El 9 de enero de este año conocimos que Santiago Romero, catedrático del Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla (US), había sido condenado a 7 años de prisión por abuso sexual y lesiones a dos profesoras y una becaria de su departamento entre los años 2006 y 2010. Los hechos fueron denunciados en 2010-11 y el juicio se celebró en 2016.
El caso ha ocasionado un gran revuelo mediático y hemos sido testigos de muchas reacciones, desde las que consideran que esto no hace más que visibilizar un fenómeno endémico, hasta el estupor absoluto. A lo largo de este mes se han hecho muchas preguntas: ¿cómo pudieron ocurrir estos abusos durante cuatro años?, ¿cómo no nos dimos cuenta?; ¿por qué no se reaccionó más contundentemente en el momento de conocerse la denuncia?; ¿por qué esta dolorosa demora de 6 años entre denuncia y sentencia? Pero entre todas, sin duda la pregunta “estrella” ha sido ¿por qué siguió Santiago Romero en su puesto una vez que los hechos fueron denunciados? Incluso algunos titulares hacen referencia a que el acosador fue premiado recibiendo un año sabático, lo que El confidencial (11-1-2017) llamó un “exilio dorado”.
Son interrogantes que a nadie dejan indiferente, que remueven, que duelen. Este artículo hace, a modo de pinceladas, algunas reflexiones que pueden ayudar a responder a estas preguntas. No es un análisis sistemático. Escribo desde mi perspectiva de delegada sindical del SAT, compañera de facultad de las denunciantes e investigadora de las relaciones grupales.
Asumir responsabilidades en la universidad
En la universidad existen decenas de ámbitos de gerencia, tanto a nivel general, como a nivel de facultad y departamento. Existen, además, multitud de servicios, institutos, consejos y comisiones. Todos ellos con sus normativas propias. En el caso de la US, a esta complejidad organizativa se añade la distribución en diversos campus por toda la ciudad, en los que desarrollan su actividad más de 7.000 trabajadorxs entre profesorado y personal de administración y servicios, y más de 70.000 alumnxs.
Es difícil asumir responsabilidad ante estas preguntas. Y el hecho de que la universidad sea un sistema complejo es un obstáculo para ello porque diluye responsabilidades y facilita mirar a otro lado. A pesar de que el rector pidió perdón públicamente al día siguiente de conocerse la sentencia, apuntó a la responsabilidad del sistema judicial por la demora y centró su atención en la gestión de la Facultad de Ciencias de la Educación (CCEE). Como se desarrolla más adelante, el comunicado elaborado por la Junta de CCEE a la que pertenece el departamento donde tuvieron lugar los abusos, no convenció a muchos miembros de la Facultad, pues, aunque en él se condenaban los hechos, se hacía únicamente una vaga referencia a no haber atendido suficientemente a las víctimas. El equipo decanal dirigía su miraba a instancias superiores de la Universidad, no sin parte de razón. Los compañerxs de la sección departamental a la que pertenecía el abusador emitieron un comunicado en el que se dedicaban más palabras a justificar su desconocimiento y falta de responsabilidad que a hacer algún tipo de autorreflexión. Esta actitud también generó rechazo, sobre todo teniendo en cuenta que algunxs de ellos declararon en el juicio a favor del condenado. Entonces, fue la base de la jerarquía (profesorado, estudiantado y personal de administración y servicios) quien tomó un papel más proactivo en la reflexión sobre la responsabilidad, la petición de perdón y el cambio de este tipo de prácticas.
Esto ha ocurrido especialmente en el entorno de la Facultad de CCEE. Las respuestas dadas por el equipo decanal supieron a poco, se identificaron como “tibias” y dieron lugar al inicio de un movimiento asambleario en el que más de 200 personas elaboraron un manifiesto (https://fcce.us.es/sites/default/files/170119%20Manifiesto.pdf). Esta asamblea entendió que el decanato había perdido su legitimidad y planteó la creación de una gestora que dirigiera la constitución de una nueva Junta de Facultad.
Surgen voces que reclaman la responsabilidad del equipo de gobierno de la Universidad y otros agentes institucionales (equipos rectorales de los últimos 7 años, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, etc.). Se empiezan a sacar a la luz otros casos de abuso y acoso. En este sentido, la sección de Personal Docente e Investigador (PDI) del SAT comenzó una serie de comunicados denominados La Punta del Iceberg, con testimonios de personas que han sufrido abuso o acoso en la Universidad de Sevilla (http://sat.us.es/la-punta-del-iceberg-i/).
