Los antecedentes del problema planteado por la Proposición de Ley (12 de abril 2023) que pretende ampliar la superficie regable en el entorno de Doñana se remontan a la aprobación del Plan Almonte-Marismas, que valoraba las recargas del acuífero 27 en unos 450 hm³ y proponía una explotación de unos 190 hm³. El Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda) decidió la transformación en regadío de 24 000 ha, ejecutándose 460 sondeos de captación.
Pronto se comprobó que los recursos disponibles del acuífero eran inferiores a lo inicialmente previsto. La importancia de Doñana (declarada parque nacional en 1969) aumentó las cautelas en la explotación del acuífero, transformando finalmente el Iryda unas 6 500 ha en regadío. Por el contrario, la iniciativa privada ha ido aumentando el regadío hasta la actualidad, sin control administrativo, hasta unas 7 000 ha en la zona regable y otras 6 000 ha al norte de la corona forestal de Doñana.
El antiguo acuífero 27 se encuentra hoy dividido en cinco masas de agua subterráneas (MASb), de las que tres se encuentran en «mal estado cuantitativo» (sobreexplotadas) según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG, 2022), precisamente las situadas al norte de Doñana (MASb La Rocina, Almonte y Marismas).
Actualmente están efectivamente regadas, por un lado, 13 500 ha en el sector nororiental, correspondiente a la MASb Marismas y MASb Almonte, y, por otro, las superficies a las que se refiere el actual debate: las 9 418 ha de tierra regable en el sector occidental correspondientes a la MASb Rocina. Se trata de la superficie incluida en el denominado Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana o Plan de la Fresa (2014), que se aprobó tras un proceso largo y conflictivo de diez años. Desde entonces esa superficie regada ha seguido creciendo apoyada en la apertura de pozos ilegales, aumentando en una cifra que, según la proposición de ley de PP-Vox, sería de 750 ha y según el mapa elaborado por la WWF llega hasta 1 903,7 ha, que se cultivan al margen de la ley. Esta superficie regada, la legal y la ilegal (11 322 ha), hace descender la capa freática del acuífero, clave para el mantenimiento de los ecosistemas de Doñana, que se desecan («africanizan» en expresión de Miguel Delibes) de forma alarmante en los últimos años, un proceso acelerado por el ciclo persistente de sequía en un contexto de cambio climático.
En este contexto, en 2018 se aprobó en el Parlamento Nacional, tras una proposición de Ley del Parlamento de Andalucía, un trasvase de 20 hm3/año de aguas superficiales desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras, con la pretensión de hacer compatibles los regadíos legalizados y los humedales de Doñana. El origen fundamental de estas aguas sería el embalse de Alcolea en el río Odiel, con un alto índice de acidez y toxicidad derivado de la lixiviación de escombreras mineras de difícil y costosa solución, lo que explica la actual paralización del proyecto. También se plantea incorporar al trasvase aguas del río Chanza. Pero estos recursos, además de inciertos y conflictivos, son también necesarios para los nuevos regadíos previstos en el plan hidrológico del Tinto-Odiel-Piedras (2022-2027). En definitiva, después de un lustro de su aprobación, el trasvase solo funciona en parte, quedándose los recursos que llegan en el sector más occidental de la zona, sin que sea plausible que pueda llegar agua en un corto-medio plazo en la cantidad y con la distribución prevista en la ley de trasvase de 2018.
Con tales antecedentes, el Parlamento andaluz decide —a través del Partido Popular y a instancia de Vox— aprobar una proposición de ley (PL) urgente que amplíe la superficie cultivable establecida por el Plan de la Fresa para, contando con las aguas superficiales del futurible trasvase, beneficiar a «cientos de familias que viven en el entorno de Doñana». A esta propuesta responde el gobierno central anunciando su denuncia ante la Unión Europea, cuya Comisión ya ha advertido a España que la aprobación de esta ley agravaría significativamente la situación del agua y de los espacios protegidos y conllevaría duras sanciones económicas.
La interpretación de este proceso se puede desplegar en las siguientes ideas:
El territorio de Doñana es un laboratorio ecológico, social y político. Esta característica es la expresión más clara de su significación e importancia. Doñana es el ámbito para el que se han elaborado más planes de ordenación y desarrollo territorial de España. El conocido como Plan de la Fresa es el único que existe en Andalucía que pretende poner orden en el desorden generalizado del uso del agua subterránea, desde Almería hasta Huelva, pasando por Guadix-Baza, Antequera, la Axarquía, Estepa, Los Pedroches, etc. ¿Por qué solo se intenta aquí? Porque aquí se está afectando a Doñana, la joya de la corona de la biodiversidad y de los paisajes del agua de Europa. Doñana actúa como laboratorio donde se están debatiendo problemas que afectan a todo el territorio andaluz. Si en este territorio donde todo el mundo tiene puestos los ojos se legaliza a los ilegales, se puede predecir lo que está ocurriendo en los lugares citados, mucho más modestos y mucho menos protegidos.
