media será de 6 ºC. ¿Se imaginan pasando julio y agosto con máximas de 50 ºC?
Pues bien, cuando más evidente es la necesidad de fomentar el ahorro y la eficiencia energética, se hace ese cambio estructural de las tarifas de acceso del que les hablé al comienzo: tendencia a la tarifa plana, fomento del consumo irresponsable. Y esto en un país que tiene una de las mayores intensidades energéticas (3) de Europa. Eso sí, esto implica una mayor utilización de las plantas de generación, que están infrautilizadas. Las eléctricas tradicionales han invertido en la última década en plantas de ciclo combinado hasta duplicar hoy la potencia instalada necesaria en el Estado.
¿Y qué pasó con las renovables? Se está cavando su tumba. Se está preparando otra ley para regular la autoproducción y el consumo de los particulares y las empresas. Esta ley obliga al registro oficial de las instalaciones de producción de electricidad y nos impone el pago de un peaje a las empresas eléctricas por la energía que autoproducimos y autoconsumimos; y cuando nos sobre, ¡estamos obligados a regalarle la energía al sector eléctrico!
Esta barbaridad hace que, pese a que el precio de los paneles fotovoltaicos se haya dividido por 6, ya no sea más barato producirse la electricidad que comprarla. De esta manera se evita que hasta un 20 % del consumo del país pudiese estar en manos de pequeños consumidores. En resumen, la reforma eléctrica del gobierno no responde más que a intereses a corto plazo de los lobbys empresariales, carga las tintas sobre los consumidores y desprecia la escasez de los combustibles fósiles y el cambio climático que su quema produce.
(1) Fuente “Eurostat”: http://goo.gl/twvqpU
(2) Grupo Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas
(3) Cantidad de energía utilizada para producir un bien
