Hubo una época, coincidiendo con el cambio de siglo, en la que Andalucía sacó pecho por la promoción del software libre en la Administración, centros educativos y programas públicos de alfabetización. Sin embargo, hoy en día es difícil encontrar el rastro de aquella apuesta. Exploramos las causas de este olvido y destacamos que, lejos de estar desfasada, la apuesta por la soberanía tecnológica es más necesaria que nunca.
Tras veinte años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Socialista en Andalucía, la entrada en el siglo XXI vino acompañada por el lanzamiento de una iniciativa conocida como la «Segunda Modernización de Andalucía». El Gobierno andaluz veía en esta estrategia la oportunidad de dar un salto cualitativo que, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, podría poner a Andalucía a la cabeza de una segunda modernización sin haber tenido que pasar por la primera.
No es este el espacio para valorar los mitos tras las promesas de este desarrollo tecnológico. El propio Manuel Castells, gurú de la sociedad de la información, abrió la veda en 2002 cuando, junto con el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, participó en un diálogo en la televisión pública sobre los retos de Andalucía ante esta nueva era. El mismo Castells que, años antes, aportó la arquitectura intelectual y estratégica para la reconversión de las instalaciones de la Expo’92 en el parque tecnológico Cartuja 93, afirmando incluso que Andalucía presentaba condiciones, materiales y culturales, para convertirse en la California del Sur de Europa en lo que a innovación tecnológica se refería.
La apuesta institucional
Durante esa época vieron la luz una serie de políticas públicas que dieron soporte institucional al programa de segunda modernización, en las cuales ya se explicitaba la apuesta por la promoción del software libre. Entre ellas, destacan el Decreto 72/2003, de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, en el que se explicitaba el interés del Gobierno andaluz de apoyar, usar y favorecer el desarrollo del software libre. El siguiente gran avance se produjo en 2005, cuando la Consejería de Innovación, de forma pionera en España, publicó una orden por la que se declaraba de libre uso y disposición el código fuente de los programas que eran propiedad de la Junta de Andalucía.
Este impulso al desarrollo y utilización de software libre y de estándares abiertos, especialmente en el ámbito de las administraciones públicas andaluzas, se tradujo en una constelación de iniciativas que convirtieron a Andalucía en una referencia en esta materia. La más visible fue Guadalinex, la distribución GNU/Linux exportada del Linex, desarrollado en Extremadura poco tiempo antes, y que tuvo una variante educativa, Guadalinex Edu, implantada desde 2003 en la red de centros educativos públicos no universitarios andaluces. A ello se sumó la introducción del software libre en los centros TIC, en los portátiles escolares y en programas de alfabetización digital como Guadalinfo, concebidos no solo como espacios de acceso a Internet, sino también como instrumentos de capacitación ciudadana en tecnologías abiertas.
La apuesta alcanzó igualmente a la Administración pública y el pago de licencias de software cayó en picado, pero no se trataba solo de abaratar costes. El discurso institucional vinculaba el software libre con la autonomía tecnológica, la creación de un sector empresarial andaluz especializado, la generación de empleo cualificado y la posibilidad de construir servicios públicos menos dependientes de los grandes proveedores propietarios. Esa fue, probablemente, la dimensión más ambiciosa de aquella política.
Desde el principio, los grandes proveedores de software comercial desarrollaron todo tipo de campañas y maniobras con el objetivo fundamental de desacreditar e impedir el desarrollo del software libre en Andalucía. El argumento principal era que el uso de programas informáticos gratuitos, como Linux, suponía una vía de entrada para la piratería. Con ello, pretendían esconder sus objetivos meramente comerciales y el hecho indudable de que utilizar software libre facilitaba el acceso a todo tipo de aplicaciones informáticas, con versiones personalizadas y costes asequibles, para las administraciones públicas, las PYMES y usuaries particulares en general.
