Los juegos de azar privados estuvieron prohibidos en España hasta marzo del 1977, año en el que se permite la habilitación de bingos, casinos y la instalación de máquinas tragaperras en establecimientos de ocio y bares en un decreto ley de 1977. Hasta aquel momento el control de los juegos de azar era exclusivamente estatal y la oferta se limitaba a la Quiniela, la ONCE, el Sorteo de Navidad, el Sorteo del Niño o la Primitiva.
Décadas después de la legalización del juego privado, el mercado ha renovado la oferta, ha buscado incidir en otros sectores de la población y se han impuesto nuevas preferencias de juegos a la vez que las empresas centraban su inversión en la incorporación de nuevas tecnologías y en la compra de espacios publicitarios en los principales medios de comunicación. Casinos, bingos, salones de juego y casas de apuestas aumentan la presencia en las ciudades y junto con las empresas del juego online, se acercan en beneficios a los números de la ONCE y a las loterías y apuestas del estado. Un mercado donde millones de personas ponen en circulación más de 9 mil millones de euros, y que emplea a casi 85 000 personas, el 54% del sector privado.
Con la llegada del juego virtual de apuestas, casinos, póquer y bingo por internet se revolucionó el mercado del juego en España. Después de una época marcada por la crisis económica, en apenas 7 años la cantidad de capital jugado se multiplicó. En 2018 había 832 000 cuentas activas de clientes que invirtieron 700 millones de euros para jugar en este segmento del mercado, según los datos oficiales proporcionados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Las empresas de este sector económico han pasado de la clandestinidad virtual a comprar tiempo de exposición prime time en medios de comunicación públicos y privados, y esponsorizar eventos y equipos deportivos de primera línea.
Las apuestas privadas representan un segmento importante aunque todavía secundario del mercado del juego. La implantación en el mercado es menor si la comparamos con las loterías y apuestas del estado, pero crece todos los años a un ritmo del 20% anual desde 2012, movilizando más de 600 millones de euros de 1,7 millones de clientes, mayoritariamente de sexo masculino y entre 18 y 35 años, de todos los estratos sociales derivados de las clases medias. Gastaron 330 millones de euros en terminales de casas de apuestas, salones de juego y bares en 2017, según datos de la DGOJ y el Anuario del Juego en España del Instituto de Política y Gobernanza, financiado por la multinacional del juego Codere.
Muchos de los negocios que verás por las calles son diferentes marcas de unas pocas operadoras. Aunque el estado ha habilitado este año a 52 operadores para la comercialización de juegos y apuestas, el mercado de las apuestas está dominado por 6 empresas que operan a nivel nacional: Codere, Juegging, Kirolbet, Luckia, Orenes, Reta y Sportium.
Buena parte de las empresas multinacionales europeas más conocidas de apuestas y el juego online pagan sus impuestos de sociedades en paraísos fiscales europeos como Gibraltar, la isla de Man o Malta, aunque igualmente deben satisfacer los tributos nacionales y autonómicos por los beneficios obtenidos y por la actividad desarrollada. El aspecto impositivo es un elemento importante para entender el interés de las administraciones en regular la actividad de los juegos de apuestas y azar.
Comunidades Autónomas y Estado obtienen una creciente financiación por el auge del mercado, 1500 millones de euros en 2018 para el juego privado online y presencial. El grueso procede de impuestos al juego, que recaen tanto del lado de la empresa que comercializa los juegos como del cliente que abona impuestos por la compra del boleto y también por el premio obtenido. Las apuestas presenciales son competencia autonómica y las online en su mayoría estatales, y ciertas instituciones ven en el sector del juego un factor de desarrollo económico y fomento del empleo, pues representa un mercado que moviliza en España más de 7300 millones de euros anuales para jugar (aunque esta es una cantidad global; tras detraer los premios, las retiradas de dinero y los bonos regalados por las empresas a los nuevos clientes, el montante final real es de aproximadamente 700 millones) que generaron unos 32 millones de euros en impuestos para las comunidades autónomas en el segmento de las apuestas presenciales, un 4,3%.
