Cuando este Topo salió a la luz, ya había tenido lugar el vuelo de deportación a Nigeria. Activistas de la Campaña por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones trabajan para difundir la alerta.
Hoy es 23 de abril, y acabamos de enterarnos de que Frontex prepara un operativo de expulsión para el 3 de mayo. Así figura en la orden de internamiento de un migrante nigeriano encerrado en el Centro de Internamiento de Aluche. ¿En qué consiste la alerta? Se trata de llegar al mayor número de personas de nacionalidad nigeriana sin papeles para avisarlas de que, en estos diez días que preceden al vuelo, las posibilidades de sufrir una redada racista o de ser convocadas a la oficina de extranjería con cualquier pretexto –para ser detenidas allí– se multiplican. Desde que en septiembre de 2013 arrancara nuestra investigación de los operativos de deportación, ha ido aflorando progresivamente la atroz vinculación entre redadas racistas y dispositivos de expulsión, el carácter planificado y burocratizado de una tarea que, para los cuerpos policiales, se convierte en rutinaria: llenar un avión mediante verdaderas cazas de migrantes, perseguidxs en razón de su nacionalidad. Las brigadas de extranjería siguen funcionando, pues, por «objetivos», es decir, cupos: la misión es llenar cada avión con la carga humana correspondiente.
Si hasta hace unos años el ciclo de captura, encierro y deportación era más lento –la mayoría de lxs deportadxs pasaban varias semanas (hasta un máximo de dos meses) internadxs en un CIE antes de la expulsión–, en los últimos tiempos la maquinaria represiva se ha sofisticado, de manera que muchas de las detenciones se ajustan a los días y horas previas al vuelo para no tener que recurrir al internamiento. El período máximo de 72 horas de calabozo se convierte en tiempo suficiente para tramitar y ejecutar la deportación. Como si la cadena de montaje expulsora se adaptara al just in time de la producción flexible. Es la deportación exprés.
Por otro lado, en los últimos años esta maquinaria ha devorado a buena parte de la población reclusa extranjera. En diciembre de 2009 había unxs 27 000 presxs extranjerxs en las cárceles españolas; en diciembre de 2016, 10 000 menos. Del descenso total de la población reclusa –que cae en ese mismo período de 76 000 a 60 000 presxs–, el 60 % es de población extranjera. Daniel Jiménez Franco, en una reciente charla que ofreció en Cambalache, respondía a la pregunta «¿cuánto encarcela el Estado?» con una frase breve y contundente: «Todo lo que puede». En su libro Mercado-Estado-cárcel en la democracia neoliberal española, muestra cómo el encierro se multiplica durante el período del «milagro económico» y cómo el negocio de las cárceles pisa el freno bajo el impacto de la crisis de acumulación capitalista. Una de las principales maneras de vaciar los talegos –que conste que el número de presxs sigue siendo elevadísimo–, ha sido y es la expulsión del territorio.
La batalla por el contrato de las deportaciones
Desde el año 2013, el Ministerio del Interior saca a concurso el contrato para que las compañías aéreas se disputen el privilegio de fletar los vuelos de deportación. Contrato que, por valor de cerca de 12 millones de euros anuales, ha ganado en el período 2013-2015 la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Air Europa (Grupo Globalia) y Swift Air. En 2016, otra UTE –Viajes Barceló y Air Nostrum (filial de Iberia)– ha arrebatado el macabro contrato a Globalia. El resto de compañías participan del régimen deportador a través de los vuelos comerciales: se trata de deportaciones de migrantes tomadxs de unx en unx, escoltadxs por un par de maderos que tratan de pasar desapercibidos en la parte trasera del avión. Hay todo un rastro en Europa de personas asfixiadas –asesinadas– por sus escoltas. Si formas parte del pasaje de uno de esos vuelos, pequeños actos de desobediencia –no sentarte en tu asiento, negarte a ponerte el cinturón de seguridad, protestar ante la tripulación, buscar la complicidad de otras personas para que te secunden– pueden significar la cancelación de la expulsión.
Reinventando Frontex y el Plan África
A escala europea, hace unos meses asistimos a la creación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Entre las principales novedades de esta agencia sustituta o reinventora de Frontex está su capacidad de despliegue con agentes propios –1500 guardias, de los que España aporta 111–. La nueva agencia llevará a cabo «intervenciones fronterizas rápidas» ante la llegada «masiva» de migrantes –incluso contra el criterio del Estado donde se realice la intervención– y se propone incrementar exponencialmente su capacidad deportadora. Si la antigua Frontex sobre todo coordinaba y financiaba a los países de la UE para realizar vuelos en común, ahora la agencia fletará sus propias naves.
Por otro lado, mediante una estrategia similar a la que el Estado español llevó a cabo a partir del año 2006 con la aprobación del Plan África, la UE trata de gobernar su frontera sur mediante acuerdos de cooperación con países africanos a cambio de control migratorio y deportaciones. El objetivo es claro: «(…) el éxito de esta estrategia se medirá por la tasa de retornos», dice la burocracia europea. De los cinco países con los que se han suscrito estos acuerdos –Nigeria, Senegal, Mali, Níger y Etiopía–, tres son destino habitual de las deportaciones desde España. El del 3 de mayo habrá sido el tercer vuelo a Nigeria en los cuatro primeros meses de 2017. En los años noventa –nos decía un piloto–, viajaba en uno de esos aviones un inspector español con un maletín lleno de pasta para negociar la carga humana con las autoridades nigerianas. Veinte años después, lxs deportadxs siguen volando por la fuerza a Lagos. Y desde Nigeria sigue llegando a España un continuo flujo de petróleo y gas. También de mujeres para el floreciente mercado europeo del sexo. El crudo viaja protegido por los ejércitos occidentales. Ellas –en su doble condición de mercancía y de mujeres que luchan por una vida vivible– atraviesan un infierno –mucho más infierno que un simple e infinito desierto– para llegar a España. Aquí, el Estado, erigido en defensor de las víctimas de explotación sexual, monta redadas racistas en los clubes, las encierra en los CIE y los calabozos y las deporta en aviones de Barceló. Luego, promueve reportajes a doble página en El País contra la trata.