El comienzo del lento abandono
En 2012 se produjo un punto de inflexión cuando Microsoft interpuso una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Junta de Andalucía por los daños y perjuicios sufridos por la posible vulneración de sus derechos de propiedad intelectual por un importe de doce millones de euros. En el fondo de la cuestión, estaba la cara b de la migración al software libre del sistema administrativo y educativo andaluz que, a falta de formación específica para les usuaries y de acompañamiento a la migración de sistemas, presentaba un funcionamiento paralelo con copias sin licencias de software propietario. Pocos meses después, Junta y Microsoft firmaban un acuerdo con muchas sombras por el que la Junta reconocía el uso irregular de las licencias y la utilización ilegítima de derechos de propiedad, aprobando un plan de pagos de doce millones de euros en tres años que incluía no solo el pago retroactivo del uso de licencias pirata, sino la compra de licencias de programas de Microsoft para los siguientes años.
Como si de una tormenta perfecta se tratase, esta vuelta al software propietario coincidía con los efectos tanto de la crisis económica, que supuso un recorte drástico de la promoción de la comunidad de software libre en Andalucía, como del golpe que a nivel internacional supuso la compra de la emblemática empresa de la expansión del código abierto Sun Microsystems por parte del gigante del software propietario Oracle. Los sucesivos gobiernos de José Antonio Griñán y Susana Díaz fueron dejando morir el proyecto que pocos años antes se había presentado como uno de los símbolos de la segunda modernización de Andalucía. La entrada del Partido Popular de Moreno Bonilla enterró definitivamente una iniciativa que se asociaba a la gestión de los gobiernos anteriores.
El panorama actual
Hoy, el rastro de lo que fue Guadalinex apenas sobrevive en las propias páginas de la Junta de Andalucía. En los repositorios institucionales la última versión disponible del sistema operativo es de 2012. Mientras tanto, la Administración andaluza y buena parte de su sistema educativo han consolidado un giro silencioso pero profundo hacia el software propietario y las plataformas de grandes corporaciones tecnológicas. El caso más evidente es la progresiva implantación de servicios de Google Workspace for Education en centros educativos, que ha situado a cientos de miles de estudiantes dentro de un ecosistema digital gestionado por Google, con implicaciones en términos de dependencia tecnológica, privacidad y gestión de datos.
En el ámbito universitario, la tendencia reproduce este mismo movimiento. Instituciones que en su momento apostaron por infraestructuras propias o basadas en software libre han ido migrando progresivamente hacia servicios de grandes corporaciones. Es el caso de la Universidad de Sevilla, que abandonó sus sistemas de correo basados en software libre para integrarse en el ecosistema de Microsoft, lo que acarreó problemas de funcionamiento y ocasionó protestas entre la comunidad educativa. O la Universidad de Cádiz, que mantiene servidores propios pero ofrece simultáneamente cuentas corporativas a través de Gmail. Este modelo híbrido, cada vez más extendido, no solo introduce dependencia tecnológica, sino que normaliza externalizar servicios estratégicos y ceder datos académicos a proveedores externos, en un contexto donde el debate sobre soberanía digital universitaria permanece prácticamente ausente.
Además, esta transición no es solo tecnológica, sino también económica. Durante los años de apuesta por el software libre, Andalucía no solo redujo costes en licencias, sino que impulsó un tejido empresarial propio. Empresas como Emergya y tantas otras crecieron al calor de una política pública orientada a la soberanía tecnológica, generando empleo y conocimiento local en torno al desarrollo, asesoría y formación en software libre. Sin embargo, la retirada progresiva de ese impulso institucional ha diluido ese ecosistema: muchas de estas compañías han mutado hacia modelos de consultoría generalista, en un mercado dominado por grandes proveedores globales.
El resultado es un cambio de modelo. Andalucía ha pasado de un esquema en el que una inversión pública relativamente modesta generaba ahorros significativos y retornos en forma de tejido productivo, a otro basado en el pago recurrente de licencias y servicios externos.
Sin embargo, en Europa vuelve a escucharse hablar de soberanía tecnológica. Las instituciones comunitarias abogan por reducir la dependencia de proveedores estadounidenses. En Andalucía parece haberse recorrido el camino inverso: de pionera en políticas de software libre a territorio plenamente integrado en las lógicas de la plataformización global. Un viaje de ida y vuelta que deja abierta una pregunta: si aquel modelo demostró ser viable, ¿por qué se abandonó sin una alternativa propia?
