Este lema, popularizado desde los Estados Unidos, siempre nos saca una sonrisa socarrona a las que nos dejamos la piel para que las bibliotecas sean esas ágoras de encuentro comunitario, de barrio, de cultura gratis; donde todo el mundo es bienvenido y desde donde, técnicamente, cualquiera podría aprender a desmontar el Sistema, incluso sin su carné.
Hoy día, entrar en una biblioteca pública es (o debería ser) un acto silencioso pero contundente de incidencia política. En una sociedad que ha transformado cada minuto de nuestro tiempo en una métrica de productividad, decidir sentarse en un espacio público sin intención de comprar ni producir nada es una ruptura radical contra el Sistema: un gesto de reapropiación del derecho al tiempo y de ejercicio, en buena dosis, de nuestros derechos culturales. Es reivindicar el espacio público y reivindicarse como ciudadanas, recordándole al Estado que el conocimiento es un bien común que nos pertenece a todas. No estamos dispuestas a dejar que el mercado ni los algoritmos diseñados para encerrarnos en burbujas de consumo dicten las fronteras de nuestra curiosidad.
Pero no nos engañemos. Nos movemos en un contexto donde gran parte de la ciudadanía ni siquiera percibe así las bibliotecas; y no es su culpa: es difícil defender algo de lo que jamás te han informado ni demostrado que te pertenece. De esa falta de conciencia se alimenta la propia Administración, que encuentra en el silencio social el margen perfecto para seguir vaciando de recursos nuestras bibliotecas y dejarnos a nuestra suerte. Precisamente esa es la «cara B» de la mirada punk: le viene de perlas a una institución que ha decidido tomarse la autogestión de forma literal, elevando el «hazlo tú mismo» a categoría de política cultural y presupuestaria.
Las bibliotecarias de la pública hemos pasado de ser percibidas como guardianas del silencio a convertirnos en uno de los últimos diques de contención de un sistema de bienestar que hace aguas. Hoy, el personal bibliotecario ejerce de asistente social improvisado, de soporte técnico contra la brecha digital, de psicólogo ante la soledad no deseada de nuestras vecinas y de mediador de conflictos. Son tareas que muchas de nosotras asumimos por pura ética pública mientras las instituciones responden con dejadez, presupuestos irrisorios, catálogos que envejecen a marchas forzadas, plazas que nunca se reponen y unas instalaciones que, en su gran mayoría, arrastran la precariedad de los años ochenta.
En el día a día, lo que impera es el caos de unas plantillas bajo mínimos. Se ignoran con descaro los acuerdos, las directrices y toda esa legislación bibliotecaria —fruto del trabajo democrático— que la Administración trata como papel mojado. Resulta cínico que las instituciones se cuelguen la medalla de la democratización cultural mientras desprecian el marco legal que debería garantizarnos. Trabajamos en un vacío absoluto, sin un modelo claro de biblioteca y sin un paraguas institucional que nos dé guía, mientras la Administración espera que todo se solucione por inercia y cada centro funcione a su libre albedrío.
Es fácil aplaudir la supuesta «resistencia» de las bibliotecas cuando esa resistencia se paga con el agotamiento y el desgaste cotidiano de quien abre las puertas cada día. Pero no nos equivoquemos: resistir por convicción es revolucionario; resistir porque la Administración nos abandona es, sencillamente, negligencia disfrazada de heroísmo. La paradoja del Sistema es clara: se nos exige vocación y resiliencia para que el servicio no colapse, pero se nos mantiene calladitas e invisibles para no invertir en recursos.
Hoy día, muchas bibliotecas públicas funcionan no gracias a las administraciones, sino a pesar de ellas.
