En la sierra sur de Sevilla aún resiste una utopía en marcha que corre el peligro de ser vendida por la Junta de Andalucía. Se trata de El Humoso de Marinaleda, una finca de 1 200 hectáreas que fue expropiada en 1991 al duque del Infantado por la lucha jornalera. Con su pérdida, estaríamos ante el fin de una cooperativa andaluza que es pionera en producción agroecológica y social.
En febrero de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificaba la decisión del Gobierno andaluz por la que quiere desalojar y vender la finca del Humoso a un precio abusivo. Ni las ocho cooperativistas de la finca ni el Ayuntamiento de Marinaleda, que tiene un derecho de compra preferente, podrían asumir este precio. Esto podría desembocar en una subasta de las tierras al mejor postor en un momento en el que el campo andaluz está siendo saqueado por los fondos de inversión especulativos.
La venta del Humoso podría suponer la pérdida de un proyecto que, desde su inicio, ha creado más de 400 empleos, acabando con el paro y la emigración en el municipio. Pero, además, supondría la pérdida de una parte imprescindible de la historia de las luchas jornaleras de Andalucía.
Para saber cómo consiguieron hacer realidad la consigna de la tierra pa quien la trabaja, debemos buscar su origen en una serie de luchas y acciones que se iniciaron a finales de la década de los 70, cuando nace el Sindicato de Obreros y Obreras del Campo (SOC). Su surgimiento se enmarca en un contexto en el que el campo andaluz está concentrado en unas pocas manos latifundistas que aumentan progresivamente la mecanización del campo y en una clase jornalera que trabaja la tierra por un jornal y bajo unas condiciones laborales abusivas, basadas en la estacionalidad, en el hambre y en el paro. Por ello, el SOC nace con dos objetivos concretos: organizar a las obreras y obreros del campo, y reivindicar una reforma agraria que sea la solución a los problemas estructurales del campo andaluz.
En Marinaleda, donde cerca del 80% de la población estaba en paro, el SOC se convirtió en una herramienta imprescindible para movilizarse por el empleo o por la puesta en producción de las tierras en desuso y acaparadas por la nobleza. Así, las asambleas del sindicato y las vecinales se fueron constituyendo como el órgano de decisión más democrático, destacando el importante papel de vanguardia que tuvieron las mujeres. En unos pocos años tuvieron lugar varias huelgas que lograron una paralización del municipio, numerosas manifestaciones, cortes de carretera y una participación masiva en las marchas y ocupaciones de tierra, que se iniciaron con la de Bocatinaja en 1978.
De este movimiento, y por iniciativa del cura obrero Diamantino García, nace la CUT —la Candidatura Unitaria de Trabajadores/as— y gana en Marinaleda las elecciones de 1979. Un momento histórico en el que la clase jornalera llega al poder municipal, asumiendo la alcaldía el sindicalista Juan Manuel Sánchez Gordillo y donde dos mujeres alcanzan por primera vez cargos públicos.
En agosto de 1980, el pueblo se encontraba en una situación crítica. El Gobierno castiga a Marinaleda con el recorte de los fondos presupuestarios, además de retrasar su llegada. Los días pasan sin dar ni una sola peoná y las familias piden dinero prestado para poder comer. El hambre no espera. Por ello, más de 700 marinaleñas iniciaron una huelga de hambre contra el hambre durante catorce días. Cada día, mujeres, migrantes, albañiles y la clase jornalera en paro, se reunían en asamblea para votar su continuidad; y después las mujeres, con un solo vaso de agua con limón en el cuerpo, se marchaban a hacer la cena a sus criaturas. El 22 de agosto lograron una de sus peticiones: cobrar una cantidad mayor del Empleo Comunitario hasta que llegase la campaña de la aceituna.
Pero aquí no acabó la cosa. Esta huelga significó una gran victoria porque dejaba claro que con unidad y lucha podrían conseguir sus reivindicaciones. Por ello, en el 83 acamparon en el pantano de la Cordobilla con la exigencia de agua pa regar la tierra, ya que su puesta en regadío supondría la creación de más empleos. Durante treinta días acamparon bajo el frío y la lluvia, y, de nuevo, decidieron en asamblea que las mujeres acudirían al Coto de Doñana, donde se encontraba de vacaciones el entonces presidente del Gobierno, Felipe González. A lo largo de varios días, rodearon la zona con sus reivindicaciones hasta que consiguieron una cita en la Moncloa para abordar la cuestión jornalera.