Desinformación y desconexión en la universidad
Una vez que salen a la luz estos hechos hay revuelo e indignación. No deja de llamar la atención, por ejemplo, el hecho de que muchxs compañerxs hayan mostrado preocupación por las víctimas sin conocerlas directamente. No solo la dimensión de esta facultad, una de las más grandes de la US explica este desconocimiento. También el individualismo al que nos someten los procesos de promoción profesional. No existen apenas mecanismos de comunicación entre los miembros de la comunidad universitaria. En esta realidad de incomunicación quienes salen perdiendo son, como ocurre siempre, las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Cuando llega alguna situación de crisis que despierta al profesorado surgen espontáneamente iniciativas para formar redes. Incluso así, sigue existiendo un clima de desinformación que es caldo de cultivo de procesos de abuso. La actividad sindical tiene un papel importante en este sentido, colaborando en la visibilización de las situaciones de abuso y como catalizador de la indignación, impidiendo el “adormecimiento” de la conciencia colectiva. También ejerce el sindicalismo su función pidiendo responsabilidades a todos los niveles. Es por eso que estamos especialmente ocupados en estos momentos en demandar que un equipo de expertxs, algunxs ajenos a la US, analice qué ha pasado y qué falló.
Universidad y poder
El segundo aspecto que arroja luz sobre cómo surgen, evolucionan y se solucionan las situaciones de acoso y abuso está relacionado con la jerarquía y el poder. La propia sentencia recoge la dependencia jerárquica de las víctimas respecto del acosador. La jerarquía forma parte de la vida universitaria, la asumimos, la justificamos. Diferencias no solo de sueldo, también de acceso a recursos y de condiciones laborales tan básicas como la configuración del horario de trabajo. El manifiesto elaborado por la asamblea de CCEE tras el conocimiento de la sentencia reconoce que los abusos sufridos por las tres compañeras no son un hecho aislado, “sino que se producen en el marco de un sistema jerárquico y patriarcal en el que se dan situaciones de poder que propician el abuso a todos los niveles”.
Esta forma de funcionamiento da lugar inevitablemente a que en la universidad se produzcan dinámicas de prebendas y favores. En muchas ocasiones, además de alcanzar un mérito propio, supone ocupar una posición de poder, dependiente, a su vez, de personas o grupos que ofrecen un trato de favor a cambio de apoyo. Esto ocurre con frecuencia en la formación de los claustros universitarios y juntas de facultades, así como en la ocupación de cargos de gestión, fruto, en no pocas ocasiones de la herencia directa, con su posterior paso por las urnas sin más candidatos que los ya establecidos de antemano. Esto alimenta ese caldo de cultivo para el acoso y el abuso. Es doloroso que esta forma de funcionar esté totalmente incorporada a nuestra vivencia de la universidad. Parte del estupor que se percibe en torno a éste y otros casos de abusos es que el abusador no tiene que mostrarse como un monstruo. El que abusa es el mismo que promete favores. En definitiva, el que tiene poder sobre la vida de sus pupilxs.
Una consecuencia directa de esta forma de funcionar en torno a favores es uno de los conocidos principios del abuso y el acoso: difícilmente una persona en solitario puede abusar si no hay un contexto que ayuda, permite y/o mira para otro lado. La sentencia incluye ejemplos diversos de situaciones en las que compañerxs de departamento participaban en la misma dinámica de abuso o justificaban esas actuaciones por interés o miedo. Es otra responsabilidad sindical e individual dejar de asumir este tipo de autojustificaciones.
Este sistema de poder está conectado con la complejidad de la universidad y la desconexión-desinformación entre sus miembros. Una práctica frecuente por parte de quien abusa consiste, precisamente, en el aislamiento de las víctimas. En este caso, esto ha sido así durante años, con relaciones intencionalmente inexistentes o deliberadamente contaminadas entre el departamento que dirigía el abusador y el resto de CCEE. La visibilización de estas dinámicas supone un soplo de aire fresco, pero regenerar las relaciones no es un proceso fácil porque suele haber mucho dañado.
