Vida y muerte en el Mediterráneo: ¿ONGs o barbarie?

¿Qué hay detrás de la televisiva Proactiva Open Arms? ¿Sustituirá a Salvamento Marítimo en el Estrecho privatizando la labor humanitaria? Open Arms desempeña una función esencial en el Mediterráneo a la vez que forma parte de una empresa que explota a sus trabajadorxs. Aquí os mostramos algunos detalles de esas dos caras de la misma moneda que confirman la complejidad del asunto.

 

Proactiva SL El negocio de la solidaridad

Dar cera, pulir cera

Maestro Miyagi

La Sección de Portuarios del sindicato CNT ha denunciado recientemente en diversos comunicados y en las redes sociales las malas prácticas laborales de Proactiva SL, empresa del mediático Oscar Camps, que desde 1999 se dedica a la gestión de servicios públicos de los ayuntamientos en materia de prevención, salvamento y socorrismo. A raíz de esta denuncia, muchxs trabajadorxs se han animado a compartir su experiencia laboral en las redes. Esta empresa creó en el año 2015 la fundación Open Arms.

Según el sindicato, la empresa se ha ido quedando con casi todas las adjudicaciones del servicio de gestión del socorrismo en playas de la costa catalana a base de reducir el precio de los servicios hasta tal punto que las pequeñas empresas del sector no pueden competir. ¿Y cómo se reduce el precio de los servicios siendo aún lucrativo para la empresa? Entre otras lindezas, la fuente señala la bajada de los salarios con mínimo tamaño de las plantillas, haciendo que algunos trabajadores hagan jornadas de 10 horas diarias sin descanso durante todo el verano. Seis meses de contrato con seis pagas de unos 980€, en los que se trabaja el equivalente a las horas anuales según convenio. La empresa mantiene el lucro mediante fraude en la contratación (haciendo que una relación fijo-discontinua pase a ser temporal por obra y servicio), abaratando los costes de despidos y salidas de personal, y mediante fraude en la obtención de contratos públicos, ofertando más material del que disponen, moviendo el material de playa en playa a medida que se suceden las inspecciones o escatimando el material sanitario sin tener en cuenta la salud e integridad de personal y de bañistas.

Se señala también que Proactiva SL lleva a cabo una persecución sindical a todos los empleados que quieren organizarse para combatir las condiciones impuestas, poniendo como ejemplo el despido el año pasado de cinco trabajadores de la playa de El Campello por montar una sección sindical de CGT.

Todo ello es posible debido a la naturaleza del sector. El trabajo, precario y de temporada, dificulta la organización de la plantilla, ya que la empresa contrata muchos trabajadorxs en origen (incluyendo migrantes rescatados o demandantes de asilo) que no están familiarizados con la regulación laboral. Además, por la brevedad de los contratos y la intensidad de las jornadas, probablemente nunca van a denunciar dada su extrema situación de vulnerabilidad. Tan pésimas son las condiciones de trabajo que varias plantillas de la empresa (entre ellas, las de Alicante y Barcelona) convocaron varias huelgas indefinidas , algo nunca visto antes en el sector.

A pesar de los innumerables conflictos laborales en los que Proactiva SL está inmerso, ha firmado un acuerdo con el Gobierno para actuar como uno más de los equipos de Salvamento Marítimo en el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán para el rescate de migrantes. Un acuerdo que puede entenderse como un primer paso en la privatización de un servicio público ejemplar, referente en toda Europa por su labor salvando personas sin importar su origen. Fundar y dirigir una ONG que salva refugiados y ser propietario de una empresa que explota a sus trabajadores e incumple contratos públicos no parece ser incompatible en los tiempos locos que vivimos.

Óscar Acedo Núñez, equipo de El Topo

Un crimen en el Mediterráneo central

En la frontera marítima de Libia, en lo que se ha dado en llamar el Mediterráneo central, se está cometiendo un crimen contra los derechos humanos y el derecho internacional, y se está haciendo a escondidas, ante la indiferencia internacional. Las víctimas son personas obligadas a huir de sus países de origen que se embarcan en busca de una vida nueva y a las que solo se les permiten dos opciones: morir ahogadas en el mar o ser entregadas a las torturas, abusos y violaciones de los sádicos libios.

Los responsables de estos crímenes son los Gobiernos europeos. Notablemente los de Italia y Malta, pero también el resto de los países de la Unión. Y lo hacen con total impunidad porque no hay testigos que cuenten lo que está sucediendo.

Tras su llegada al poder, Mateo Salvini —ministro del interior de Italia y líder ultraderechista— se planteó el objetivo de acabar con la llegada de inmigrantes a las costas y puertos italianos. Y lo ha conseguido del modo más brutal, con la connivencia de la Unión Europea.

La negativa a recibir los inmigrantes rescatados no es más que el elemento final, decorativo, de una estrategia asesina que se plasmó en junio de 2018 en la creación de la zona SAR (zona de rescate marítimo) de Libia. Con ella se le dio a Libia la responsabilidad de los rescates en una zona del mar que se extiende por más de cien kilómetros desde sus costas, hasta tocar casi las de Malta e Italia. De todo ese territorio se retiraron luego los barcos de salvamento de Frontex, la misión europea para vigilancia de las fronteras. Fueron sustituidos por aviones con el objeto de dejar de rescatar a inmigrantes. Los aviones, cuando detectan una barca de inmigrantes, se limitan a informar —si pueden— a las autoridades libias. Sus guardacostas, conocidos por sus excesos y su violencia, son los responsables de los rescates. Las pocas veces que acuden a uno, llevan a las personas migrantes de vuelta al puerto de Trípoli, contraviniendo las normas internacionales que obligan a desembarcarlos en el puerto seguro más próximo. Trípoli es un lugar inseguro y violento donde se producen casos documentados de violaciones, asesinatos y sometimiento a esclavitud de personas que quieren escapar a Europa.

Italia, prácticamente, ha retirado sus barcos de la zona SAR libia. Además, en sus costas, ha sustituido los de la guardia costera por los de la militarizada guardia de finanzas. El centro de coordinación y salvamento de Roma se niega a poner en marcha operativos de rescate cuando es contactado por algún barco que se cruza en el mar con barcas de inmigrantes a punto de zozobrar. Son remitidos al centro de coordinación libio, donde nadie coge el teléfono.

En este panorama desolador, la única esperanza la representaban los barcos de rescate de las ONGs. Son los únicos dispuestos a seguir patrullando las aguas internacionales delante de Libia, a rescatar a las personas en riesgo y llevarlas al puerto seguro que determina la ley internacional. Para evitar estos testigos incómodos las autoridades europeas están utilizando todo tipo de tretas para paralizar sus barcos: desde quitarles la bandera de su país, hasta ordenar interminables revisiones mecánicas o investigar supuestas irregularidades administrativas en sus papeles. Es un hostigamiento infame que demuestra lo importante de su papel.

Joaquín Urías, profesor y activista

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