¿Por qué el PP se ha metido en el embrollo de desmontar el Plan de la Fresa, tan sensible y dificultosamente aprobado? Porque en esta plaza emblemática se está disputando, con Vox, el liderazgo de la «defensa del regadío y el mundo rural» que, por su potente dimensión simbólica, más allá de su peso socio-económico, facilita gobiernos no solo municipales, sino provinciales y autonómicos. El mundo rural, la agricultura, la explotación de los «abundantes recursos» frente a «los infundios de los ecologistas y los lobbies» es uno de los terrenos en el que la derecha y la extrema derecha se disputan la hegemonía cultural.
Es necesario abrir un debate social y democrático para desvelar algunas claves del fenómeno que se han ignorado. Frente a la demagogia de las derechas sobre la «defensa de cientos de familias que ecologistas y tecnócratas de Bruselas quieren arruinar», hay que explicar que en Doñana no solo existe un conflicto entre regadíos y ecosistemas naturales, y entre agricultores legales e ilegales. Aquí, como en el resto de Andalucía, existe un conflicto, en gran parte oculto, entre explotaciones especulativas y financiarizadas y empresas familiares y profesionales vinculadas al territorio. La estructura de las explotaciones muestra un dualismo muy marcado entre pequeñas explotaciones y grandes fincas, que perpetúa, modernizándola, la tradicional estructura dual de las campiñas andaluzas.
Hoy contamos con una información muy valiosa: los censos de usuarios de las masas de aguas subterráneas «Almonte», «Marismas» y «La Rocina», tres de las cinco partes del gran acuífero que alimenta a Doñana, cuya declaración de sobreexplotación obliga a constituir las comunidades de usuarios (CUMAS) que tendrán que aplicar el plan de ordenación de extracciones necesario para corregir esa situación.
Según los datos publicados, presentados también por la organización agraria COAG durante su comparecencia informativa en el Parlamento de Andalucía, las explotaciones familiares y profesionales de hasta 25 ha suman el 96,9% del total de los usuarios y el 28,4% de la superficie. Mientras, las escasas grandes explotaciones (de más de 250 ha) son una
docena (0,4% del conjunto) pero ocupan el 43,6% de la superficie regada y, consecuentemente, son las grandes consumidoras de agua y beneficiarias del regadío.
El análisis se debe aplicar también a la cantidad de agua asignada, una perspectiva más interesante ya que si la tierra es un activo importante, el agua es el factor limitante, insustituible y, además, dominio público. En este caso, se pone de manifiesto una importante y en ocasiones extrema polarización, donde el 1,8% de las y los usuarios de las MASb Almonte, Marismas y La Rocina acaparan casi el 80% de los recursos de agua, intensificándose especialmente este desigual reparto en las explotaciones situadas en los municipios de Aznalcázar, Hinojos y Villamanrique.
Estos datos son un punto de partida para cuestionar las supuestas razones sociales, «los cientos de familias que viven en el territorio», en las que los promotores de la ley justifican la propuesta. Es cierto que hay muchos, pero ese dato distrae de una realidad caracterizada por la acumulación de recursos en pocas manos. En el entorno de Doñana (un eslabón de la cadena agroalimentaria mundial) se manifiesta con crudeza esta realidad.
Con el telón de fondo del cambio climático, es urgente activar la transición ecológica e hídrica justa. Una transición no retórica, sino real y territorialmente enraizada, basada en el análisis y diagnósticos del modelo productivo actual. Sectores sociales progresistas —como los que representa la Mesa Social del Agua de Andalucía— ya están planteando este enfoque redistributivo, que debe primar en los procesos de asignación del agua. En un contexto de transición justa, la asignación de recursos menguantes debe hacerse con criterios ecológicos y sociales, sobre los que solo se ha empezado a discutir, primando a las explotaciones profesionales enraizadas en el tejido productivo y vivencial del territorio, garantizando las condiciones de vida y trabajo de las personas sobre las que descansa el sistema y las bases ecológicas e hidrológicas imprescindibles para su mantenimiento.
