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Crónica del caso Santiago Maldonado: amenaza del retorno a un pasado sin derechos

La mirada de Santiago Maldonado nos advierte que la Argentina ha entrado, una vez más, en zona de riesgo. 

El 1º de agosto pasado, Santiago y varias personas que habían estado protestando a favor de los derechos del pueblo mapuche en el sur de Argentina fueron perseguidas por la gendarmería en territorio ancestral de esa comunidad. Según muestran las filmaciones, la represión terminó en una cacería desigual porque cerca de cien gendarmes con cascos y armas, en vehículos todoterreno, persiguieron con furia a Santiago y a siete mapuches que estaban a pie y desarmados. La resolución oficial del Ministerio de Seguridad hablaba de despejar la carretera, pero hay testigos que aseguran que el viceministro en persona los animó a actuar con violencia y sin orden judicial, incluso ingresando ilegalmente en las tierras mapuches, asentadas en una extensísima propiedad que figura a nombre del famoso empresario textil italiano Luciano Benetton.

El 1º de agosto fue la última vez que se vio con vida a Santiago Maldonado, un joven de 28 años, solidario, lleno de valores y convicciones sobre la justicia; comprometido con los derechos sociales en general y con la defensa de los derechos de los pueblos originarios en particular. Lo aterrador para la sociedad argentina es que, después de estar casi 80 días desaparecido, el cuerpo de Santiago apareció flotando, misteriosamente, en el mismo río patagónico donde ya los expertos y las autoridades habían estado buscando con anterioridad. Apareció hundido en el mismo lugar donde, según muestran las filmaciones, hubo disparos y se vieron a las camionetas de gendarmería acorralarlo. Santiago no sabía nadar y tenía pánico al agua.

Los detalles macabros son muchísimos y, algunos de ellos, muy importantes para resolver el crimen; pero bastará centrarse solo en algunos hechos para demostrar cómo en la Argentina, en apenas 21 meses de mandato del presidente Mauricio Macri, se han incrementado las medidas violatorias de los derechos ciudadanos, se ha deteriorado el Estado de derecho y ha crecido la impunidad ante la mirada estupefacta de la ciudadanía y la total complicidad de los grandes medios de comunicación.

Las violaciones en el caso de Santiago son escandalosas. El Estado no solo desprotegió a su familia, sino que la hostigó con acusaciones falsas en las que ellos no eran las víctimas sino los culpables. En los casi tres meses que el joven estuvo desaparecido, se publicaron en los medios hegemónicos decenas de mentiras que, como dijo el juez argentino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni: «Parecían sacadas del viejo arsenal de la dictadura militar». Que Santiago estaba en Chile; que en una pelea lo habían matado de una cuchillada; que lo vieron cortándose el pelo; que estaba haciendo dedo en una carretera a mil kilómetros de la Patagonia…

De los mapuches dijeron que estaban vinculados a Al Qaeda; que los financiaba la guerrilla colombiana de las FARC y que ellos habían matado a Maldonado.

En el ínterin, el Gobierno no cesó de defender a la gendarmería, evitó investigar y hubo un prolijo plan de ocultamiento que incluyó irregularidades en los «Libros de guardia de gendarmería», lavado de las camionetas utilizadas que podían tener pruebas y cortes en la filmación oficial del operativo.

Si esto fuera todo, ya sería gravísimo, pero lo peor es que hay mucho más además del caso Maldonado.

Es bien conocida la detención ilegal de la dirigente social Milagro Sala, a quien se mantiene en la cárcel desde hace un año y medio incumpliendo las determinaciones de Naciones Unidas sobre «detenciones arbitrarias» y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideraron su detención como «arbitraria» y que por eso «debe ser inmediatamente liberada».

Simultáneamente, en estos casi dos años de gobierno, Macri y su gabinete hicieron varios intentos —afortunadamente por ahora fallidos— para retroceder en los importantes avances que Argentina ha hecho en «Derechos Humanos y juicio a los criminales de la dictadura militar»: quiso detener a Hebe de Bonafini, la conocida Madre de Plaza de Mayo; se busca cerrar la Universidad de las Madres, creada por ellas; se intenta buscar un perdón para los acusados de violación de Derechos Humanos (popularmente conocida como ley 2 x 1), en otras medidas. A esto debe sumarse el crecimiento de los casos de «gatillo fácil» por parte de la policía; allanamientos sin autorización; intervención de los sindicatos; limitaciones gravísimas a la libertad de expresión: dejando sin trabajo a periodistas cuestionadores; y aumento de la represión como hacía muchos años no se veía en Argentina: contra maestros, mujeres, trabajadores y manifestantes pacíficos que marchaban acompañando a la familia de Santiago Maldonado reclamando su aparición.

¿Qué busca con todo esto el gobierno neoliberal de Mauricio Macri?

Si se analiza este escenario y la escalada represiva de la que el caso Maldonado ha sido un hito, es factible pensar que el macrismo tiene como objetivo imponer en Argentina el estado de excepción. Es sabido que un modelo económico que apunta a una brutal concentración de la riqueza (en manos de la élite gobernante) en desmedro de las mayorías requiere un ejercicio fuerte de la violencia orientada al control y la disciplina.

El mencionado Ministerio de Seguridad, a cargo de una de las funcionarias históricamente más cuestionadas del país, Patricia Bullrich, ha sugerido en varias ocasiones la necesidad de medidas de emergencia, y ha viajado a Estados Unidos e Israel para pertrechar a las fuerzas de seguridad. Está claro que el discurso oficial no solo tolera sino que además impulsa a las fuerzas de seguridad a traspasar la línea roja de la ilegalidad. Al culpabilizar a la víctima y simultáneamente desligar de responsabilidades a los represores envían un mensaje claro: «obedezcan la orden de mano dura: hagan lo que hagan, desde el Ejecutivo estamos dispuestos a mentir, a cambiar pruebas y a ocultar evidencias para protegerlos». Esta impunidad cuenta con la apatía de gran parte de los jueces y con la colaboración irrestricta de los medios de comunicación masivos, abiertamente favorables al presidente Macri, que han ido desplegado una serie de explicaciones legitimadoras de la persecución a las clases más desprotegidas.

Esto nos dice la mirada transparente de Santiago Maldonado, un joven que encontró la muerte por soñar un país de iguales. La Argentina con todxs y para todxs está en zona de riesgo. El pasado violento y sin Derechos Humanos nos acecha.

Telma Luzzani. Ni olvido, ni perdón

 

 

 

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