Durante años en Sevilla, cada vez que un colectivo se planteaba realizar una acción o se enfrentaba a cualquier tipo de causa judicial y precisaba asesoramiento legal tan solo tenía que buscar a Juan Carrique. El abogado de la CGT que, con el eterno maletín lleno de papeles en su mano, y haciendo malabares con la agenda, siempre estaba dispuesto a colaborar de forma gratuita y solidaria con las luchas políticas más variadas como, por citar algunas, la insumisión, la okupación o las movilizaciones de los estudiantes contra la LOU.
Pero a lo que se dedicó con más intensidad durante varios años fue al activismo en defensa de los derechos de las personas migrantes, formando parte de una asociación en la que los asesoraba legalmente y que apoyó activamente el encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) del año 2002.
Las movilizaciones y encierros de inmigrantes sin papeles en las provincias de Huelva y Sevilla durante los años 2001 y 2002, junto con otras que se produjeron en otras provincias y localidades, tuvieron un fuerte impacto en lo que fue la política migratoria en ese momento, ya que provocaron la mayor regularización de inmigrantes sin documentación desde que surgió el fenómeno social de la inmigración en España. Pero también provocó un cambio abrupto del gobierno, que tras ellas optó por la represión de los inmigrantes que las protagonizaron. Y esa actitud fue común en las distintas administraciones, independientemente del color político de quien las presidía, tanto de la Administración General del Estado como de la Junta de Andalucía, que asumieron esa actitud intolerante y penalizadora de las movilizaciones de inmigrantes sin papeles.
Esa acción represiva se extendió desde lxs inmigrantes que protagonizaban dichas luchas hacia los sectores autóctonos que se solidarizaron con las mismas, como fue el caso concreto del Grupo de Apoyo a los Encerrados en la Universidad Pablo Olavide, contra el cual se inició una investigación penal instigada por el entonces defensor del pueblo, José Chamizo, y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla, pero que finalmente fue archivada porque no se sustentaba realmente en pruebas veraces.
Pero el archivo de la investigación penal no impidió que la Junta de Andalucía continuase con su actitud de represalia contra el apoyo social recibido por los inmigrantes, de forma que se dirigió a una de las asociaciones de inmigrantes que habían jugado un papel destacado en el impulso de esas movilizaciones, concretamente ODITE, de la cual era el secretario Juan Carrique. Mediante formalidades y excusas administrativas anularon las justificaciones económicas presentadas en los programas públicos de atención a los inmigrantes e impusieron el reintegro de todas las subvenciones recibidas, de forma que se aseguraron que en el futuro esa asociación ya no pudiera realizar más actividades por la quiebra económica que ello le suponía.
Pero no se limitaron a ello, sino que extendieron la responsabilidad por el reintegro de esas subvenciones, que fueron en parte justificadas y aceptadas por la misma Junta de Andalucía en su momento, a los que aparecían como fundadores de esa asociación por el mecanismo legal de la derivación de responsabilidad, alegando que no habían sido reintegradas esas subvenciones, debido a una supuesta actitud negligente de los mismos. De esta forma se aseguraban que ODITE no pudiera volver a tener actividad en el futuro, al mismo tiempo que arruinaba económicamente a las personas que la integraron. Hoy, 14 años después, Juan Carrique se enfrenta a una reclamación de la Junta de Andalucía de más de 165 000 euros que ha tenido como consecuencia el embargo judicial de su vivienda y el embargo de parte de su salario mensual por ser una de las personas destacadas en dichas movilizaciones.
Se trata de una represión indirecta, administrativa y no penal, que es más fácil justificarla socialmente, ya que supuestamente no se desencadena como respuesta a una movilización social, sino a una «actuación administrativa incorrecta» como es la justificación económica de subvenciones públicas al desarrollo de proyectos sociales incumpliendo unas formalidades en las mismas. Evidentemente, desde la Junta de Andalucía son conscientes de que no pueden impedir o difuminar socialmente las movilizaciones que en su día se desarrollaron, pero lo que sí pueden hacer es desprestigiar a las personas que tuvieron un papel destacado en las mismas para que en el futuro sea más difícil que se puedan dar unas luchas similares y que exista, en todo caso, miedo en las personas que se impliquen en ellas porque se puedan repetir las mismas medidas administrativo-represivas contra quienes participan o las impulsan.
Se ha creado un grupo de apoyo a Juan Carrique con el objetivo de minimizar en la medida de lo posible las consecuencias negativas de la represión que está sufriendo por su activismo y para visibilizar socialmente que no se trata de una cuestión personal sino que lo que aquí se está reprimiendo mediante medidas administrativas es una lucha política y colectiva por los derechos de las personas migrantes. Unos derechos que, lejos de haber mejorado con el paso de los años, desgraciadamente se vulneran y se niegan cada vez con mayor intensidad.
