Si escribes en la barra de un navegador “recurso contencioso- administrativo”, te arrepentirás, empequeñecido súbitamente por tomar conciencia inmediata del muro que se alza ante ti como ese viejo “castillo” del poder del Estado que has de escalar sin casco. Pensarás con santo temor que tu “caso” se sentenciará el día en que tu hija sea la madre talluda de un adolescente.
A los magistrados de esta sección no les gusta lo colectivo en ningún sentido: “a mí que me lo desglosen y me lo sirvan trinchado” con la guarnición aparte; al fin eso somos los interinos de la educación pública en ese menú del indigesto chuletón congelado, que suelta venenoso clembuterol espumeante en la sartén del magistrado. Este tendría que enfrentarse al hecho de que el bien jurídico que se vulnera -el acceso a la función pública en igualdad de oportunidades- se falsea a través de un procedimiento que desprecia su necesidad de tutela. Lo que se regula en negrita se revela en negro.
Pero ¿cuál de las partes puede probarlo: los interesados en ganar la plaza por méritos propios, es decir los denunciantes, o los miembros de los tribunales de oposiciones que los juzgan a través de una plantilla oculta, que deben aplicar en sus correcciones bajo amenaza de expediente administrativo? Las normas que ilustran este proceso son transparentes, el procedimiento es, sin embargo, fraudulento hasta la médula. En efecto, un interino puede acreditar el pago de derechos de examen, aportar el DNI y permitir a la Administración educativa que compruebe en sus bases de datos que no es un delincuente sexual, pero no se le puede exigir que sea vidente. Como alfabetizado y profesional de su disciplina, sabrá interpretar enunciados y sus puntuaciones y deberá redactar con sentido sus respuestas sin cometer faltas de ortografía, pero no le será dado divisar la cara oculta de la luna.
¿Qué finalidad se persigue en todo este simulacro? Pues que a los políticos de la Educación madrileña les salgan las cuentas del empleo público. Ante los Medios declararán su compromiso de reducir el porcentaje de interinidad que demanda Bruselas, se sentarán en la mesa técnica con los “agentes sociales” y publicarán un número de plazas abultado para completar la representación escénica. En interiores, la tramoya de Recursos Humanos y sus sicarios de la Comisión de pruebas teórico-prácticas pergeñarán trucos de trileros, respuestas secretas, exigencias de un guión cuyo entramado tampoco revelarán a los tribunales-títere designados cada vez. No es necesario ensayar este “auto de fe” tras seis años de representación continuada. Hay que castigar a los interinos hasta que entiendan que la purificación de su alma mediante la humillación es preceptiva para alcanzar la titularidad de una plaza. No puede olvidarse que los artífices de esta estafa son enmascarados y que los tribunales que componen el coro de esta tragicomedia son cómplices necesarios: sus miembros voluntarios, mileuristas, cometerán la fechoría, gustosos, los demás asumirán su papel como presbíteros de la vieja Fe.
¿A qué sujeto de esta sociedad de mercado le importa un procedimiento destinado a la legitimidad de odiosos funcionarios? Esta sensación de extrañamiento que lastra la Instrucción pública es el argumento principal para la demolición del edificio educativo, pero esa estrategia ya no es necesario airearla, está arraigada en el cuerpo social. Así pues, aunque deberíamos estar debatiendo sobre reforma de currículos, integración de las disciplinas del conocimiento y, específicamente, de la cohesión de los participantes -Sociedad y Estado en el propósito de desterrar la mala educación- lo hacemos sobre el profesor, el maestro, que cargará con las culpas de que se malogre este proyecto.
¿Qué hacer? Pues enviar el chuletón a la cocina del forense para que analice la naturaleza de la ponzoña y se averigüe el ADN de sus envenenadores.