Sin embargo, los diálogos en la Moncloa o la subida del Empleo Comunitario no eran suficientes para atajar una problemática estructural. Por ello, y a lo largo de varios años, las vecinas de Marinaleda llevaron a cabo una serie de ocupaciones en la finca abandonada del Humoso, llegando a ocuparla hasta noventa días en el año 88.
La acción definitiva de esta lucha incansable llegó en 1991. A las puertas de la Expo 92 en Sevilla, cortaron la avenida de la Palmera y ocuparon las oficinas del comisario. El Gobierno andaluz, inmerso en un polémico proceso de gentrificación del centro histórico de la ciudad, no quería más ruido y, a los pocos meses, les concedieron las 1 200 hectáreas del Humoso, tras desembolsar una gran cantidad de dinero al duque del Infantado.
Desde entonces, han sembrado la tierra y recogido sus frutos año tras año. Han puesto en marcha un uso público, productivo y ecológico de la tierra, y también han generado toda una industria de transformación agroalimentaria y envasado. Con ello, Marinaleda y el Humoso simbolizan no solo la lucha, la resistencia y las victorias de la clase jornalera, sino también que otra forma de trabajar la tierra y de vivir es posible. Además, el proyecto se enmarca en una política municipal de transformación social y de planificación comunitaria, con la que han logrado el pleno empleo, facilitado el acceso a la vivienda y la instalación de espacios colectivos y de conciliación familiar.
Desde hace años, los distintos gobiernos de Andalucía están presionando a las cooperativistas de Marinaleda para hacer caer el proyecto. En 2017, con el PSOE en el Gobierno de la Junta, presionaron y amenazaron a las cooperativistas con no recibir las ayudas de la PAC (Política Agraria Común) si no compraban la finca por seis millones de euros. Más tarde, en 2021, la Junta de Andalucía, esta vez en manos del PP y Ciudadanos, emitió una orden de desalojo para que en un mes dejaran el Humoso, negándoles el derecho de adquisición preferente de la tierra. Un recurso contencioso administrativo consiguió su suspensión. En la actualidad, la decisión está en manos del Gobierno andaluz. Si no se llega un acuerdo o a un precio justo alejado de toda especulación, las ocho cooperativistas del Humoso recurrirán ante el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, el campo andaluz está cada vez más despojado de un uso social y productivo. Desde 2020, las inversiones de capital extranjero en Andalucía han aumentado de forma considerable. Los fondos de inversiones están adquiriendo terrenos grandes y de regadío para implantar un modelo de agricultura superintensiva que está destruyendo los acuíferos y contaminando el agua por el uso de fertilizantes y pesticidas. También les interesa para la instalación masiva de energías renovables que extraen el potencial solar del sur para trasladarlo al norte de Europa (entre Utrera y Alcalá de Guadaira se encuentra una de las plantas fotovoltaicas más grandes del Estado español, con 300 hectáreas, y cuya empresa tiene su sede central en Múnich, Alemania). Y todo ello gracias a las políticas autonómicas y estatales que juegan un papel de representantes de los intereses del gran capital al facilitar el aumento del latifundio y la compra de fincas, mientras castigan y desalojan los proyectos que ponen en uso la tierra abandonada, como también fue el caso del Cerro Libertad en Jaén.
Esta lógica del capitalismo salvaje persigue los mayores beneficios a costa de la destrucción de los ecosistemas y biodiversidad, de la pérdida de nutrientes y la degradación de los suelos, aumentando, a su vez, el uso de pesticidas para perjuicio de consumidores y del medio ambiente. Al otro lado, se encuentran miles de jornaleras y temporeras que sostienen la alimentación de Europa a base de jornales mal pagados, del empleo semi-esclavo de personas migrantes, del incumplimiento del convenio del campo y de una situación de infravivienda.
Frente a este modelo depredador, que agudiza todas las problemáticas derivadas del modelo económico subalterno y dependiente que atraviesa a Andalucía, debemos contraponer el ejemplo del Humoso y recordar que existen alternativas al capitalismo neoliberal en nuestra tierra. Hoy nos toca defenderlas.
