El 28 de febrero de 1980, hace ahora 36 años, los andaluces volvimos a salir a la calle como continuación y con la resonancia del 4 de diciembre de 1977, para equipararnos a Cataluña, Galicia y el País Vasco en cuanto al derecho a autogobierno. Era la manera de poder resolver los problemas que padecíamos, bastantes de ellos con una clara dimensión económica. Casi cuatro décadas después, ¿en qué medida nos hemos aproximado a las aspiraciones que entonces se expresaron? ¿En qué situación se encuentra Andalucía en relación con la dirección en la que se apuntaba? Vamos a repasar muy brevemente algunas de las principales cuestiones que estaban pendientes.
El problema del «paro»1
El «paro», como sabemos, ha sido históricamente en nuestra tierra una herida permanente; cuando se inició el posfranquismo se presentaba como el principal problema a resolver. En 1981, en Andalucía había 387 000 «parados». Casi cuatro décadas más tarde, nuestro principal problema se ha multiplicado casi por cuatro. En todos estos años, el número de personas desempleadas siempre estuvo por encima de los existentes al inicio del período y puede decirse que desde entonces el paro en Andalucía ha ido en ascenso, con el paréntesis del boom inmobiliario, un negocio especulativo que enriqueció a unos pocos a costa de lamentables consecuencias para la mayoría. Durante este boom, el paro se redujo en 387 400 personas. Desde que explotó la burbuja, en 2007, ha habido un aumento de 995 700 parados en Andalucía. El paro, como ya sabíamos, no es una cuestión coyuntural o circunstancial en nuestra tierra. Es un problema secular que se ha visto profundizado en las últimas décadas.
Un paro asociado a condiciones especialmente desventajosas en el mercado de trabajo: casi cuarenta de cada cien parados andaluces o andaluzas lleva más de dos años en paro (39,6%), más de la mitad de los parados (el 56,2%) no recibe prestaciones por desempleo (diez puntos por debajo de Cataluña). La tasa de prestaciones contributivas es del 17,5%, frente al 26,7% como media en el Estado; el salario de los hombres es un 24% inferior a la media española, mientras que el de las mujeres está un 26% por debajo. En Andalucía hay un plus de desventaja para el empleo femenino sobre el que ya hay en el resto del Estado. Los ingresos medios por persona son en Andalucía casi la mitad (45,5%) que en Madrid o un 36% menos que en Cataluña. Todas estas cifras se resumen en el dramatismo de una situación de pobreza o exclusión social que llega en Andalucía al 38,6% de la población frente al 27% como media estatal. En Andalucía vivimos en una situación social de alerta roja, con un plus de explotación de clase y de género, en medio de las ruinas que ha dejado un crecimiento económico que tiene lugar en beneficio de unos pocos y en contra de la gran mayoría, como veremos a continuación.
Los campos andaluces, ¿al servicio de quién?
Durante los últimos 40 años, la economía andaluza acentúa su papel de economía abastecedora de productos agrícolas a los principales centros de consumo dentro del Estado y también a países de la Unión Europea. Esta venía siendo y continúa siendo, cada vez en mayor medida, nuestra principal dedicación como economía y como pueblo. Una dedicación que se va estrechando y concentrando en frutas y hortalizas y olivar. Estos dos cultivos significan en los últimos años casi el 80% del peso en toneladas de la producción agrícola en Andalucía.
El peso creciente de la horticultura andaluza nos ha llevado a «encargarnos» de «fabricar» cerca del 40% de la producción hortícola española. De este importante volumen, la agricultura almeriense concentra más del 60%, de modo que el soporte físico de esta agricultura se circunscribe a una parte muy pequeña de la superficie agraria utilizada en Andalucía. Las aproximadamente treinta mil hectáreas que ocupan los invernaderos de Almería no llegan al 1% de la superficie agraria útil de Andalucía. Se localiza aquí un sistema intensivo en el uso de capital y mano de obra en el que hay aproximadamente quince mil explotaciones familiares de un tamaño medio de algo más de 2 hectáreas.
Un sistema que apoya su funcionamiento en el uso y degradación de stocks de materiales disponibles en el entorno, aunque este fenómeno queda velado en las cuentas que, en términos monetarios, recogen los costes de esta agricultura. De modo que, mientras que entre agua, tierra, arena y estiércol suman el 99% del tonelaje de los recursos utilizados, asociados solo al 10% de los costes monetarios, semillas y plantones, fertilizantes y fitosanitarios, apenas un 0,1% del volumen físico de los requerimientos de materiales del modelo acaparan más de un 70% del coste monetario total de los mismos.
