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El colectivo trans logra una ley pionera en la autodeterminación de género que despatologiza la transexualidad

Aprobada y en vigor la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía

Los escollos a su implementación residen en que necesita ser desarrollada con protocolos y reglamentos

El 24 de junio pasado fue una fecha clave para los derechos de las personas transexuales, así como para el resto de ciudadanía: se aprobaba en el Parlamento andaluz una ley que libera por fin a este colectivo de la tutela médica, reconociendo a las personas transexuales el derecho a autodeterminar el propio género sin diagnóstico previo ni condiciones de ningún tipo. Una ley de similar importancia a lo que en su momento supuso el matrimonio igualitario para la equiparación de gays y lesbianas al resto de la población, aunque no esté teniendo tanto reconocimiento ni atención mediática. El texto, que entró en vigor el 19 de julio, ha nacido directamente del trabajo y la presión ejercida por el movimiento trans, representado por la Asociación de Transexuales de Andalucía, ATA-Silvia Rivera y Conjuntos Difusos, colectivo, este último, radicado en Granada. Un trabajo de cinco años que finalmente logró el consenso de todos los partidos del Parlamento andaluz, pero que ha sido apoyado y defendido principalmente por el grupo de IU y su Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual (ALEAS).

Hablamos con Mar Cambrollé —presidenta de la ATA y persona clave en este proceso—, que nos cuenta el cansancio y el desgaste emocional que ha supuesto la lucha por la aprobación de la ley. Al mismo tiempo, expresa su satisfacción por haberlo logrado ya que se trata de un texto pionero a nivel internacional que aborda los derechos de las personas transexuales de forma integral, contemplando distintas áreas como la atención sanitaria, el ámbito educativo, el ámbito de la acreditación legal de la identidad o el terreno laboral y social, situando al colectivo por primera vez en igualdad de derechos con el resto de la población. Por dos veces las asociaciones tuvieron que amenazar con iniciar huelgas de hambre porque el proceso de tramitación se paralizaba. En estas dificultades ha tenido bastante que ver el grupo parlamentario del PSOE: primero puso objeciones al borrador presentado por los colectivos e IU y, finalmente, se sumó a la iniciativa cuando empezaba a tramitarse en el Parlamento.

Tanto Mar Cambrollé (de ATA-Silvia Rivera) como Pablo Vergara (representante de Conjuntos Difusos) muestran su convencimiento de que los reparos del PSOE a la ley se debieron en gran medida a la cuestión de la atención sanitaria. De hecho, el articulado de la ley recoge finalmente una disposición adicional primera donde se garantiza la existencia de una unidad de atención sanitaria en materia de transexualidad, punto al cual se han opuesto los colectivos. Estos defienden la descentralización de esta atención y la equiparación de las personas transexuales con la población general en el acceso a la cartera general de servicios médicos del Sistema Andaluz de Salud para hacer frente a sus necesidades.

La atención especializada existe desde hace 14 años en la Unidad de Transformación de Identidad de Género (UTIG) del Hospital Carlos Haya de Málaga. Esta unidad supuso en su día un avance respecto a la inexistencia de cobertura pública para las operaciones de cambio de sexo, pero con los años se ha convertido en una fuente de sufrimiento y queja para gran parte del colectivo transexual. «Primero, porque nos segrega —afirma Mar Cambrollé—, y la segregación implica una estigmatización; y segundo, porque nos patologiza, porque usa unos procedimientos arcaicos y que entienden que la transexualidad es un trastorno de la identidad y, por lo tanto, están basados en descartar patologías mentales, lo cual es altamente discriminatorio porque sitúa a todas las personas transexuales como sospechosas de ser enfermos mentales». Para Cambrollé, la UTIG de Málaga ha venido «vulnerado sistemáticamente en sus procedimientos y praxis los derechos a la intimidad, al honor y, el más importante, a la dignidad» de las personas transexuales a través del examen psicológico evaluativo que es necesario pasar para acceder al tratamiento de hormonación y a la cirugía (por este orden, obligatoriamente). En estos exámenes se realizan test humillantes que se concretan en preguntas como: «¿te tocas?», «¿qué relaciones sexuales tienes?», «¿tus padres tienen relaciones sexuales?, ¿con qué frecuencia?, ¿son satisfactorias o no?», «¿te gusta ser bombero o ser azafata?», «¿te gusta el color rosa o el celeste?». Sus procedimientos vulneran declaraciones internacionales de derechos humanos como los Principios de Yogyakarta (2007), el informe temático Derechos humanos e identidad de género del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa (2009) y la Resolución del Consejo de Europa 1728 (2010) sobre discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, en la que se afirma que el derecho al reconocimiento legal del género no debería ser restringido por ningún procedimiento médico obligatorio.

