Pensiones públicas y defensa de lo público y lo común

Tanto la huelga feminista del 8 de marzo como la movilización de los pensionistas del 17 devuelven a los colectivos sociales un protagonismo que venía decayendo poco a poco desde los momentos álgidos del 15M.

Las personas pensionistas, organizadas transversalmente a partidos y sindicatos, han conseguido aglutinar en torno a sus Plataformas en Defensa del Sistema Público de Pensiones las reivindicaciones del colectivo y de la sociedad en contra del 0,25% de incremento de las pensiones que venía llevándose a cabo desde el año 2014 por quinto año consecutivo; reivindicaciones para la defensa del sistema público de pensiones, frente a los intentos para desmantelarlo con las sucesivas reformas impuestas desde el año 2011.

Los recortes en las pensiones públicas, que entraron en vigor en 2013; el aumento progresivo de la edad de jubilación, hasta llegar a los 67 en 2027; las restricciones a la jubilación anticipada a los 61, limitándola a los despidos por crisis empresariales; y el aumento de los años necesarios de cotización para esas jubilaciones, pasando de 30 a 33 o 35 años, entre otras reformas, han endurecido tanto el acceso a la jubilación como a la pensión resultante, marcando los aspectos más duros; a los que hay que añadir el famoso índice de revalorización, fórmula sin parangón en ningún otro país —que desliga las actualizaciones anuales de las pensiones tanto del IPC como de cualquier otro dato ligado a la situación económica, como salarios o PIB— y sin aspecto de que vaya a cambiar.

Aun así, el sistema de pensiones presenta un déficit creciente, poniéndose en peligro si no se articulan políticas estables de financiación, además de los ingresos por cotizaciones sociales. En la defensa de ese sistema público de pensiones, su sostenibilidad y su financiación, se centran las movilizaciones que no se van a dar por finalizadas con el anuncio por parte del Gobierno de la asunción de parte de las reivindicaciones —incremento del 3% de las pensiones mínimas y no contributivas—, puesto que son medidas puntuales para el año 2018 y no cambian la legislación de la Seguridad Social. Se pretende volver a un sistema de actualización de las pensiones en base al IPC y que derogue los aspectos más negativos de las reformas de 2011 del PSOE y 2013 del PP.

Es una cuestión política determinar el gasto público que se debe asignar a las pensiones y una cuestión ideológica conseguir los recursos económicos mediante una política fiscal adecuada, la persecución del fraude fiscal, el aumento de la fiscalidad a las grandes fortunas y las empresas, la proporcionalidad en el IRPF a los ingresos percibidos y, en suma, una política fiscal justa.

El modelo del Pacto de Toledo, basado en la autofinanciación de las pensiones con las cotizaciones sociales, ya no es posible. La precariedad instalada tras las reformas laborales ha dinamitado tal concepción de la autofinanciación; contratos temporales y a tiempo parcial, junto a los bajos salarios, son responsables directos del déficit de la Seguridad Social. Sin salarios dignos y estabilidad en el empleo peligran las pensiones también.

Es necesario abrir un nuevo proceso que desemboque en el blindaje de las pensiones en la Constitución y en la financiación del déficit de la Seguridad Social vía presupuestos del Estado, como se hace con las pensiones de los funcionarios civiles y militares de la Administración Central del Estado y del Poder Judicial. 

Los problemas del sistema público de pensiones no pueden desconectarse de la defensa de lo público: la sanidad, la enseñanza, la dependencia y, en general, la defensa de los sectores públicos esenciales para la comunidad. La privatización de lo público también es algo que comienza a plantearse en el ámbito de las pensiones, con los proyectos de la Unión Europea de potenciar los planes privados mediante nuevas desgravaciones fiscales y abriendo la puerta a los fondos de inversión y especulativos, para lo cual se hace necesario la debilitación previa de los sistemas públicos. Por estas razones, se hace necesario más que nunca mantener las movilizaciones sociales.

 Jesús Galván Sánchez, Plataforma Sevillana en Defensa de las Pensiones Públicas

 

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