En mi entorno hay personas muy profesionales que trabajan en la sanidad pública, en ciudades y pueblos. Están agotadas y sobrecargadas por la falta de recursos sanitarios, escasez de personal laboral, carga asistencial, pocos descansos, alto nivel de estrés y un largo etc. Cientos de profesionales están saliendo a las calles no solo para mejorar sus condiciones laborales, sino también para mejorar el servicio sanitario que nos van a ofrecer. Andalucía se sitúa en la cola de la financiación, como siempre.
Esta falta de interés presupuestario, y por ende político, nos afecta directamente a todas las personas que presentamos alguna necesidad sanitaria, ya sea puntual o no. En hospitales y centros de salud observamos cómo la calidad del servicio merma por las prisas, nos encontramos con largas listas de espera para ser atendidas por algún especialista, citas para pruebas que tardan en llegar, resultados que nunca se reciben, cancelaciones reiteradas para intervenciones quirúrgicas, y otro largo etcétera.
Podemos afirmar que el sistema sanitario está en crisis; que esta realidad provoca frustración y cansancio en el equipo profesional que se interesa por hacer un buen trabajo; y que, además, los y las pacientes no reciben un buen servicio como consecuencia de esta precariedad. Pero este entramado no afecta por igual a todas las personas: ¿qué ocurre cuando la persona que solicita atención sanitaria presenta una especial vulnerabilidad? ¿Cuál es el alcance de la asistencia que recibe? ¿La calidad de la atención está condicionada solo por la precariedad o se nos escapa algo más? Aquí es donde quiero llegar: a la realidad de una persona migrante que accede al sistema sanitario, en este caso, de Andalucía.
Aunque la palabra «migrante» hace referencia a cualquier persona que se traslada fuera del lugar de su residencia habitual, ya sea cruzando o no la frontera de su país —que podría ser por gusto o privilegio—, me refiero a seres humanos que viajan en condiciones de precariedad, generalmente obligados a mejorar sus condiciones de vida.
En el caso de una persona migrante, la vulnerabilidad en la atención se dispara. Hablamos, entre otras, de historias de vida previas en otros países, con contextos socioculturales y políticos distintos; con concepciones diferentes de la «salud» o la «enfermedad», donde se percibe una dicotomía frecuente entre las medicinas tradicionales y la biomedicina, esta última más presente en Occidente; trayectos migratorios donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos —redes de trata, violaciones, secuestros, robos, esclavitud, travesías en cayuco, etc.—, que en muchas ocasiones, duran años; familia y principales redes de apoyo en el país de origen, pese a la participación en las comunidades organizadas en el país de llegada; estancia en centros de acogida o acceso a habitaciones de alquiler en condiciones infrahumanas, precios altos, hacinamiento, imposibilidad de empadronamiento, etc.; explotación laboral, principalmente en zonas agrícolas, aunque también en otros sectores como la hostelería, servicio doméstico o la construcción, con sueldos y altas laborales que, o no existen o, en muchos casos, no se corresponden con el trabajo realizado; nivel educativo diverso; situaciones administrativas regulares, irregulares y en el limbo; el género como eje de desigualdad —embarazos no deseados en el trayecto migratorio, mutilación genital, explotación sexual, violencia machista, etc.—.
Al margen de la precariedad, desde el ámbito sanitario, desvincular el factor sociocultural de la causa física o no física que presenta un paciente no es acertado, menos aún cuando se trata de una persona cuya nacionalidad o escenario es diferente al nuestro. Tratar el cuerpo como una máquina llena de piezas, sin prestar atención a las creencias y contexto, puede conllevar a un diagnóstico o tratamiento equivocado, además de a una falta de dignificación de la persona atendida. Tampoco es una práctica correcta hacer uso de todo el arsenal de prejuicios y estereotipos que alimentan el imaginario colectivo, porque de este modo el historial de la persona depende más de los medios de desinformación que de su propia experiencia vital. Por tanto hay que apostar por el respeto y la mirada intercultural, no por el infradiagnóstico y las etiquetas.
Una barrera idiomática o un indicio de analfabetismo dificultan la intervención, sí, pero nunca deberían justificar la desinformación o deshumanización de un servicio. Miedo, incertidumbre, frustración, incomprensión —y, en casos muy complejos, traumas de por vida—, son algunas de las consecuencias que afectan directamente a la salud mental de la persona. Una mujer migrante llega a España, pierde a su bebe en el parto y años más tarde sigue sin saber bien qué pasó. Pues pasa.
Urge la contratación de mediadores/as interculturales en centros sanitarios y hospitales, así como formar al personal en interculturalidad. Las herramientas que facilitan la intervención y que dignifican a la persona pueden aprenderse; a veces son cuestiones muy básicas, tales como usar un lenguaje sencillo, mirar a los ojos a la persona o hacer un pequeño dibujo para apoyar la explicación.
A nivel andaluz, hay profesionales de la sanidad que han creado una Red de Información y Salud para la Inclusión de las Personas Migrantes en el Sistema Sanitario (iSir); investigan, forman, etc. El alcance de la plataforma avanza poco a poco, pero estas figuras sanitarias hacen muy buen trabajo y, lo más importante, apuestan por la integridad humana. También está Salud Responde, un servicio gratuito que cuenta con intérpretes telefónicos y que, honestamente, rara vez se usa —tiene que haber teléfono, buena cobertura, tiempo e interés—; finalmente, no funciona.
En definitiva, tenemos que asumir que nuestra sociedad es intercultural —no solo el día de reyes—; que el personal sanitario está en una situación muy precaria; que es necesaria la financiación, pero también el interés profesional; y que la acogida de las personas migrantes merece ser de calidad y esto es responsabilidad de todos y todas.
