La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, durante más de cinco años, se ha convertido en un ejemplo de lucha, de unión popular, de constancia y responsabilidad ciudadana para evitar una pesadilla minera, un futuro distópico y una contaminación irreversible alrededor de una ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Recién comenzado el 2017, en pleno invierno, mi hijo que sube a diario a pasear con su perro por la montaña de Cáceres, escucha ruidos de maquinaria justo en el valle de Valdeflores. Al fijarse, observa grúas y excavadoras, piensa que era alguna obra de algún vecino o del Ayuntamiento arreglando caminos públicos. No le dimos importancia. Esos sondeos estuvieron todo el invierno, paralizándose en primavera para evitar molestias en la época de reproducción y cría de la fauna. Pero en verano reanudan de nuevo las obras. Es en el mes de julio cuando en compañía de mi hermano, en una apacible noche de verano, nos acercamos a un lugar del valle iluminado. Era cerca de la una de la madrugada y compruebo con mis propios ojos cómo están realizando un sondeo perforando las entrañas de Valdeflores.
A partir de ese momento, muchos cacereños y cacereñas dan la voz de alarma y se crea un grupo de WhatsApp denominado Plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres. Nos comenzamos a organizar de manera espontánea y voluntaria mediante reuniones, asambleas abiertas y grupos de trabajo, para luchar tanto contra la empresa minera y los políticos de turno que la apoyaban, como contra las administraciones que gestionan los numerosos expedientes, con el único fin de paralizar el proyecto más dañino jamás conocido para nuestra ciudad.
En agosto de 2017 comienzan las denuncias a la Guardia Civil y la Policía Local por obras ilegales que deforestan masivamente la cubierta vegetal de amplias zonas del valle. Nos confirman que cuentan con «licencias de obra menor» (esas que solicitas para tirar un tabique en casa) concedidas por el Ayuntamiento y de dudosa legalidad (ahora con la última sentencia se ha confirmado). Consultamos el plan general municipal (PGM) y comprobamos que se prohíben expresamente actividades extractivas en la zona y que no se permite abrir caminos sin un «estudio de impacto ambiental abreviado» aprobado por la Consejería de Medio Ambiente.
Mi primera intervención pública en el pleno del Ayuntamiento y en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea de Extremadura denunciando formalmente la situación junto con las denuncias anteriores dan como resultado la paralización de las obras el 16 de febrero de 2018 por orden de la sección de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento cacereño, después de un periplo de expedientes administrativos que hacían aguas por todos sitios, bien de forma intencionada y prevaricadora o bien por negligencia profesional.
Así y abreviando, llegamos a los juzgados y tribunales, y podemos comprobar que todas las sentencias y procedimientos judiciales nos han dado la razón, ganando todos. Hoy día, el permiso de investigación «Valdeflórez» que abarca cerca de sesenta y seis hectáreas, donde dicen que está el ansiado litio, está denegado por la Sección de Minas de la Junta de Extremadura y por el Juzgado n.º 1 de Cáceres en sentencia publicada el 21 de diciembre de 2022, donde se rechaza el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la empresa australiana.
Pero es costumbre en Extremadura que, cuando la ley no permite hacer lo que se quiere, a esta se le mete mano. Por lo que el pasado 31 de agosto, justo a punto de terminar el periodo vacacional, la Junta de Extremadura, transgrediendo cualquier tipo de principio social, democrático, participativo y de derecho, retuerce la ley con la publicación en el DOE del Decreto Ley 5/2022, por el que se establecen «medidas urgentes necesarias en la regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura», para poder sacar la mina de litio a la fuerza y continuar más años en este infierno.
El proyecto minero de San José de Valdeflórez, tanto en su versión anterior de mina a cielo abierto como el actual de explotación en galerías, tendría una repercusión nefasta, contaminante y peligrosa no solo en nuestro patrimonio natural, histórico y cultural, sino de manera decisiva sobre la salud de los cacereños y las cacereñas, por la proximidad a la ciudad. Durante estos años han corrido ríos de tinta sobre este asunto, pero en los últimos meses se han dado pasos legislativos muy peligrosos impulsados por el Gobierno de la Junta de Extremadura que podría revertir todo lo conseguido por la plataforma hasta el momento.
