El turismo se ha convertido en una de las principales industrias del capitalismo neoliberal y, también, en una de las más rentables y devastadoras, con un ritmo de crecimiento imparable. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), de los 7.500 millones de personas que habitamos el planeta 1326 viajamos durante 2017, generando unos ingresos para la industria turística de 1,34 billones de dólares. Esta expansión global está creando graves conflictos y tensiones derivadas de los impactos ambientales, sociales y económicos del complejo entramado de actividades asociadas a dicha industria, desarrolladas principalmente por grandes corporaciones transnacionales y fondos de inversión.
En este proceso de turistización global destaca el caso del Estado español, que fue el segundo más visitado del planeta, con 82,6 millones de visitantes en 2018, por detrás de Francia, y el segundo en ingresos turísticos en 2017, 89 678 millones de euros, superado solamente por EE UU. Estas cifras de turistas, que la OMT pretende como objetivo elevar a 100 millones, vienen a poner de relieve una expansión sin precedentes del capitalismo turístico en el Estado. Modelo que trasciende al de sol y playa, sustentado en la construcción masiva y la especulación urbanística de determinadas zonas costeras, y comienza a colonizar nuevos espacios, nuevos territorios y a desarrollar nuevas actividades, generando un auténtico monocultivo turístico en lugares como los archipiélagos de Baleares y Canarias.
Así, lejos de limitarse a esos espacios tradicionales de sol y playa, el capitalismo financiero extiende la turistización intensiva a las ciudades, a los barrios, a los pueblos, a los hogares, a las zonas rurales, a los espacios naturales, a las montañas, y diversifica sus tentáculos transformando todo en mercancía turística. Al mismo tiempo, como explica Rodrigo Fernández Miranda en Políticas públicas, beneficios privados, a través de la publicidad, se construye un modelo de turista que persigue su hedonismo radical, la satisfacción de todo deseo y necesidad durante su viaje. Lo que Alba Rico denomina una «inflación de egos estereotipados».
La orientación de la industria es aumentar la llegada de turistas y colonizar el territorio y las personas para maximizar los beneficios a costa de generar graves impactos ambientales, sociales y económicos que afloran a lo largo y ancho del Estado: destrucción de zonas costeras y de interior, infraestructuras sobredimensionadas, encarecimiento del precio de las vivienda, aumento de la precariedad laboral y de la pobreza, violencia sexual, explotación y trata de personas, desplazamiento de la población de sus lugares de residencia, especulación, sobreexplotación de recursos hídricos, consumo desorbitado de combustibles fósiles, generación de residuos, contaminación, emisiones de gases, abandono de actividades agrícolas, urbanización del campo, degradación de espacios naturales o banalización y destrucción del patrimonio cultural.
Asimismo, desde las instituciones públicas se vende como un triunfo el incremento cada año del número de turistas y la aportación al PIB de este crecimiento turístico, sin que se visibilicen las «externalidades económicas negativas» tal y como las denomina Rafael Borràs en su artículo Estadísticas turísticas: Un espacio también en disputa.
Entre esas externalidades, enumeramos brevemente algunas que ponen de manifiesto el deterioro ambiental, sin entrar a valorar sus graves consecuencias socioeconómicas, inducido generalmente por un proceso autoritario en la toma de decisiones públicas que está generando un profundo deterioro de la democracia.
Aunque no abordaremos este último aspecto, que nos parece clave y que ha sido tratado de manera muy acertada por Federico Aguilera en su trabajo El deterioro ambiental en Canarias como resultado del deterioro de la calidad de la democracia, sí nos parece interesante apuntar, siguiendo sus palabras, el hecho de que «los problemas ambientales siguen siendo erróneamente identificados con los impactos o repercusiones finales y no con sus causas originales».
Así, los impactos ambientales directos o indirectos, derivados del monocultivo turísticos, son múltiples y complejos y sería pretencioso, aquí, ni siquiera un esbozo desde un punto mínimamente riguroso. Pero si nos gustaría exponer algunos datos relevantes que evidencian el comportamiento de una industria de prestación de servicios, supuestamente «blanda», que se comporta en realidad como una industria extractivista, minera, que acumula capital mediante desposesión. Sirva como ejemplo que casi un 37% de la línea de playa está urbanizada en el Estado español y que más de un tercio de los ecosistemas asociados han sido destruidos, especialmente en áreas turísticas. El turismo multiplica por cuatro el consumo de agua, cuestión agravada por el hecho de que el 85% de la población turística elige zonas caracterizadas por la escasez de este recurso y que su consumo compite con el sector agrícola, con el consiguiente impacto sobre la producción alimentaria y el patrimonio rural. El transporte aéreo ha aumentado la emisión de gases efecto invernadero en un 25% y en un 22% en el transporte marítimo; en ambos casos la actividad turística tiene una enorme responsabilidad, por el crecimiento de pasajeros aéreos y por el aumento imparable de grandes cruceros. Todo ello sin contar con la proliferación y sobredimensionamiento de infraestructuras públicas, en muchos casos al servicio del turismo: puertos, aeropuertos, autopistas o trenes de alta velocidad.
En resumen, las lógicas asociadas al negocio turístico han llevado, en muchos puntos del Estado, a un proceso de turistificación total de la economía, de los territorios, de las personas y de las instituciones, que es necesario frenar y revertir desde los movimientos sociales dada la escasa respuesta política. De hecho, la industria turística necesita la connivencia de los poderes públicos de los países «anfitriones» para poder ejercer una explotación eficaz y rentable de sus recursos naturales, culturales y humanos. Esta asociación público-privada se centra en promover la liberalización económica, la entrada de la inversión extranjera, la flexibilización y cambios en las legislaciones que reducen las exigencias y controles ambientales, privatizan los espacios y bienes comunes, concesionan el uso lucrativo de los recursos naturales y del territorio y minimizan la carga fiscal sobre los capitales transnacionales.
