nº52 | la cuenta de la vieja

EN MI HAMBRE MANDAN LAS TICS

El frío que entra por cualquier rendija o enfría los cristales hasta entrar en la casa y te cala en los huesos. Así es la pobreza, entra por cualquier lado y cala en cualquier ámbito de la vida, humana y no. En esta «cuenta de la vieja» se va a hablar de una pobreza muy específica, mirándola desde y en el territorio donde nace este periódico. Hoy vengo a presentaros la pobreza digital en Andalucía.

Quizás, hay quien piense que la gente que estudia la sociedad tiene esa manía de ponerle nombres raros a las cosas y acompañarlas de datitos. Pero hay tres cosas que siempre digo que hacen que algo exista:

Ponerle nombre: lo que no se nombra, no existe.

Darle un dato: si no sabemos cuántos o quiénes, nunca sabremos el porqué.

Visibilidad en los medios y redes (internet, televisión, prensa, etc.): si un árbol cae en el bosque pero nadie está para escucharlo, ¿ha caído?

Este término tan contemporáneo no tiene una definición única, se está construyendo poco a poco aunque sus consecuencias se ven desde hace tiempo. Sí que existe cierto acuerdo en que esta pobreza no es solo económica (que ya está bien de que todo el peso lo tenga la economía, ¿no?). Seguro que al leer pobreza digital has pensado que significa no tener acceso a dispositivos digitales por una cuestión de los dineros. Pues, siento decirte, que te has quedado solo con una parte de este fenómeno. La pobreza no solo está en eso, también se encuentra en el que tiene acceso pero no sabe usar los medios digitales o quien, directamente por una cuestión geográfica, vive en uno de esos lugares donde no llega internet o es muy difícil poder comprar estos dispositivos (porque sí, en ciertas zonas la globalización no ha arramblado con todo). El problema es que lo digital es algo que hemos convertido en esencial para nuestro día a día, desde trámites burocráticos hasta comunicarnos con la gente que queremos, incluso durante la pandemia ir al cole o al centro de salud dependía de un dispositivo. Sin embargo, es una realidad de lujo, la típica dicotomía entre derecho contra privilegio. Cabe entonces no solo hablar de pobreza, sino de exclusión digital.

No toda la palabra pobreza, sea digital o no, es monopolio del Sur global. En Andalucía se ha hecho una foto de la situación gracias a la Encuesta Social 2021 del Instituto de Estadística y Cartografía —sí, queridxs andalucistas, tenemos un Instituto de Estadística propio—. Para empezar, pensemos a nivel provincial. Jaén es la región que más pobreza digital tiene, las jienenses son quienes menos correos envían, participan en redes sociales, realizan gestiones bancarias, compran, descargan películas o ven programas de televisión por internet, entre otras actividades. No es que tengan una diferencia demasiado amplia con el resto de comunidades (siempre entre el 5 y el 10% con la que más), pero sí que muestran esa tendencia. También quienes menos poseen móviles, tablets, ordenadores, consolas o menos usan internet. Aquí se identifica una clara cuestión geográfica, incluso dentro de las fronteras andaluzas. También hay diferencia entre la población rural y la de ciudad. Cuando se trata de trámites y solicitar información a la Administración pública, lo hacen, en mayor medida, las personas que viven en la ciudad (67%) frente a las del entorno rural (54%), pese a que las primeras tienen mucho más acceso físico a la Administración. Esta diferencia entre grupos sociales aumenta cuando se mira el nivel de estudios, donde solo un 29% de las personas analfabetas o con educación primaria usan internet para comunicarse con la Administración frente al 61% de media del conjunto de la población. Estas mismas personas suelen ser las que tienen menos ingresos. Cuando trabajaba en una ONG de barrio, todos los días venían al menos dos personas con ese perfil para que le pidiera cita para cualquier cosa de la Administración, incluso para tener una cita con su trabajadora social. Es una vergüenza cómo la Administración no está respondiendo y pone barreras electrónicas a las necesidades de quienes más dependen de ella.

Siguiendo con esta foto de la pobreza digital andaluza, pensemos en la gente que no tiene conocimiento o competencias digitales. Por supuesto, las personas mayores son más excluidas digitales que el resto. Un tercio de los hombres mayores de sesenta y cinco años no han usado internet en los últimos tres meses, mientras que sus homólogas mujeres no lo han hecho en un 28%. Ese porcentaje se reduce a cero en el caso de la gente de dieciséis a venticinco años. Luego están, por supuesto, los dineros. Hay una diferencia de trece puntos en el uso de internet entre la gente que más ingresos tiene y la que menos en Andalucía. Aunque en los últimos dos años esa brecha se ha reducido once puntos. Pero el perfil más excluido cuando se cruzan los datos con las características sociales de cada persona, quien menos tiene, quien menos usa y menos confía en las nuevas tecnologías, es el de menos nivel educativo. Variable que se correlaciona de forma directa con tener menos ingresos y mayor edad. La interseccionalidad, otra vez, explicándonos situaciones de exclusión.

La covid-19 nos ha hecho aún más dependientes de las tecnologías. Para verles las caras a familiares que estaríamos meses sin ver por los cierres perimetrales, para pedir el certificado de vacunación o cualquier tipo de cita en todos los organismos de la Administración pública, hace falta pasar por internet. Como ya se ha dicho antes, durante la pandemia, el alumnado debía estar conectado para seguir sus estudios. La Red de Apoyo Mutuo de Sevilla, Ramuca, denunció en numerosas ocasiones la necesidad que tenían muchos hogares con menores tanto de dispositivos como de acceso a internet. El Ayuntamiento del mismo municipio apenas dio ordenadores ni puso solución al problema de acceso a internet para las y los menores, como sí hicieran Ayuntamientos como el de Vera (Almería). Mientras, Ramuca consiguió donaciones de dispositivos para niñxs y crearon un sistema para compartir WIFI con lxs vecinxs que lo necesitaran. Una vez más, «solo el pueblo salva al pueblo». Pero yo me pregunto, ¿quién nos salvará de esta dependencia incontrolada a las TICS y cuánta gente más se quedará fuera del mundo, tanto online como offline?

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Derechos Al Sur (DelSur - Estudio Jurídico) es una cooperativa andaluza de abogadas y abogados que nacemos de la experiencia acumulada de varios despachos colectivos y en el que el planteamiento ético de las relaciones jurídicas y económicas se configura como la principal característica de la empresa, siendo éste tanto la base deontológica del ejercicio de la profesión como el marco del compromiso personal con el cliente.

Derechos Al Sur se llama así porque estamos comprometidos con los derechos de nuestra tierra, Andalucía, en la que por desgracia muchas veces sus personas están carentes de los mismos. Así, nos configuramos como una empresa en lo que lo importante y lo primero es la defensa los derechos individuales y colectivos de la ciudadanía. Nuestra principal razón de ser es ofrecer un servicio jurídico de calidad a cualquier persona u organización que vea recortados, tanto por particulares como por instituciones, sus derechos y libertades.