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla compiten con Malta para atraer a las empresas del sector radicadas en Gibraltar que se verían perjudicadas por el Brexit, con unas tarifas impositivas hasta un 50% más bajas que las del resto de comunidades autónomas y el estado. Ello supone trasladar la sede fiscal y pagar más impuestos en el territorio, pero la opción de los paraísos fiscales del Estrecho es menos atractiva que trasladarse a Malta si prefieren operar en toda Europa y hasta la fecha hay pocas empresas que hayan dado el paso.
El mercado español del juego es un sector económico que emplea a más de 84 mil personas entre puestos de trabajo directos e indirectos, según el Anuario del Juego en España 2018. Teniendo en cuenta los beneficios que genera y el volumen de capital que ponen en juego anualmente, no parece ser un número suficiente de puestos de trabajo. Observados desde otra perspectiva, las ocupaciones de juegos de azar y apuestas eran las más rentables después de los empleos en el sector de las telecomunicaciones, con 97 342 euros producidos por persona ocupada en un año.
Es por ello que, frente a la demanda social de que se produzca una respuesta institucional a la implantación masiva de casas de apuestas a los barrios de las ciudades, las instituciones y una mayoría de partidos vean más pros que contras.
Contar con datos fiables sobre la magnitud de las apuestas en los barrios es todavía complicado. Los principales datos de explotación económica figuran en las bases de datos que publica la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda, aunque la transparencia de todas las administraciones en este sentido es relativa. La armonización de los datos para poder construir una fotografía real es complicada, pues estos provienen de diferentes fuentes, información corporativa del sector o estudios por encargo de grandes multinacionales, como el Anuario del juego en España realizado por la Universidad Carlos III y financiado por Codere, multinacional del ramo y patrocinadora del Real Madrid, con estrechas relaciones con el Partido Popular.
Respecto al contexto andaluz, sabemos que en 2018 contábamos con aproximadamente 800 salones de juego, donde es posible apostar en una terminal específica de las casi 4000 que existen, el 35% de todas ellas en Málaga y Sevilla según datos de Codere y la patronal andaluza Anmare.
La Junta de Andalucía no proporciona datos públicos específicos sobre apuestas a las estadísticas nacionales, ni los publica en su memoria, por lo que es necesario acudir a los datos que presenta el sector: 107 millones de euros jugados y 21 millones de euros de juego real, con un gasto medio de 6 € por persona, cifra muy por debajo de las cifras de otras comunidades autónomas como País Vasco, Madrid, Valencia o Galicia. La particularidad de Andalucía es que la legislación prohíbe instalar terminales de apuestas en bares, aunque no es difícil encontrar en Sevilla o Málaga algún local de apuestas que simula ser un café, o un salón de juegos disfrazado de bar, sirviendo tapas y bebidas alcohólicas o desayunos sin ningún control aparente de entrada a menores y personas auto-prohibidas.
Así pues, dando un paseo por las calles más concurridas de tu localidad seguramente te puedas topar con algún llamativo establecimiento del ramo: una casa de apuestas, un salón de juegos tradicional un tanto oscuro, o uno moderno repleto de vinilos y lucecitas estroboscópicas, donde además puedes hacer apuestas. A finales de 2018 en Sevilla ya podías encontrar casi 200 establecimientos y más de 600 terminales de apuestas de alguna de las grandes empresas que operan en Andalucía: Sportium, Vive la Suerte, Luckia, Codere, Orenes o Reta, y apenas había pasado un año desde la promulgación del decreto que ponía en funcionamiento el Reglamento 144/2017 de Apuestas de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Es posible que a estas alturas ya hayas tomado conciencia del riesgo que entraña este tipo de actividades y hayas oído hablar de alguna campaña contra las casas de apuestas. ¿Qué deben hacer las instituciones para prevenir el riesgo hacia las personas más vulnerables? Parece que en principio, pocas cosas, pero de calado: expedir licencias de juego a operadores, determinar la legalidad o ilegalidad de su actividad (supervisar), perseguir el juego ilegal y proteger a la infancia y a las personas consumidoras. La DGOJ ha abierto más de 157 expedientes y ha recaudado más de 100 millones en sanciones en el período comprendido entre 2013 y 2017.
