nº70 · Feb 2026 | andaluza política

¡Que mantengan mi nivel!

¿Recordáis a esas compañeras que siempre sacaban las notas más altas en el instituto? No sería arriesgarse asumir que iban a estudiar medicina, ya que es el segundo grado que más nota de corte exige, entre 12,5 y 13,5. Si no, siempre puedes hablar con tus padres ricos y que te paguen una de las doce universidades privadas.

El número de plazas anuales (12000) está limitado por el sistema Numerus Clausus que se estableció en 1994 como respuesta a un baby boom que masificó las universidades, sin la garantía de una respuesta laboral específica y para fomentar el ingreso de estudiantes con altas cualificaciones, «mejorando así la calidad del sistema de enseñanza». No es sorprendente, pues, que alrededor del 70% de los estudiantes sean de clase alta, ya que no se puede dedicar tiempo al estudio sin contar con el respaldo de una familia que asuma el coste de la vida.

Tras el grado toca especializarse, lo que solo puede realizarse a través del examen MIR. Aunque las plazas oscilan de un año a otro según el interés por parte del gobierno de turno, en el curso 2025 se ofertaron unas 9000 plazas, para unos 13000 solicitantes. Lo que garantiza que el 70% obtengan una plaza. Y teniendo en cuenta que apenas un 1% del resto de disciplinas cuenta con ayudas para su especialización, no parece una mala cifra.

¿Y después? Solo en Andalucía, la oferta de empleo público (OEP 2025) abría 500 plazas MIR y unas 1000 para incorporarse al cuerpo de funcionarios. En Madrid, se abrían 400 plazas MIR y 800 de incorporación. Y esto sin contar los hospitales privados que prácticamente suponen el 40% del total. Lo que hace que esta profesión cuente con índices de paro por debajo del 4% e incluso 0% en algunas especialidades.

Sin embargo, se estima que más de 3000 profesionales abandonan el país cada año y que muchas plazas del MIR se quedan vacías. Además, existe un mayor número de profesionales por hospital en el sector privado. Unos 45000 sanitarios trabajan exclusivamente en el sector privado frente a los 70000 que trabajan exclusivamente en la pública. Siendo unos 28000 quienes compaginan su trabajo en ambos sectores.

Que la sanidad es un bien que debe protegerse no es algo que vayamos a cuestionar aquí. Que todos los gobiernos han diezmado la calidad y dificultado la realización de la profesión tampoco es algo que vayamos a poner en duda. Pero quizá deberíamos apuntar que no es sorprendente que, si el 70% de los profesionales de un sector vienen de las clases altas, estos aspiren a acumular y mantener ese nivel de vida. El problema quizá no sea tanto la falta de empleo, como la falta de incentivos económicos para que ciertas personas de ciertos sectores sociales acepten ejercer su profesión, con toda la presión y el estrés que en el sector público se debe soportar. Solo así se explicaría por qué existen más de 400 plazas vacías en atención primaria en el sector público, donde los salarios son más bajos y la cercanía con el pueblo mayor.

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