Desde 1997, en el que el PSOE aprobó, con el apoyo de la derecha, la Ley sobre Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud, la sanidad pública está siendo privatizada «por el método del poro en la vasija llena»: si rompes la vasija, provocarás alarma; si le abres pequeños agujeros, el vaciado progresivo pasará desapercibido.
En momentos como el de la fusión hospitalaria en Granada, el charco nos moja los pies y evidencia lo que estamos perdiendo. Desde 2007, con la crisis económica, la desigualdad ha aumentado porque la crisis la estamos pagando los y las de abajo con el aumento de la precarización del empleo, la caída de los salarios y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. A este retroceso se está sumando el deterioro de los servicios públicos por los recortes ocasionados por la priorización de la deuda, fuertemente incrementada por el rescate bancario, y los objetivos de déficit impuestos por la Unión Europea y aceptados por el bipartidismo.
En Andalucía se hace una gestión privada de algunos hospitales públicos (como el de Marbella), se han cedido hospitales para su explotación a empresas privadas (como el de San Juan de Dios [Sevilla]), se han privatizado servicios (como los de mantenimiento y hostelería de hospitales) y se externalizan —contratación de asistencia pública en la privada— cada vez más procesos.
Pero la peor privatización es la que está ocurriendo porque, ante la falta de una respuesta adecuada del SAS, quienes pueden pagarlo se ven obligados a acudir a la privada, mientras que quienes no pueden ven dificultado el acceso a especialistas, sufren interminables listas de espera, soportan saturación en urgencias y en medicina primaria, y ven resentida su precaria economía con el pago de medicamentos.
En Granada, quienes disfrazan los recortes de plantilla y recursos como «mejora de gestión» han tenido «un error de cálculo» y han roto la vasija. El despertar de esa marea blanca allí ha sido el pistoletazo de salida para la movilización en toda Andalucía de profesionales y usuarios unidos en defensa de la sanidad pública que nos están arrebatando.
En este espacio complejo que es la marea blanca, el proceso ha tenido de inicio importantes contradicciones como la presencia del PP —que impulsa la privatización alegando que en Andalucía el problema es solo de gestión— y de Vox —cuya posición xenófoba es manifiesta—. Es necesario una caracterización de qué sanidad pública defendemos que deje fuera estas posiciones. Pero si una defensa de la sanidad pública no puede abrir sus puertas a los políticos que la agreden, sí tiene que estar abierta necesariamente a los votantes de todos los partidos de una forma transversal. Sería un error que el movimiento cayera en personalismos o intereses de algunas organizaciones. Incluso los partidos que están inequívocamente por la defensa de la sanidad pública no deben instrumentalizar el movimiento.
El primer triunfo importante de la marea blanca andaluza, demostrando una vez más que una respuesta masiva en la calle de usuarias y profesionales es el camino, no son las dimisiones de algunos gestores, sino el haber conseguido echar atrás una ley que priorizaba lo económico sobre lo asistencial, continuando por el camino de los recortes.
Para que la movilización por la sanidad pública continúe es necesario establecer otros objetivos concretos, entre los que deberían estar: el reforzamiento de la plantilla y la recuperación de las plazas amortizadas, la equiparación de los índices de profesionales por habitantes con otras comunidades, el cese de los contratos basura que han llevado a la precariedad y la pérdida de derechos, la reapertura de centros de salud y servicios de urgencia cerrados, la habilitación de quirófanos y consultas en la sanidad pública que evite la contratación sistemática con empresas privadas, la apertura de hospitales como el de Morón o el antiguo Hospital Militar, la transparencia en los objetivos exigidos a los profesionales eliminando los que van en detrimento de la calidad asistencial (como las restricciones a derivaciones a especialistas), la publicidad de las listas de espera para evitar su manipulación, el fin del repago de medicamentos y la revisión de los servicios de urgencias, de atención geriátrica y de salud mental.
