Decir que no hay plata en Argentina es una ironía histórica, pero con esa frase se coronó frente al pueblo y con la expectación mundial nuestro particular Calígula presidencial, Milei. Motosierra en mano y con su promesa anarcocapitalista de reducción del Estado a su mínima expresión, comenzó su reinado a base de Decretos de Necesidad y Urgencia (el DNU, similar al Real Decreto-Ley en España), arguyendo que el cáncer de la patria era la cleptocracia kirchnerista que, profundamente influenciada por una especie de internacional comunista, habría fundido la economía del país volviéndola dependiente del dinero del contribuyente para mantener un sistema improductivo, que solo sobrevivía a base de proteccionismo y subvenciones estatales, y que alimentaba a parásitos de la casta política y los «planeros» (pobres con «paguitas») que los mantenían en el poder. Y así, quemando la democracia, con el beneplácito de los altos poderes judiciales, la aristocracia nacional y el capital financiero, Milei empezó a arrasar lo público; y aquellos dictámenes que forzosamente debían pasar por el Senado o el Congreso de diputados logró que fueran aprobados gracias al transfuguismo de les legisladores. La maquinaria del capital contuvo la inflación a base de préstamos exteriores, recorte público y muerte del consumo, colmando el mercado del denario yankee a intereses elevados para recuperar la confianza en las inversiones extranjeras; y como la locomotora liberal requiere de la inversión del imperio para no descarrilar, la motosierra segó los derechos laborales y la industria nacional necesarios para que los precios de producción y exportación se ajustaran a los del mercado internacional. Y he aquí la pregunta de los veinte mil millones de dólares que Trump prometió a Milei… ¿Qué quiere el mercado internacional de la Argentina? ¿Será el bienestar del pueblo? Les dejo una pista: Modificación de la Ley de Glaciares.
La Ley de Glaciares del 2010 fue un hito en el derecho ambiental nacional y una de las leyes más avanzadas del mundo en materia de protección de glaciares. En ella se contemplan los glaciares como bien público y reservas estratégicas de agua dulce, se extiende el área de protección a los ambientes periglaciares, se crea el catálogo de glaciares y se le da la responsabilidad de gestión y monitoreo al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), se establece el control continuo a través de evaluaciones de impacto ambiental, y aquí viene lo relevante, se somete a revisión toda actividad minera presente en dichas áreas y se prohíbe, desde entonces, la realización de nuevas actividades mineras, prospección o explotación de hidrocarburos, obras industriales y la liberación de contaminantes. La ley fue polémica ya en su día, ya que por aquel entonces gobernaba el kirchnerismo, que apostaba fuerte por la explotación de bienes demaniales por parte del Estado (recordemos que ese mismo año se descubre el mega yacimiento petrolífero de Vaca Muerta y en 2012 se renacionaliza la petroquímica YPF de las manos de Repsol por el mismo Gobierno).
Entonces, ¿qué relevancia tienen los glaciares de la Argentina para generar tal contradicción? La respuesta está en Los Andes. En Los Andes argentinos encontramos 16.968 glaciares, que dan agua a treinta y nueve cuencas hídricas del país y de ellas beben siete millones de personas, y se nutren en época de sequía las cuencas de muchas regiones áridas y se regulan los caudales de los ríos. Los glaciares no solo son fundamentales para estos ecosistemas lóticos, sino para que no colapse toda la agricultura de la mitad de las provincias del país. La actividad agrícola aunada de estas provincias roza los veinte mil millones de dólares, y gran parte del agua necesaria sale del deshielo de glaciares. Entre el treinta y el cuarenta por ciento del PIB agrícola argentino depende directa o indirectamente del agua glaciar. Los glaciares dan vida a la Argentina y de comer a su gente, son un recurso estratégico del país.
Ahora bien, volviendo a este 8 de abril de 2026, ¿qué ha modificado en la ley el Gobierno de Milei? Ahora los glaciares deben tener una «función hídrica relevante», y los que no pasen la prueba, serán desprotegidos y se permitirá la explotación minera en dichos territorios. El criterio de cribado no se señala en la ley, sino que pasa a manos de los Gobiernos provinciales (Argentina es una república federal), los cuales, junto con informes del IANIGLA y evaluaciones de impacto ambiental realizadas por las empresas mineras interesadas en la explotación, decidirán si un glaciar es relevante o no. He de señalar que muchas de estas provincias son de las más pobres del país, con un financiamiento ridículo y con niveles de corrupción elevados, muchas de ellas con gobiernos directamente relacionados con mineras y cuya voluntad está sesgada en determinados intereses. Claramente, el objetivo de la modificación es seguir con el viejo cuento del extractivismo, desregularizar la explotación minera e intentar que las empresas extranjeras vean atractiva la inversión en el país. El Gobierno se respalda en que se generarán empleos de calidad y la exportación de minerales traerá dólares; pero la triste realidad es que no es más que ceder soberanía nacional a intereses de lobbies muy concretos, porque la Ley de Glaciares solo afecta al 0,21 % de la superficie del país, es decir, se puede minar en el 85 % restante (descontando Parques Nacionales); pero en alta montaña encontramos litio, oro y cobre, fundamentales para la industria extranjera, porque la nacional se está desmantelando. Sin rivales en el mercado, leyes laborales menguadas, leyes ambientales flexibles a criterio de gobernadores corruptos o de provincias con casi un tercio de su población bajo la línea de la pobreza, y con el lavado de divisas como política de Estado; la Argentina está abriendo sus venas, y cuando los glaciares mueran, el imperio se habrá llevado el oro, el litio y el cobre, pero también la plata, y el pueblo se habrá quedado sin agua.