Mar explica además que «las personas transexuales, al contrario de lo que nos ha hecho creer el discurso biomédico, no necesitamos tratamientos específicos. Todos los tratamientos que recibimos, desde los tratamientos hormonales a los quirúrgicos, son usados en numerosas ocasiones por el resto de la población no transexual. Basten estos ejemplos: una mujer que tiene el síndrome premenopaúsico necesita estrógenos, los mismos que necesita una mujer transexual; una mujer con hirsutismo, exceso de vello facial o de otro tipo, es tratada por la sanidad púbica con antiandrógenos, los mismos que usan las mujeres transexuales; un hombre que desarrolla ginecomastia, que es aumento de mama, se enfrenta a los mismos problemas que un hombre transexual. Y en ninguno de estos casos, para obtener estos servicios sanitarios, la gente es segregada en una unidad especial ni sospechosa de ser enferma mental, por lo tanto, se rompe el principio de igualdad y de no discriminación. Yo creo que la psiquiatría debe apartarse y no intervenir en los procesos de transexuales. Nos ha hecho muchísimo daño el discurso biomédico que ha patologizado la transexualidad difundiendo conceptos que han perpetuado la discriminación y nuestra consideración como seres de segunda categoría, como personas que viven "en un cuerpo equivocado", como "errores de la naturaleza", como "hombres atrapados en el cuerpo de una mujer y viceversa"… Todos estos conceptos los ha difundido el discurso biomédico porque niega la transexualidad como una expresión de la diversidad humana».

Otra de las condiciones que impone la UTIG, como hemos comentado, es un determinado orden en el proceso de cambio de identidad de género. Primero hay que superar la evaluación psicológica (desde la ATA nos comentan que hay personas que se han llevado dos y tres años en esta etapa), después viene el acceso al tratamiento hormonal (dos años) y finalmente la operación de cambio de sexo. En los hombres transexuales, esta operación viene acompañada de forma obligatoria por una histerectomía, es decir, por un vaciado de los órganos genitales femeninos. Las asociaciones defienden que los procedimientos no estén estandarizados de esta forma. Por ejemplo, un hombre transexual prefiera probablemente acceder primero a la mastectomía y después al tratamiento hormonal, porque de lo contrario, el tener pechos cubiertos de vello le impedirá mantener relaciones íntimas o ir al gimnasio o la playa. La histerectomía, por otra parte, debería ser opcional y no obligatoria como lo ha sido hasta ahora. Esta esterilización obedece según Cambrollé a «una concepción binarista y excluyente de las posibilidades que nuestra biología como seres diversos nos ofrece». Y está ideada, básicamente, para que un hombre transexual no pueda dar a luz.