Nos creíamos a salvo de la instalación de la mina gracias al rechazo casi unánime del pleno del Ayuntamiento cacereño sobre la solicitud de modificación del PGM presentada en abril de 2018 por la empresa promotora, Tecnología Extremeña del Litio, SL, la ahora llamada Extremadura New Energies, otra empresa pantalla cambiada de nombre para no arrastrar las sanciones y multas de la anterior. Una nueva empresa que lava la imagen de la anterior y compra a políticos, empresarios, clubes deportivos, crea fundaciones benéficas… para ir adentrándose en la sociedad cacereña y conseguir la aceptación del proyecto por la ciudadanía local, aunque este sea ilegal.
Nuestro plan de ordenación urbana recoge expresamente la prohibición de actividades extractivas en este enclave rústico no urbanizable y dotado de altas protecciones medioambientales por su singularidad paisajística, geológica y su gran biodiversidad, además establece una distancia de seguridad mínima para industrias alrededor del casco urbano de al menos dos kilómetros de distancia, lo que hace al proyecto totalmente inviable. Pero toda esta normativa garante de la autonomía local se puede ver cuestionada por la incorporación de «figuras normativas» como los denominados Premia (proyectos empresariales de interés autonómico), donde se declara al litio «bien de interés general». Ya tenemos algunas sonadas experiencias con los PIR (proyectos de interés regional).
La ciudadanía de la comunidad autónoma de Extremadura, y en particular la de Cáceres, sufrimos los errores de nuestras instituciones que aprueban normas contradictorias, vulnerando los derechos fundamentales de la población. La obtención del litio se ha convertido en asunto prioritario para la Junta de Extremadura. Con el litio se van a arreglar todos los problemas de Europa, España y la región, aunque sea a costa de convertir Cáceres en «tierra de sacrificio» al servicio de unos intereses incomprensibles y de un interés general inexistente. ¿Qué está ocurriendo con la implantación del coche eléctrico en nuestro país y en Europa?
Resulta impactante que justifiquen la aprobación de un decreto ley para «cumplir los más exigentes estándares de sostenibilidad ambiental», cuando lo que se pretende es implantar unos usos mineros ignorando los valores medioambientales de los terrenos donde las empresas «han decidido implantarse». El decreto ley se ha aprobado para extender alfombras rojas a las mineras, al margen de la ciudadanía, y el periodo de audiencia e información pública se ha reducido a siete días. Aun así, las ciudadanas cacereñas conseguimos presentar más de 36.155 alegaciones en un espacio de tiempo récord, pero la Junta de Extremadura, en un ejercicio de abuso de poder, desestimó todas en tan solo tres horas y media hábiles, sin ni siquiera entrar a resolver el contenido de las mismas. Esta plataforma, que representa a gran parte de la ciudadanía cacereña, lucha de forma pacífica y civilizada realizando concentraciones, manifestaciones, mesas informativas, reuniones con grupos políticos o representantes de instituciones, y realizando denuncias y alegaciones, demostrando a todas las instituciones y a la empresa minera que Cáceres no quiere una mina dentro de la ciudad y nunca se va a contar con «licencia social» para su instalación.
En el último pleno municipal que trató el tema de la mina, distintos medios entrevistaron a las portavocías de los grupos políticos y la mayoría se puso de perfil alegando no conocer la existencia del proyecto. Si bien es cierto que el nuevo proyecto de explotación no se conoce, no es menos cierto que el proyecto inicial la empresa lo registró en la Dirección General de Sostenibilidad de la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura el pasado día 28 de septiembre, por lo que se está tramitando un documento de alcance que refleje las posibles afecciones que se producirían en las distintas localizaciones e instalaciones de la mina, sobre todo las consecuencias de la contaminante planta de tratamiento del mineral. Este proyecto inicial que hemos estudiado con detenimiento comporta riesgos graves no solo al patrimonio natural —a nuestro aire y nuestra agua, al Patrimonio de la Humanidad representado en nuestra parte antigua y en la muralla almohade—, sino, sobre todo, a lo más importante: a la salud de todas. Ha llegado el momento de ser transparentes y reflejar de manera escrita, dentro de los programas electorales de los distintos grupos políticos, quiénes van a ser partidarias de este proyecto y quiénes no cuando salgan elegidas en las próximas elecciones. Si se va a apoyar a esta empresa australiana —y a su CEO investigado por la mayor estafa de dinero público y corrupción en la comunidad de Murcia— o se va a proteger el interés general del pueblo cacereño en el que está depositada la soberanía, el sistema democrático y sobre el que recaerán las terribles consecuencias durante décadas. ¡Ha llegado el momento de la verdad! De momento, David gana a Goliath.