Universidad y gestión de los conflictos
Mi experiencia en la universidad, es que se valora el comportamiento decoroso por encima de otras actitudes. Las personas pueden ser fácilmente identificadas como problemáticas y pocas personas quieren ese papel. Por eso es frecuente que respecto a situaciones injustas prime una actitud de silencio. Intuyo que el miedo es uno de los elementos que está en su base. Nos convencemos de que podría ser peor y que tenemos que contribuir con nuestra actitud y nuestro comportamiento a mantener un buen clima, aunque eso pase por renunciar a demandar determinados derechos o hacer visibles situaciones discriminatorias. Animado por llamadas de responsabilidad a “lavar los trapos sucios en casa” y no contribuir a una mala imagen de la universidad. En definitiva, se tiende a minimizar, negar o evitar situaciones de conflicto, tratando cualquier situación con un mal sentido de la equidad, evitando el tomar partido frente a las injusticias.
La universidad: un sistema burocratizado
Una vez que una mujer, luchando con los sentimientos de culpa y fracaso habituales en estos casos, se decide a denunciar abuso, sobre todo sexual, después de haber callado un tiempo, de haber pedido ayuda sin recibir respuesta o incluso sufriendo el aislamiento del entorno más inmediato, una vez que da ese gran paso ¿no debería encontrarse con todas las facilidades? La experiencia nos dice que no es así. Habitualmente a la pesadilla vivida durante años se suma otra pesadilla aún peor: la de la tortura de los órganos y personas responsables que actúan presas de un sistema rígido e inflexible. Y es que la máquina burocrática es absolutamente insensible. Muchas peticiones y demandas no reciben respuesta, porque no se hicieron según procedimiento. También duele esto, mucho. Duele que una persona abusada muestre la resiliencia y la autoafirmación suficiente como para hacer una petición justa, sencilla y pasen meses, años y el sistema no sea capaz de ofrecerle lo que necesita, con todas las garantías y con la celeridad suficiente, que es toda, porque cada segundo de demora hace daño.
Nuestra función sindical no solo es espolear, avivar estos procesos y acelerar las respuestas, sino también contribuir a que existan y se pongan en marcha protocolos realmente eficaces.
Ausencia de formación y sensibilización
Todxs, y especialmente quienes tienen alguna responsabilidad, deberíamos conocer por qué fases pasa una persona acosada o abusada, qué sentimientos, actitudes y conductas manifiesta en cada momento, qué cosas no se deben decir, qué tipo de apoyo es la que necesita. Hemos sido testigos en estos años, en estos y otros casos de abuso y acoso, de muchas situaciones penosas. Desde la llamada a no darle importancia a determinadas conductas, hasta cuestionar la entidad del abuso, animar a pensar antes de actuar en el daño que se puede hacer a unx mismx o a los otros con una denuncia. Referencias a la necesidad de dejar atrás lo ocurrido y mirar adelante, llamadas a no ser rencorosa o, incluso, exhortaciones a practicar el perdón. Quizá una de las actitudes más dolorosas, no siempre totalmente explícitas, es dejar de tratar a la víctima como víctima una vez que gana el proceso judicial, incluso animando al cuidado de otras personas que en muchas ocasiones pudieron también ser víctimas, pero que durante el proceso contribuyeron al abuso o permanecieron como espectadorxs. Y no nos referimos a dejar de tratarlas como víctimas en el sentido que tan bien indica Yolanda Domínguez en su artículo “No sois víctimas, sois vencedoras” (http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/no-sois-victimas_b_14180566.html), sino en el sentido de despojar a las vencedoras del sufrimiento pasado y de la valentía mostrada. Un proceso de rehabilitación de las relaciones pasa por trabajar con todas las personas implicadas, pero en ningún caso la vía puede ser tratarlas a todas por igual.
No es raro escuchar comentarios que, si no justifican el acoso, ponen el acento en la víctima. Tampoco es infrecuente escuchar que las víctimas hablen de sí mismas cuestionándose su actitud. Nada, absolutamente nada, justifica que una persona sea abusada o acosada y eso es lo primero que todxs deberíamos tener muy claro para cumplir el principio de “tolerancia cero”. Otro aspecto que me parece fundamental desde el punto de vista ético es escuchar a las víctimas sin imponer ningún código moral, aceptar todos los sentimientos que surgen como necesarios y dejar de negarles el derecho a la rabia y el deseo de restitución. También en esta escucha activa nuestra acción sindical adquiere sentido.
