Ilustración de Alejandro Morales

El agua NO es un negocio

Situación actual del movimiento por la gestión pública del agua 

 Desde los años 80 del siglo pasado, los procesos de privatización en todo el mundo han permitido a los Estados importantes ingresos a cambio de la venta o concesión de entidades públicas, algunas en sectores tan estratégicos como la energía o el transporte.
A pesar de esta tendencia, y de la presión ejercida por las multinacionales del agua y determinados organismos internacionales (incluida la Comisión Europea), la privatización del agua ha sido frenada gracias a que se ha topado con una oposición frontal de la opinión pública. En los últimos 20 años, la sociedad civil ha organizado, con buen resultado, varias campañas para detener o revertir la privatización en numerosas ciudades, organizando referéndums que la han rechazado de forma rotunda1.


Así, desde el año 2000, unas 235 ciudades en el mundo han remunicipalizado sus servicios de agua. Las razones están relacionadas con importantes carencias en el servicio, falta de inversión, aumento de los precios o incluso la necesidad de ser rescatados. Esta tendencia ha hecho que en la actualidad el 90% de las 400 grandes ciudades del mundo disfruten de una gestión pública, siendo ejemplos significativos los de París o Berlín en Europa, Buenos Aires y La Paz en América del Sur o Atlanta e Indianápolis en EE. UU., país donde en la actualidad el 86% de los servicios de agua se encuentran en manos públicas.


Finalmente, la proclamación en el año 2010 del agua potable y el saneamiento como «un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos»2 ha supuesto un gran impulso para la democratización de este servicio.

Tendencia privatizadora en el Estado español

Sin embargo, en el Estado español se ha registrado un importante avance de la privatización de los servicios de agua y saneamiento, que ha reducido el porcentaje de población servida por entidades públicas del 63% al 43% en los últimos 20 años. Parte de la explicación se encuentra en que, tras la caída de ingresos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, algunos ayuntamientos decidieran buscar financiación alternativa para sus abultadas deudas. Así, a través del denominado canon concesional, han hipotecado por décadas la gestión de su servicio de aguas a cambio de fuertes inyecciones de dinero. Actualmente, un 55% de los servicios del Estado están en manos de compañías multinacionales, concentrándose este control en un 89% en la francesa Suez (propietaria de AGBAR, Aquagest o Hiadralia) y la española FCC (propietaria de Aqualia).


Entre las consecuencias de esta privatización se encuentran el encarecimiento de las tarifas (hasta un 22% según el Tribunal de Cuentas de Cataluña), cortes de suministro a familias, reducción de derechos laborales y de las inversiones en mantenimiento de instalaciones, y un importante crecimiento de casos de corrupción. Resulta especialmente llamativo que entre los años 2012 y 2015 la fundación de Aguas de Barcelona (AGBAR), supuestamente implicada en los casos de corrupción Pokémon y Púnica, tuviera un convenio con el Consejo General del Poder Judicial por el que impartió cursos de formación a jueces de toda España sobre derecho de aguas. Afortunadamente, una organización de abogados logró suspender el convenio tras saltar a los medios estos escándalos.
 

La respuesta organizada de los movimientos sociales
Frente a esta realidad, han surgido significativos procesos de organización y movilización social que han dado lugar a un número importante de plataformas ciudadanas como las de Alcázar de San Juan, Jerez de la Frontera, la RAPA, la Taula de l´Aigua de Terrasa, Aigua es Vida o la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II, que ha conseguido frenar el proceso de privatización de la mayor empresa pública de gestión de aguas del Estado. Estos movimientos, junto con otras organizaciones como AEOPAS, ATTAC, Ecologistas en Acción o la Fundación Nueva Cultura del Agua, conforman la denominada Red de Agua Pública (RAP), integrada a su vez dentro del Movimiento Europeo por el Agua Pública.


Esta red surge en 2012 y adquiere gran fuerza a partir del lanzamiento de la #iniciativagua2015 y el Pacto Social por el Agua, en el que, con un amplio consenso promovido desde la sociedad civil, se acuerdan las bases del modelo de gestión del agua que promueve la RAP. Los principios fundamentales se basan en la gestión 100% pública, entendiendo el agua como un bien común e incorporando el derecho humano al agua y al saneamiento como una herramienta transversal que garantice el acceso universal al mínimo vital, así como la transparencia, la participación y rendición de cuentas. Se apuesta para ello en la creación de Observatorios del Agua encarnados por la sociedad civil, con la participación de plataformas ciudadanas, usuarios, trabajadores e investigadores.
El último gran paso dado por la RAP ha sido la celebración a principios de noviembre del Encuentro de Ciudades por el Agua Pública, que ha servido para el intercambio de experiencias, estudiar las potencialidades y los obstáculos en la gestión pública del agua, analizar la necesidad y posibilidades de contar con las administraciones públicas en los procesos de remunicipalización y poner en marcha estrategias compartidas de colaboración entre los ayuntamientos y las organizaciones sociales.


Además, expertos en aspectos jurídicos, financieros y laborales de la remunicipalización desentrañaron las claves para afrontar las dificultades de estos procesos. Se pudo comprobar cómo la legislación estatal ha experimentado una evolución en los últimos años tendente a promover la privatización de los servicios públicos y proteger al sector privado frente a los intentos de recuperación de los mismos. A pesar de ello, compartieron su experiencia una serie de municipios que están afrontando actualmente procesos de remunicipalización como Valladolid, Terrassa, tres pedanías de Jerez de la Frontera o el Área Metropolitana de Barcelona.
El encuentro finalizó con una declaración por la gestión pública del agua suscrita por los diez alcaldes y alcaldesas presentes en la que se propone la conformación de la Red de Ciudades por el Agua Pública.


Posteriormente, desde la RAP se valoró el éxito de público, organización y contenidos del encuentro, y se trazaron las líneas de trabajo que se van a llevar a cabo en los próximos meses. Animamos a seguir atentamente las jornadas, encuentros y acciones que se pondrán en marcha en los próximos meses para seguir defendiendo un agua pública y para todxs a través de la Red Agua Pública3.
Ángela Lara. Miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua

1 Por qué el agua es un servicio público: destapando los mitos de la privatización. EPSU, 2012.

2 Resolución A/RES/64/292, de 28/07/2010, adoptada por la Asamblea General de NN. UU. 

https://redaguapublica.wordpress.com/

 

 

 

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