nº32 | política andaluza

Autonomía y Canal Sur:

hacia unos medios de lo común

No hay autonomía posible sin la institución de lo imaginario, sin explorar, como sugiere Castoriadis, la organización y praxis de lo social como ruptura con el relato que lo haga posible. Normalmente planteamos la autonomía exclusivamente en el plano de lo físico, del territorio, y olvidamos la importancia para la autodeterminación del campo de lo simbólico.

Desde esta visión no parece sorprendente que una de las primeras reclamaciones de la ultraderecha para apoyar un gobierno conservador en Andalucía sea acabar con Canal Sur y la radio pública andaluza. Creemos imprescindible, por tanto, dibujar una hoja de ruta que haga visible, no solo la necesidad de unos medios de comunicación públicos para Andalucía, sino el camino y los pasos necesarios para transformarlos en pilares de una cultura emancipatoria andaluza al servicio de la gente común.

Reconstruir la hegemonía cultural

La coyuntura actual tras las elecciones hace aún más indispensable la necesidad de dar forma a ese imaginario que genere una identificación transversal sin perder su potencial de transformación. Sabemos que para construir la hegemonía política es necesario (re)construir previamente una hegemonía cultural. Valores como la libertad, la igualdad, la justicia, la honradez, la responsabilidad, la solidaridad; la primacía de lo colectivo sobre lo particular; de lo comunitario sobre lo individual; de la democracia sobre los mercados; del trabajo sobre el capital, etc., que han dado sentido a las luchas de la izquierda, han ido siendo sustituidos por valores como la disciplina, la austeridad, la desigualdad, la competitividad, la estabilidad, el beneficio; la primacía de lo individual sobre lo comunitario; de los mercados sobre la democracia; de la acumulación sobre la distribución; de la rentabilidad sobre los derechos sociales y culturales. Por ello, hoy más que nunca, es preciso plantear una rebelión democrática de las matrices culturales que nos definen en Andalucía desde una visión estratégica para la construcción de un nuevo bloque histórico en la región.

En el actual contexto de crisis financiera internacional y de modelo de acumulación y desarrollo de Andalucía, la disputa por la hegemonía y en defensa de la democracia pasa por priorizar la lucha en los frentes culturales. Es en el terreno simbólico donde se definen las condiciones de autonomía y modelo de desarrollo de nuestro país. Las políticas de comunicación y cultura pueden desempeñar en este sentido una función estratégica de cara a proyectar nuevas lógicas de mediación, contribuyendo desde las instituciones y políticas públicas autonómicas a promover procesos de rearticulación de solidaridades y la autonomía cultural necesarias en pro de salidas creativas y rupturistas. Uno de los principales retos que cabe plantear desde una perspectiva alternativa para la autonomía andaluza es el de saber conectar nuestro discurso político con los imaginarios de las clases populares, adaptando prioridades y teniendo en cuenta los cambios generacionales que, en términos políticos, han marcado la historia reciente de nuestro país.

Necesitamos definir como prioridad política la disputa ideológica sobre qué es y cómo debemos reconstruir Andalucía. Y aquí tenemos un problema de partida. Las televisiones públicas se ven hoy más denostadas (y amenazadas) que nunca. Los intentos de manipulación partidista por parte de los Gobiernos central, autonómicos y locales, y la campaña sistemática de descrédito liderada por los medios de comunicación privados, marcan lo que algunos expertos denominan el déficit democrático de la transición en España, que ha conducido a la estigmatización de muchos de los medios de comunicación públicos con los que contamos.

En el caso de Andalucía, no ha habido políticas coordinadas ni un plan de formación y apoyo económico a la industria cultural del denominado Tercer Sector. Es más, la comunicación parece ser, para nuestras autoridades y en especial lo ha sido para Susana Díaz, el correlato perfecto para la orientación de las posibilidades autonómicas deseables según la ley propagandística de dosificación, por la que se administran, jerarquizan y controlan los contenidos y las ideas discutibles en el marco de reforma del Estado, bien mediante la limitación del número de actores posibles y las voces únicas publicables, o definiendo los límites del juego o reglas de la comunicación política a cumplir. Exactamente todo lo contrario de lo que parece razonable para el fortalecimiento y la gobernabilidad en los tiempos que vivimos. Sabemos que todo sistema, también nuestro sistema político autonómico, se fortalece en la medida que los flujos de información, las conexiones, los actores y las iniciativas de articulación social se multiplican, se traman y cruzan en múltiples direcciones, complejizando y enriqueciendo las miradas, los discursos y las propuestas de futuro.

Por una radiotelevisión pública al servicio del común

Considerando la gravedad de la situación que vive el sector público y a tenor de los hechos reseñados, sería necesario reclamar de modo urgente un Foro Democrático sobre Sistema Público Audiovisual y Desarrollo Cultural de Andalucía que reúna a empresarios, sindicatos, profesionales y entidades de la sociedad civil con la vista puesta en la apertura de un debate que, con el concurso de todos los actores y la ciudadanía en general, contribuya a crear un polo andaluz del sector y de desarrollo de la industria audiovisual andaluza desde otra racionalidad y visión estratégica. A tenor de la ausencia de grupos propios de comunicación y una burguesía que promueva el desarrollo cultural de Andalucía, es deseable que en la región se garantice desde el sector público:

  • La creación de una Plataforma de Servicio Público de Radiotelevisión, una red de coproducción andaluza con televisiones locales, comunitarias y culturales que incentive y desarrolle el sector audiovisual con Canal Sur como locomotora, central de compras y principal empresa de exportación y coproducciones del audiovisual andaluz.
  • La reorganización de la Fundación Audiovisual y la Comisión Fílmica como vías para generar recursos, con una mayor relación con la RTVA, la Universidad y la sociedad civil.
  • La planificación industrial del audiovisual andaluz como un sistema integrado, que articule el audiovisual andaluz (Universidades, tejido productivo, ETICOM, medios locales, etc.), como generador de empleo en convergencia con las empresas públicas o participadas por la Junta de Andalucía en el sector de las telecomunicaciones.
  • La regulación de forma transparente y organizada de la contratación con el sector privado privilegiando el talento y empresas de origen y base andaluza.
  • El desarrollo de un sistema y plataforma de medios dentro y fuera de la comunidad. Dentro, en torno a la RTVA y fuera, para personas andaluzas en el exterior, a fin de atender a la migración, que ha jalonado de forma determinante la historia del pueblo andaluz, dando cobertura tanto por radio como por televisión a dichas andaluzas en Cataluña y Madrid, cuando menos.