Para el funcionamiento del modelo almeriense ha sido fundamental el crecimiento de los rendimientos, de los kilos que los agricultores obtienen por hectárea, que se han multiplicado por dos desde los años 80. Esta ha sido la forma que los agricultores almerienses han encontrado para contrarrestar el deterioro del precio percibido por sus productos. Desde mediados de los setenta, el precio que un agricultor percibe por un kilo de hortaliza se ha reducido a la mitad en términos reales, al mismo tiempo que los costes de explotación han ido creciendo.
La encuesta que viene realizando la Junta de Andalucía sobre este nivel de endeudamiento nos dice que para la campaña 2007/2008, más de la mitad de los agricultores almerienses tiene que hacer frente a una anualidad que supone el 45% de los ingresos medios anuales en la citada campaña.
El olivar ha experimentado un fuerte proceso de expansión hasta ocupar ahora 1,5 millones de hectáreas y más del 70% de la superficie cultivada. También ha experimentado un proceso parecido al que hemos descrito para las hortalizas. Un aumento de los costes junto con una evolución decreciente de los precios pagados por el aceite de oliva que ha llevado a los agricultores a intensificar el cultivo para poder compensar la bajada de márgenes.
Por este camino se ha llegado a una situación en la que, según estudios del Ministerio de Agricultura, en la producción de aceitunas, un agricultor medio obtiene pérdidas como resultados, poniendo esto de relieve el papel de las subvenciones como sostén del sistema productivo del olivar. En este caso, la gran distribución (Carrefour, etc.) está vendiendo el aceite a precios muy bajos, utilizándolo como producto «gancho» o reclamo para atraer clientes y poder así mantener o ganar cuota del mercado alimentario. El campo andaluz es el que termina pagando «el pato» para que los intereses de la gran distribución y el negocio de las refinadoras transnacionales puedan salir adelante. Dicho de otra manera, nuestros campos, nuestros recursos, nuestro trabajo, están siendo utilizados en nuestra contra, de manera que en la agricultura andaluza se degrada nuestro patrimonio natural y se perpetúa nuestra situación de pobreza, dependencia y marginación; se funciona para hacer posible la reproducción, la expansión y la acumulación del capital global.
Sin industria y con el vertedero industrial más importante de la Unión Europea
En el recorrido de estos últimos cuarenta años, nuestro tejido industrial no ha dejado de deteriorarse, de manera que si en los 80 nos quejábamos de su extrema debilidad, que se traducía en una participación en la producción industrial española de un diez por ciento, cuatro décadas después estamos en el siete por ciento. Como mínimo, estamos donde estábamos.
Pero a pesar de esta debilidad industrial, en el polo petroquímico de Huelva tenemos localizado el que ha sido reconocido por el Parlamento Europeo como el caso más grave de contaminación industrial, el mayor vertedero de residuos industriales de Europa. En las marismas del río Tinto, en contacto con un espacio de alto valor ecológico y de zonas protegidas por diversas Directivas Ambientales de la Unión Europea, en el mismo estuario de las Marismas del Odiel, declaradas por la UNESCO reserva de la Biosfera, y a medio kilómetro de asentamientos urbanos pertenecientes a la ciudad de Huelva, en una superficie de 1200 hectáreas, se han vertido durante los últimos cuarenta años alrededor de 120 millones de toneladas de fosfoyesos. Estos residuos contienen, según estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, substancias radioactivas de larga duración y fuerte toxicidad y metales pesados en concentraciones por encima de las permitidas por la legislación vigente.
El boom inmobiliario: especulación y apropiación de riqueza para unos pocos
El negocio inmobiliario ha sido durante muchos años el principal protagonista de la economía andaluza, con un peso muy por encima del que tuvo en la economía española. Entre 1991 y el año 2007 se construyeron un millón y medio de viviendas, no para satisfacer las necesidades de los andaluces, sino para alimentar un proceso especulativo en beneficio de los amos del negocio inmobiliario. El territorio andaluz se ha «ordenado» a golpe de recalificaciones y convenios urbanísticos, fruto de decisiones tomadas a espaldas de la gente, en la trastienda de partidos políticos y empresas; una «ordenación» en la que los ingredientes han venido siendo el amiguismo, el tráfico de influencias, las presiones políticas, el caciquismo y la compra de voluntades. Este ha sido el camino de una refundación oligárquica del poder con fachada democrática, secuestrándose la política desde las formas predominantes de hacer dinero con la complicidad y la connivencia de los políticos, que vienen a ser los gestores o «conseguidores» de negocios hechos en beneficio de ellos mismos y de unos pocos que llenaron sus bolsillos hipotecando el futuro del resto.
