El Estado español no ha creado ninguna medida eficaz contra la pobreza energética. Con más de un 11% de la población que no puede mantener su casa a una temperatura adecuada, la única medida de “protección al consumidor vulnerable” tomada hasta el momento es el bono social eléctrico, que ni siquiera define el propio concepto desatendiendo desde 2009 una obligación de España frente a las Directivas Europeas.
El bono social ha sido una medida muy criticada por no responder a las situaciones de pobreza energética que se viven en el Estado español. Esta medida significa un descuento en la factura de la luz de un 25% sobre el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC) al que puede acogerse muy poca gente porque los criterios no tienen en cuenta la renta y son totalmente restrictivos. Lo único positivo que tenía el bono social era quien lo financiaba. El bono social estaba previsto que lo financiaran las empresas eléctricas integradas de manera vertical, es decir, las que controlan producción, distribución y comercialización. En la práctica eso significaba que principalmente las empresas del oligopolio, las 5 grandes (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Eon y Edp) eran las que asumían la financiación del bono social. En concreto, entre cuatro empresas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural y EON) se asumía el 96% del coste del bono social, frente al 4% que se repartía entre las otras 23. Endesa e Iberdrola tenían los mayores porcentajes ya que debían asumir el 41% y el 38% del coste del bono, respectivamente.
Como no podía ser de otra manera, y como ya hicieron en 2012 con el mecanismo de financiación anterior, Endesa y Eon presentaron un recurso en contra y el 26 de octubre de 2016 el Tribunal Supremo les dio la razón. El Tribunal consideró dicho mecanismo discriminatorio y no solo eso, si no que obligaba al gobierno a devolver a todas las compañías que sufragaban el bono social -y no solo a las demandantes- las cantidades pagadas desde 2014 (se estiman unos 500 millones de euros). Lo que no tuvo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo es que el mercado eléctrico tal y como está diseñado es discriminatorio en sí mismo, y son las empresas del oligopolio las que acaparan gran parte del mercado. De hecho, las 5 grandes controlan la generación en un 67,3%, la distribución un 98% y la comercialización un 87,3%. Dicha concentración de poder es, entre otras cosas, la que permite sus escandalosos beneficios. Sólo en 2016 Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa, obtuvieron un beneficio conjunto de 5.463 millones de euros. Sobran, por tanto, los argumentos para defender que en el sistema actual son las empresas del oligopolio las que deben asumir esos costes con sus obscenos beneficios.
Pocas semanas después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo muere en Reus Rosa, una mujer de 81 años, víctima de un incendio provocado por una vela que utilizaba para alumbrarse porque Gas Natural le había cortado la luz dos meses antes. Este caso saltó a los medios de comunicación, no por ser un caso aislado, sino porque en Cataluña existe la ley 24/2015 que si Gas Natural hubiese cumplido esta muerte se podía haber evitado. Según esta ley, Gas Natural, y todas las compañías eléctricas, de agua y de gas tienen la obligación de antes de efectuar ningún corte consultar con servicios sociales si la familia que no está pagando la factura se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Gas Natural nunca realizó esta comunicación y de hecho la Generalitat, empujada por la presión social, ha sancionado a la compañía con medio millón de euros.
En este contexto, el gobierno español se apresura a crear un nuevo mecanismo de financiación del bono social y aprovecha para reformar sus criterios. El 21 de diciembre del año pasado se hace público el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos para determinar el nuevo mecanismo de financiación del bono social, pero la reforma no se queda ahí. Muy influenciados por el contexto de alarma social generado por el corte de luz en Reus incluyen en esta reforma una supuesta protección contra los cortes de suministro a las familias en situación de vulnerabilidad severa que se definirá en un Real Decreto posterior. Una foto muy oportuna para el PP y el PSOE a las puertas de las vacaciones navideñas que en la práctica no significa ningún cambio para las familias amenazadas por cortes de suministro ya que queda todo condicionado a la elaboración de dicho Real Decreto en los siguientes meses.
En el mes de mayo se hace público el borrador del futuro Real Decreto concretando tanto el mecanismo de financiación del bono social, la definición de consumidor vulnerable como el supuesto mecanismo de protección contra los cortes. Una vez más el gobierno plantea una medida que será un parche más que no va a dar respuesta a la situaciones de pobreza energética. En el borrador se incluye el criterio de renta como requisito para acogerse al bono social pero los baremos son muy bajos y la protección contra los cortes es casi inexistente, ya que queda supeditada a que sea una persona seguida por servicios sociales y además la comunidad autónoma se comprometa a hacerse cargo del 50% de la factura. Un mecanismo enrevesado, excluyente y que va a dejar a muchísimas familias fuera de su protección.
Por último, en lo referente a la financiación del nuevo bono social, esta recaerá sobre todas las empresas comercializadoras, aunque solo podrán ofrecerlo las comercializadoras de referencia (de nuevo principalmente las 5 grandes), y se repartirá en función del número de clientes, lo que significa que contará igual un cliente doméstico que uno industrial. Esto en la práctica significará que las pequeñas comercializadoras especializadas en clientes domésticos sufragaran un coste muy difícil de asumir para ellas. Por ejemplo, para Som Energia que actualmente tiene 30.000 contratos, la mayoría domésticos, la financiación del bono social le implicará al año casi 300.000 euros que no podrá cubrir la propia cooperativa y tendrá que trasladarlo a sus socios cooperativistas si quiere sobrevivir.
En definitiva, esta reforma del gobierno del PP de nuevo se ha hecho pensando en proteger los intereses de las grandes empresas del oligopolio en lugar de buscar la protección de las personas más vulnerables. Es una lástima que se pierda la oportunidad de hacer medidas realmente eficaces teniendo leyes como la Ley 24/2015, fruto de una ILP impulsada por la propia ciudadanía y que en Cataluña ha conseguido parar más de 30.000 cortes de suministro, que podían haber servido de inspiración para ampliar dicha protección a todo el Estado español. Está claro que desde el gobierno del Estado no hay ninguna intención de poner fin a la pobreza energética pero desde las organizaciones, desde la calle, seguiremos luchando y presionando a gobiernos y empresas hasta conseguir que no haya ninguna familia sin agua, sin luz y sin gas.