Con la nueva ley, priman los criterios de proximidad entre las personas usuarias y los centros sanitarios, el acceso a la cartera básica de servicios del SAS por las personas transexuales, así como la elección por parte de las personas de los tratamientos que desean o no recibir (por ejemplo, hormonación pero no necesariamente operación de cambio de sexo). Esta es una cuestión que las asociaciones van a tener que seguir peleando y negociando con las autoridades sanitarias hasta que se desarrolle el reglamento o el procedimiento en el capítulo sanitario de la ley: por el momento, se sigue remitiendo a la gente a la UTIG de Málaga. Desde la ATA piensan seguir presionando para que se desarrolle el reglamento y se haga en colaboración con las asociaciones de transexuales, tal y como recoge obligatoriamente la ley. Para Conjuntos Difusos, sin embargo, el hecho de que la ley necesite de desarrollos posteriores, así como la inclusión de la disposición adicional, constituyen razones suficientes para abandonar las negociaciones.

La ATA, decidida a exigir que los profesionales de la UTIG de Málaga pidan perdón por el daño ocasionado y sean retirados de la atención a personas transexuales

Mar Cambrollé lo explica con claridad haciendo uso de símiles: «¿tú crees que una persona que ha tenido una concepción patológica de la transexualidad, que tiene publicados montones de artículos e informes donde entiende la transexualidad como un trastorno, por ley va a cambiar su forma de pensar…? Pues no. ¿Pondríamos de directora del IAM a una persona que haya defendido la supremacía del hombre o que haya defendido que una mujer de vez en cuando se merece una paliza? No, ¿verdad? Ni pondríamos de responsable de inmigración a una persona que sea un racista. Pues no podemos dejar a estos profesionales que nos han patologizado —y que en sus publicaciones han defendido esta visión de la transexualidad como una patología mental y no como una expresión más de la diversidad humana— sigan teniendo poder sobre nosotros. En ese sentido, no vamos a bajar la guardia y vamos a pedir el perdón público y que se aparte a estos profesionales de la atención sanitaria».

Otro de los aspectos de la ley con el que está en desacuerdo Conjuntos Difusos es el de la acreditación legal de la identidad. La ley ha dispuesto que las personas transexuales puedan acceder a una tarjeta con la identidad de género elegida que sería válida ante la administración pública andaluza y serviría para cambiar todos los registros en el ámbito andaluz donde aparezca el nombre y sexo de la persona transexual. El uso de esa tarjeta específica requerirá un desarrollo reglamentario de la ley. Para Conjuntos Difusos, este trámite debería poder realizarse directamente con una certificación. Mientras tanto, además, serán las asociaciones las que tendrán que seguir ejerciendo presión sobre las distintas administraciones andaluzas, caso por caso.

El único protocolo que por el momento se ha aprobado es el de educación: aunque el consejero se comprometió a que estuviera listo para implementarse en el curso escolar 2014-15, todavía no ha entrado en vigor. Esto obliga a la ATA, por ejemplo, a seguir asesorando a centros educativos que desconocen la ley y ponen reparos a que los menores, debidamente autorizados por sus tutores legales, puedan expresarse y vestirse de acuerdo a la identidad de género elegida, que el nombre designado por ellxs aparezca en la lista de clase o en los boletines de notas, o que se les permita utilizar los servicios y vestuarios de los centros en coherencia al género que viven y expresan.

En el ámbito sociolaboral —en el que las personas transexuales sufren una fuerte discriminación—, la ATA va a demandar la puesta en práctica de acciones positivas para el acceso al empleo: descuentos en la Seguridad Social para las empresas que les contraten o reservas de empleo en la administración pública y las empresas subcontratadas.

Se abre ahora un periodo interesante y decisivo en el que se revelará si el Gobierno andaluz tiene realmente intención de aplicar la ley, desarrollando los reglamentos y protocolos necesarios, o pretende que se quede en un gesto a la galería sin contenido real. Estamos seguras que desde la ATA y Conjuntos Difusos van a seguir peleando para que la reforma —que es muy positiva para el colectivo transexual y viene a reconocerles lo que consideran un derecho humano fundamental, la autodeterminación de género— vaya hacia adelante.

 

por [Lucía Vargas]

Asamblea de mujeres diversas

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