«¿Hasta qué nivel de barbarie tenemos que llegar para que la UPO haga alguna declaración institucional? (…) El horror es realmente insoportable para cualquiera que pueda considerarse humano.»
El 18 de noviembre de 2023 un profesor exhortaba a la comunidad universitaria con estas palabras. Miembros de la comunidad universitaria se sumaron a esta demanda exigiendo a los representantes institucionales la misma contundencia y solidaridad que habían expresado meses atrás ante la invasión de Ucrania por las tropas rusas. Fue el inicio de la Plataforma en Solidaridad con el Pueblo Palestino UPO que convocaría en el mes de enero y con continuidad hasta final de curso, actos de denuncia ante la barbarie cometida por el estado de Israel, la complicidad de los EUA y los gobiernos europeos. Integrada por alumnado, profesorado y personal de administración y servicios, denunciaron mediante distintas concentraciones en la Plaza de América de la UPO los actos criminales contra el pueblo gazatí. En febrero se suman a la Red Universitaria por Palestina (RUxP) «fruto inevitable de estos cuatro meses de parálisis institucional ante el genocidio» que reúne a más de cuarenta universidades del Estado español para conectarse simultáneamente y conversar con Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados. A continuación, en la UPO se organiza un panel de debate con Emilio González Ferrín y Antonio Basallote Marín, profesores de Islamología y Estudios Árabes, además de Suha Alnajjar, representante del Movimiento de Mujeres Palestinas Alkarama.
En mayo se pronuncia el Consejo de Dirección de la UPO acordando «no formalizar los convenios con las universidades israelíes con las que tenía firmadas colaboraciones»: Levinsky College of Education y Hebrew University of Jerusalem, The Hebrew University of Jerusalem; no firmar «nuevos acuerdos (…) con universidades israelíes», e «intensificar la cooperación» con las universidades palestinas, además de pedir «el cese inmediato y definitivo de las operaciones militares del Ejército israelí, así como de cualquier acción de carácter terrorista y la liberación de las personas secuestradas por Hamás».
Pocos días después se inicia una acampada para denunciar la colaboración que prestan las universidades a la industria armamentística y a organismos como la OTAN desde la colaboración estrecha con el Banco Santander, representante de la banca armada. Tachan de insuficiente la declaración institucional de la UPO y condenan la represión habida en la vecina universidad hermana de Sevilla por parte del equipo rectoral.
Varios miembros de la Policía Nacional se personan en la acampada pidiendo identificaciones, lo que se interpreta como un intento de disuasión por parte de las autoridades académicas que tienen la última palabra, a la hora de permitir la entrada de los efectivos policiales a la UPO. A los pocos días, se decide una de las medidas históricas que ha caracterizado al movimiento estudiantil sevillano: la ocupación del rectorado. La reacción del equipo de gobierno es contundente cerrando a cal y canto sus instalaciones. El Rectorado se convierte en un búnker custodiado por vigilantes privados que impiden la entrada de estudiantes. Ante esta presión, las encerradas ponen fin a su acción, no sin antes proponer una mesa de negociación con las autoridades universitarias en la que tratar sus reivindicaciones.
Distintas asambleas, manifestaciones conjuntas con la Universidad de Sevilla y actos culturales solidarios, como la proyección del documental Farha o la participación de Lucía Socan o Kiko Veneno se viven en la acampada. A finales de junio se clausura para sumarse a la de la Universidad de Sevilla, brutalmente reprimida en junio a través del desalojo llevado a cabo por la Policía.
En julio, el claustro de la Universidad Pablo de Olavide realiza una «declaración institucional de apoyo y solidaridad con la población civil de la franja de Gaza en el estado de Palestina» en la que, tras reafirmar sus compromisos anteriores, denuncia «las violaciones de los derechos humanos…) en la franja de Gaza (…) conforme a lo manifestado por la Corte Internacional de Justicia», pide el respeto al «derecho internacional y la entrada en Gaza de toda la ayuda humanitaria».
Hay varias cuestiones que contradicen las declaraciones que la propia institución realiza. Como denuncian distintos medios periodísticos, la banca armada, y en concreto el banco Santander, es la segunda entidad del Estado que mayores gastos realiza en la industria militar (más de 1 500 millones de euros). Con sede en la UPO, gestiona fondos públicos de los miembros de la comunidad universitaria con los que financia una industria que fabrica bombas que hoy, además de a palestinas, asesinan a niñas libanesas. Por otro lado, como condenan las alumnas, la «clínica jurídica», un proyecto UPO premiado por la OTAN, asesora a esta institución militar contradiciendo lo que para muchas debiera ser un firme compromiso por una cultura antimilitarista. También resulta del todo contradictorio que la mayoría de las universidades públicas andaluzas, incluyendo la UPO y la Universidad de Sevilla, mantengan contratos con la empresa israelí Ex Libris Group, propietaria del software que gestiona los servicios telemáticos de sus bibliotecas.
Queda mucho que tejer en la Universidad pública andaluza; y también que deshacer en este año aciago. Es más, en este mundo, especialmente cuando son demasiados los que miran hacia otro lado frente a la barbarie. En un año en el que, parafraseando a mi colega, «el horror es realmente insoportable para cualquiera que pueda considerarse humano».