Un despropósito que se paró «a pesar» de sus promotores y beneficiarios políticos y empresariales. En medio de este proceso en el que la riqueza de unos es a costa del empobrecimiento de otros, el censo de viviendas de 2011 registró 637 200 viviendas vacías en Andalucía, un número que viene a ser la mitad de las viviendas que se construyeron en los años de la burbuja inmobiliaria. Al mismo tiempo, en 2012 se llevaron a cabo 13 638 desahucios en Andalucía.
El turismo, una pieza más en la extracción de riqueza
El turismo deja muy poco valor añadido en Andalucía: el 13% de lo que deja en el Estado. Aparece como una actividad importante más bien por ausencia de otras que sobresalgan más que ella. En ciertos casos, como la colonización masiva del litoral, es un «monocultivo» asociado a la apropiación y extracción de riqueza que supone la utilización del territorio andaluz para localizar procesos articulados en circuitos dominados por turoperadores que utilizan diferentes espacios en sus estrategias globales de revalorización del capital.
Andalucía, una economía extractiva y periférica
En los 80, la desventajosa situación de la economía andaluza en relación con otros pueblos del Estado se había venido asociando a dos cuestiones. Una, su escasa capacidad para apropiarse de valores monetarios y generar ingresos, como reflejaba su escaso peso en los ingresos generados por la economía española. En este sentido, en los 80 el peso de la economía andaluza era del 13% de la española. En la actualidad estamos en las mismas. Seguimos recibiendo unos ingresos, una remuneración por las tareas que desempeñamos del 13% del total del Estado, muy por debajo del peso de nuestra población, el 19% de la española. También aquí estamos donde estábamos; y es que nos seguimos dedicando, ahora en mayor medida que nunca, a las tareas peor consideradas, peor remuneradas dentro del sistema. Hemos intensificado nuestro papel de economía abastecedora de productos primarios, de economía al servicio de otras. Nuestros recursos se utilizan para crear riqueza de la que se apropian intereses ajenos y lejanos a Andalucía. Incluso ahondamos nuestra situación de economía extractiva y periférica cuando desde la Junta de Andalucía se aspira a reanimar la minería para sostener lo que llama «nuevo modelo productivo».
Una economía a nuestro favor
Este es el sitio que este sistema (económico y político, dos caras de la misma moneda) tiene para Andalucía. Tampoco nuestra aspiración fue nunca pasar de presa a depredador, las dos opciones que ofrece la lógica de la acumulación dentro del capitalismo. Necesitamos una manera de entender la economía que funcione con lógicas que vayan más allá del crecimiento y la acumulación de riqueza y de poder como objetivos prioritarios. Una economía que centre la atención en el mantenimiento y el enriquecimiento de nuestra vida social y natural. Una economía compatible con un proceso de transición hacia una situación de postcapitalismo, que avance hacia una emancipación que tenga en cuenta las tres fuentes de dominación que hoy padecemos: la dominación de clase, la dominación de género y la dominación que sufrimos como pueblo.
Para ir en esa dirección, necesitamos deconstruir y reelaborar esas categorías de pensamiento con las que la economía convencional ha colonizado nuestras mentes: producción, trabajo, crecimiento económico, riqueza. Y valernos de experiencias y prácticas basadas en valores y principios que se sitúan en las antípodas de los hoy predominantes: la cooperación, la autogestión, la ayuda mutua, el compartir, la cohesión social, la defensa de los bienes comunes. Unos valores en gran medida presentes en nuestro imaginario como pueblo.
* Este texto intenta resumir el capítulo «La economía andaluza durante las tres últimas décadas» del libro Andalucía: identidades culturales y dinámicas sociales, publicado por la editorial Aconcagua en 2012.
1 Ponemos “paro” con comillas porque es un término que se deriva de las categorías de pensamiento que utiliza la economía dominante, que “confunde” el trabajo con el empleo remunerado y el “paro” con el desempleo, ocultando o invisibilizando así la mayor parte del trabajo socialmente necesario para que el sistema pueda funcionar, que tiene lugar fuera del “mercado de trabajo” y que sigue siendo desempeñado básicamente por las mujeres.