La comparación con el problema de la venta de tabaco y alcohol es obligada. ¿Se están tomando las medidas necesarias? ¿Existe el mismo celo supervisor del estado? Juzga tú misma si quieres. Ahora quizá repares en que has visto algún establecimiento de apuestas excesivamente cerca de la puerta de un colegio o un instituto, que no ves medidas suficientes para impedir la entrada a menores en estos establecimientos y que en general, no hay ningún control publicitario. En este particular, el sector ha tomado la precaución de crear un acuerdo de autorregulación publicitaria para prevenir la intervención institucional, pero es evidente que no está funcionando.
Todos estos son los efectos de un mercado en plena expansión, que demanda espacio físico en la geografía urbana por medio de la compra o alquiler de locales comerciales en un contexto de alza de los precios de los inmuebles. El centro urbano y los barrios con mayor renta per cápita en la mayoría de ciudades tienen menos espacio disponible y asequible para este tipo de negocios, que priorizarán establecerse en barrios populosos donde habite una mayoría de gente joven con trabajo, de ingresos medios o medio bajos y en el que el precio del alquiler de locales no suponga un problema.
El segmento de las apuestas presenciales es un sector con grandes variaciones anuales, representado por muy pocas empresas que venden diferentes tipos de juegos de azar y apuestas, por lo que es posible que una parte relevante de sus casi 2 millones de clientes se haya acostumbrado a participar en algún juego más de los que oferta en el menú la empresa: tragaperras, apuestas deportivas, apuestas cruzadas con otros clientes, apuestas no convencionales, juegos de casino o de póquer virtual. El rubro de las apuestas está tan interconectado con el resto del catálogo de productos virtuales y presenciales para apostar el dinero personal debido a que, en última instancia, el mercado está concentrado en unas 74 empresas a nivel nacional.
Las previsiones más optimistas del Instituto de Política y Gobernanza de la Universidad Carlos III calculan en unas 20 000 las personas afectadas por un uso abusivo de los juegos de apuestas y azar, y el Estudio y análisis de los factores de riesgo del trastorno de juego en población clínica española 2017, coordinado por la DGOJ, ha identificado que las personas con un estado de salud psicológica más vulnerable tienen mayor facilidad para vivir situaciones de riesgo derivadas de la participación en juegos de azar: aumento de la deuda, adicciones al juego y al consumo de alcohol y problemas psicológicos graves.
Por el momento, el acuerdo de autorregulación publicitaria y su fuerte inversión en los medios de comunicación le ha servido al sector del juego para ondear la bandera de la responsabilidad social y el juego limpio en un contexto con demasiado ruido mediático debido al clima político imperante, pero existe contestación social contra la presencia masiva y la actividad de estas empresas en los barrios de clase trabajadora por todo el Estado.
Las campañas contra las casas de apuestas en los barrios nacen en territorios donde la incidencia del problema es mayor como el País Vasco o Madrid, aunque hay iniciativas sociales en cada vez más puntos del Estado español que están enunciando un serio problema. No hay distancias mínimas respecto a centros educativos o a lugares frecuentados por menores, publicidad abusiva, riesgos para la salud mental, acaparamiento de locales comerciales, más políticas públicas, o la connivencia de los medios y el deporte profesional, son algunas de las muchas quejas y reclamos enumerados.
Estas demandas se pudieron materializar en las medidas que Podemos incluyó en los acuerdos presupuestarios y de legislatura con el PSOE en 2018, aunque finalmente no se llevaron a cabo debido a la disolución de las Cortes y el adelanto electoral de marzo de 2019. También en elecciones este problema se ha trasladado a la agenda de escasos partidos políticos, como Unidas Podemos, Compromís o Ciudadanos, aunque de manera bastante tibia. Parece que una vez más la solución de este problema deberá recaer sobre la iniciativa social.