La asunción de estos objetivos mínimos de la agenda política sobre el audiovisual andaluz pasa por articular la política y gestión de los medios públicos desde nuevos criterios:

1. Trasladar el debate de lo económico a lo político, pues el servicio público de radiotelevisión se rentabiliza no en términos económicos, sino en términos de calidad informativa, de democracia, de pluralismo, de derechos culturales y de participación ciudadana. La defensa de lo público, frente a las pretensiones desreguladoras y privatizadoras azuzadas por los operadores privados, significa la apuesta no solo por la existencia de un servicio público de radiotelevisión, sino también la exigencia de una regulación que afecte a las emisiones de los operadores privados, que también tienen una responsabilidad en términos de democracia, de cultura y de educación que no puede ser dejada al arbitrio del libre mercado (que se traduce en precariedad y homogeneidad informativa).

2. Asumir que los valores que tienen que regir el sector público de radiodifusión son la independencia, la libertad informativa, el dominio público y los derechos ciudadanos.

3. Plantear un sistema de financiación claro y preciso para la radiotelevisión pública, como existe en otros países que, también afectados por la crisis, no condenan a su servicio público de radiodifusión a la marginalidad e irrelevancia social con sus recortes.

Pistas para dibujar una hoja de ruta

Hay, además, algunos aspectos que nos gustaría resaltar y que son necesarios clarificar para no dejarnos confundir en el camino dibujado:

Necesitamos reivindicar un concepto de medios comunitarios radicalmente opuesto a la visión que se establece en la Ley Audiovisual de Andalucía y que reproduce una visión liberal, privada, y no pública o comunitaria, de esta modalidad de acceso a radiofrecuencias. Así, en la norma, se tiende a equiparar ideológicamente lo comunitario con lo libre frente a lo público coincidiendo en ello con los operadores privados en una lógica de acceso.

Por otro lado, es necesario dotar de una función efectiva y social a organismos como el Consejo Audiovisual de Andalucía, que continúa relegado y disminuido, al igual que el Consejo de Participación Audiovisual que queda como una instancia meramente consultiva sin trascendencia ni función relevante alguna desde el punto de vista social.

Además, el marco normativo actual mantiene como pauta una visión mercantil y comercial en contra del Estatuto de Autonomía, preservando para el sector privado la publicidad total (de la que quedan exentos los medios comunitarios y los futuros medios educativos vinculados a la Universidad) e incluyendo contenidos de nocivos efectos para la salud pública como los espacios comerciales de esoterismo y juegos. Nada se dice, además, de la publicidad que atenta contra la identidad y los valores de la cultura andaluza. En suma, se asimila en la norma la doctrina liberal de la UE sobre la publicidad en todos sus formatos, modalidades y en exclusiva para los operadores privados, lo que a medio plazo garantiza un dominio del espacio audiovisual por los grupos nacionales de comunicación de Madrid.

Por último y de manera sorprendente, el papel de la Universidad es irrelevante en todo el desarrollo normativo. Paradójicamente, no se habla de I+D, de tecnopolos audiovisuales, de industria y política económica para el sector, por más que se insista en la promoción del empleo y la importancia para Andalucía.

Un camino para avanzar juntas

En definitiva, parafraseando el célebre lema de una campaña institucional de la Junta: Andalucía será imparable solo si las personas avanzamos juntas, si todas caminamos, si la ciudadanía está comprometida, implicada y en pie. Y esto solo es posible con información, con debate, con movilización popular, con un esfuerzo colectivo de pedagogía política. ¿Estamos a tiempo de cumplir estas condiciones cuando nuestros medios de comunicación públicos están hoy amenazados de muerte por la extrema derecha de ayer y de hoy? Seguro que sí. Pero ello pasa por rebelarse contra un destino, el de la RTVA, de arma propagandística y reivindicar su papel de pilar de lo común, con más praxis y menos declaraciones solemnes. Esto es, construyendo autonomía desde la voluntad instituyente del pueblo andaluz como ya hiciera décadas atrás el 4D. Es tiempo, en fin, de discutir y evaluar las políticas de comunicación y cultura. La ausencia de la Junta hasta hoy en el campo de producción simbólica del imaginario, da cuenta de la renuncia a la propia libertad de un necesario proceso constituyente, del PSOE a VOX pasando por las negociaciones en Madrid del PP y Ciudadanos. Los cambios políticos aún por definir tras estas elecciones no auguran un cambio a mejor en este sentido, más bien todo lo contrario. Por ello, corresponde ahora más que nunca pensar qué hacer y cómo: dar cuerpo a la autonomía desde la alegre pasión de quienes han perdido todo menos la esperanza de un futuro mejor para nuestra tierra. 

Nos apoya

COOP57 es una cooperativa de servicios que destina sus recursos propios a dar préstamos a proyectos de economía social que promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, el asociacionismo y la solidaridad en general, y promuevan la sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios.